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El Estado nacional -según algunos medios, por “recomendación” del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)-, extendió a Eurnekian la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 hasta 2038. La ampliación del contrato se da 8 años antes del vencimiento bajo la excusa de supuestas pérdidas para el holding “Corporación América”, que opera en Argentina 33 aeropuertos y otros 20 en otros países. En el gobierno de Macri, a fines del 2017, se le había extendido la concesión hasta 2028.
Según trascendió, en el anexo que acompaña el decreto, AA2000 expuso que concluiría 2020 con un resultado negativo del orden de los 2.866 millones de pesos y estima que recién se recuperará en 2022. También se indica que Eurnekian se compromete a invertir 132 millones de dólares entre lo que queda de este año y 2021 para la finalización de obras en curso; principalmente, la ampliación de la cabecera norte de aeroparque, y que el año próximo buscará financiamiento por casi 210 millones de dólares para impulsar “otros proyectos en la concesión”.
Eurnekian señaló que la pandemia hizo que “la compañía pasara por emociones impensadas en estos meses, donde nadie contempló un año sin tráfico aéreo”. La excusa parece perfecta.
El gobierno nacional busca compensar a los capitalistas que sufrieron “emociones inesperadas”, en este caso, mediante la renegociación del contrato de los principales aeropuertos del país. A los cuatro millones y medio de nuevos desocupados, en cambio, el gobierno les ha cortado hasta la IFE.
Pero Eurnekian no solo hace negocios con el gobierno nacional. El gobierno de Larreta y el ORSNA le dejaron en bandeja la ampliación de toda la costa frente a aeroparque para instalar cocheras subterráneas y complejos gastronómicos que operarían entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y AA2000. La ampliación de la línea costera esto es “ganarle terreno al río” al día de hoy no cuenta con ningún estudio de impacto ambiental, a pesar de que las obras están a punto de finalizar.
Eurnekian fue inmensamente compensado por los distintos gobiernos mediante la condonación de deudas por falta de pago de los cánones que figuraban en los acuerdos y en “compensación” se procedía a incorporar al estado como parte accionaria del negocio. El magnate se asegura con esta extensión del contrato, una operación casi sin fecha de vencimiento con independencia de la coalición que dirija el gobierno. La desconfianza en los Fernández por parte de la burguesía nacional, y que eventualmente resulte en un cambio de frente, exige una transición ordenada para los negocios de los capitalistas.
Una vez más, el gobierno intenta rescatar a una clase parasitaria mediante subsidios de todo tipo y extensiones de contratos bajo los cuales habilitará nuevos tarifazos en este caso al transporte aéreo. Toda la burguesía está reclamando un tarifazo general – es lo que exigen las compañías de energía. El sostenimiento de los subsidios se encuentra en oposición a destinar todas las reservas al pago de la deuda pero una liberación de tarifas coloca al gobierno en el “peligro” de un levantamiento popular.
