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Con el comienzo del 2021, se puso en marcha la Prestación Básica Universal (PBU) para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que apunta a “favorecer la universalización del acceso entre los sectores con menores ingresos y la población vulnerables” (Infobae, 01/01).
El PBU establece una serie de planes con precios “cuidados” para los usuarios con menores ingresos. Según el gobierno, cubriría a 10 millones de usuarios, aunque no a docentes ni tampoco a la totalidad de los estudiantes.
Las empresas prestadoras de servicios denuncian que las prestaciones del plan no fueron definidas de común acuerdo. Al mismo tiempo, denuncian que los aumentos propuestos por el gobierno (que ronda el 5%) no alcanza para cubrir la brecha entre costos y servicios, que marcan en un 20%. Este reclamo se ha convertido en una constante del conjunto de las patronales, que al igual que las alimenticias recriminan que no se les permita liberar los precios a su criterio.
El descontento es general en las patronales del rubro, aunque esto esconde algo elemental, que las tarifas existentes no tienen correlato con el servicio que se presta a los usuarios. Incluso, al revisar los planes del PBU, rápidamente se llega a la conclusión que son servicios insuficientes para desarrollar cualquier actividad, ya sea laboral, educativa o de ocio. Por caso, el internet será brindado (dependiendo de la empresa) entre los 2 Mbps y los 10 Mbps, en el caso del AMBA. Los valores oscilan entre los $600 y los $700. Ariel Lorenzo, dueño de Loganet, asegura que “a los nuevos planes no les encuentro la lógica: 2 megas en una casa no sirven para nada, será un servicio saturado todo el día” (Infobae, 19/12).
En el caso de la telefonía móvil, el principal servicio utilizado son los datos, existe una única oferta de un 1GB por mes con un valor de $200 y que solo puede ser contratado si previamente se contrata el plan básico de $150. La otra opción es pagar $18 por día a cambio de una carga de 50MB diarios. Cualquiera sabe que de esa manera resulta imposible realizar cualquier tarea que demande el uso de internet. El gobierno conoce los límites de esta política, que lleva a que los docentes y estudiantes que quieran continuar estudiando y trabajando deban contratar los planes sin precios “cuidados”.
Por otro lado, las patronales pretenden hacer pagar los aumentos salariales a los consumidores. Lo expresan claramente al señalar que “el sindicato pide 35% y a nosotros el Gobierno nos dan 5 por ciento” (ídem).
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