Uruguay: el “liberal” Lacalle Pou hace votar el estado de sitio

Escribe Julián Asiner

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Hasta hace algunos meses Uruguay era presentado como un “modelo a seguir” por los medios de comunicación, ya que parecía haber podido controlar al Covid sin dictar una cuarentena obligatoria. En las últimas semanas, el modelo se fue al tacho. El sábado pasado Uruguay llegó a su récord de contagios, con 610 nuevos casos y 4441 activos. El gobierno “liberal” de Lacalle Pou envió entonces una ley al Parlamento para restringir el artículo 38 de la Constitución, violentando el derecho a reunión por 60 días -prorrogable por 30 más.

Lacalle Pou no es único de los liberales que tuvieron que cambiar de repertorio al calor de la pandemia, pero sí el que impone un estado de sitio. El inglés Boris Johnson, mentor de la famosa “inmunidad de rebaño”, debió imponer medidas de confinamiento estricto apenas se expandió la pandemia y lo ha reforzado ante la aparición de una nueva cepa del virus, que podría ser un 70% más contagiosa. Ya se encontraron casos de esta nueva cepa en Dinamarca, Holanda y Australia. El caso más dramático es Suecia, donde la política de ‘rebaño’ se mantuvo largamente en el tiempo, y enfrenta ahora una difusión extraordinaria de infecciones y fallecimientos, al punto que el rey sueco fue a la televisión a denunciar al gobierno.

Lacalle Pou ha decidido ‘innovar’, mediante un estado de sitio votado por la Asamblea Nacional, que va más lejos del que adoptan algunos gobiernos en forma excepcional, porque en este caso implica la reglamentación del derecho constitucional de reunión. Aprobada la ley, la detención de personas queda afuera del poder judicial. Naturalmente, la coalición derechista que gobierna Uruguay justificó la suspensión del derecho de reunión como parte de las medidas frente al ascenso de casos, junto al cierre de fronteras y la suspensión del Carnaval.

Sin embargo, no se pueden asemejar las necesarias barreras sanitarias que impone la circulación del virus con el conculcamiento de las libertades políticas. Se priva al pueblo uruguayo de la posibilidad de protestar contra el manejo de las medidas de excepción que adopte el gobierno. Cuando, en Argentina, varios gobernadores reclamaron que la cuarentena fuera acompañada del estado de sitio, Política Obrera inició una campaña de oposición. Con la ley del liberal Lacalle, un barrio popular no podría deliberar y movilizarse contra los atropellos policiales en aplicación del confinamiento, o siquiera plantear alternativas a él en las condiciones de hacinamiento de esos barrios. La intendenta de Montevideo, del Frente Amplio, y del Partido Comunista (PC) apoyó el atropello liberal. Manini Ríos, el general retirado fascista que integra la coalición gobernante, le dio también un apoyo enfervorizado.

La experiencia del tratamiento de la pandemia muestra que los gobiernos y las empresas aprovecharon la catástrofe sanitaria para avanzar sobre conquistas históricas de las masas, arrasando salarios, jubilaciones y convenios laborales. Estos atropellos no son prohibidos por la suspensión del derecho de reunión, pero sí las asambleas para combatirlos. El color clasista del cercenamiento de los derechos constitucionales es evidente. El estado de sitio no apunta al virus, sino a combatir la capacidad de organización y lucha de los trabajadores.

El Frente Amplio (FA) votó en contra de la restricción al derecho a reunión pero su oposición no pasó de las palabras. Al respaldar a Lacalle Pou, la intendenta de Montevideo tuiteó: “Total apoyo a las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo. Precisamos más que nunca unidad”. Tras ser vapuleada por sus propios militantes debió aclarar: “debemos ser MUY cuidadosos/as con temas profundos de la Democracia”. EL PIT-CNT, la central obrera controlada por el PC y el FA, ha mantenido luna de miel con el gobierno y dejó pasar sin luchar todos sus embates sobre los trabajadores, desde mucho antes de esta ley.

En efecto, el agravamiento de la pandemia en Uruguay corre en paralelo al de la crisis social. Al aumento del dólar, le siguieron los alimentos y un incremento del 10% que el gobierno fijó a las tarifas. En los barrios florecen las ollas populares ante el crecimiento de la desocupación y el hambre. El presupuesto votado en estos días ajusta los salarios en el Estado y las partidas de vivienda, salud y educación, mientras exonera de impuestos a los terratenientes y abre paso a la privatización de ANCAP. El gobierno viene de lograr la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que avanza con una reforma previsional a gusto del FMI, habilita desalojos contra inquilinos y dispone medidas represivas contra los piquetes y el derecho a huelga. El FA, que votó a favor de la mitad del articulado, propuso luego un referéndum contra la LUC, pero salvando los puntos más sensibles contra los jubilados.

El desmadre pandémico y los ataques a las masas plantean un gran desafío.

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