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La polémica desatada en el Concejo Deliberante ha operado como una cortina de humo de lo que es un sablazo más al salario y las jubilaciones, con un boleto de colectivo que alcanza los casi $40 para la tarifa plana.
El intendente Hector Gay, que viene de obtener el 50% de los votos en las últimas elecciones, evitó sacar por decreto el boletazo a falta de quorum por parte de la oposición en el Concejo Deliberante. Prefirió tirar por los aires “institucionalidad” del Concejo poniéndole un suplente a la concejal que rompió con él hace un tiempo (que tiene su monobloque) y planteando de aquí en más una mayoría “automática” cada vez que la oposición no de quorum. Tampoco quiso arriesgar a esperar los montos de subsidios para las empresas por parte del gobierno provincial que afronta una crisis de deuda monumental. Que los trabajadores paguen el boletazo es la vía rápida y segura, incluso con una “cláusula gatillo” para junio que no tiene ningún salario.
El día de la tragicómica sesión algunos concejales de la oposició n amenazaron con impugnar la sesión en la justicia, planteo que se fue desmantelando con el tiempo. Los planteos “alternativos” que hizo el Frente de Todos, que partían de la base que “es fundamental que las empresas puedan afrontar los incrementos de costos” eran todos del gusto de Gay, salvo el de congelar el aumento del boleto por solo 60 días (los 180 originales quedaron en el olvido).
Los concejales del Frente de Todos se muestran escandalizados con Gay mientras los oficialistas replican que estarían habilitados por la Ley Orgánica de las municipalidades. De más esta decir que la maniobra no es nueva y tampoco obra intelectual de los laderos de Gay sino del peronismo. Los que se quejan del “atropello institucional” son víctimas de su propia moneda y de un Estado puesto al servicio de los capitalistas cuya funcionalidad es la única que cuenta en definitiva, rompiendo constantemente sus propias normas y costumbres de ser necesario.
El sistema de transporte público ha llegado a un punto inviable de funcionamiento porque se aparta de su principal función que es la de permitir la movilidad a trabajadores y jóvenes, la cual supone una tarifa accesible y recorridos que abarquen todas las barriadas. El boleto gratuito para la educación debe garantizar la universalidad de este derecho, pero pese a existir una ley provincial y una ordenanza municipal no se aplica. Este cuadro plantea que el servicio que hoy tiene una gestión privada con subsidios millonarios de todos los niveles Estatales debería ser en primer lugar municipalizado y puesto a funcionar bajo el control de los trabajadores y usuarios.
Organicemos la movilización por el rechazo y la lucha contra todos los boletazos confiscatorios, una lucha que se suma a la de las paritarias libres y sin techo, con asambleas en todos los lugares de trabajo y estudio.
