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Salta, como YPF y una decena de provincias, se encuentra en default. Debe 390 millones de dólares y no puede pagar el vencimiento del cupón de este año, 100 millones de dólares. Los acreedores no aceptan los términos que ofrece el gobernador para salir del impasse y el Banco Central no lo autoriza a cambiar la oferta. Esto pone en crisis el financiamiento del Presupuesto de la provincia. Adelantemos entonces las elecciones, aunque nadie podrá asumir hasta diciembre, y después tendremos las manos libres para desechar las presiones del gobierno nacional, por un lado, y el descontento popular, por el otro. El llamado electoral lo hace el fondo norteamericano BlackRock.
El 85% de esos recursos del Tesoro de Salta provienen del Estado nacional. En todo el 2020, Alberto Fernández financió a Sáenz a cambio del hipotecamiento de la coparticipación federal, regalías y/u otros recursos, derechos y bienes. Esta deuda con Nación ha sido destinada al pago de los vencimientos de deuda. En segundo lugar, el armado político de Sáenz es un conjunto de retazos, con el Frente de Todos adentro, pero su jefe, Sergio Leavy, no acompaña el adelantamiento. El caudillo del PJ, Santiago Godoy rechaza seguir al gobernador (FM Aries, 5/8/2020). Sáenz es un saltabanco que se inició con Massa y Macri. Ahora se ha convertido en el jamón del sandwich entre AF y los fondos internacionales. Mendoza, Neuquén y, la semana pasada, Córdoba, arreglaron con los acreedores en los términos impuestos por estos, en contravención a la posición de los Fernández y Guzmán. La legislatura votó suspender las PASO, en oposición a la línea nacional de la Cámpora, que reclama la doble vuelta electoral.
Los tarifazos que ha impuesto Sáenz –natural para pagar la deuda– han generado un descontento entre los trabajadores. El aumento del 22% de la luz y 30% en el transporte, beneficia a las patronales, pero aumenta también la recaudación del gobierno para pagar la deuda usuraria. En el NOA, la carestía supera el 40 por ciento. Los reclamos por la falta de agua crecen mientras se prepara otro tarifazo en el servicio. Las movilizaciones contra el desguace de los hospitales atraviesan la provincia mientras los casos van en aumento con 22 mil contagios y más de 1.000 fallecidos. Parar este ataque mediante la lucha y la huelga general se convierte en una necesidad apremiante.
La convocatoria a elecciones para el 4 de julio próximo no es un acto democrático sino una imposición por decreto. Contraría la lucha contra la pandemia sin motivo válido, porque, de nuevo, la asunción de autoridades sería a fines de noviembre. Planteamos, antes que nada, un repudio a esta arbitrariedad política y denunciamos la responsabilidad de la legislatura, que conocía este propósito cuando derogó las PASO. Denunciamos que el adelantamiento responde al propósito de servir a los fondos internacionales, para llegar al arreglo en los términos de ellos, después de las elecciones.
Esta tarea de esclarecimiento es fundamental para delimitar las posiciones políticas de cada partido antes de entrar en cualquier campaña electoral.
