La Sociedad Argentina de Pediatría y un documento hostil a la educación

Escribe Damián Melcer

Tiempo de lectura: 5 minutos

En medio del crecimiento sostenido de contagios y muertes por COVID-19 la Argentina discute la vuelta a clases. Entre los gobiernos nacionales y provinciales, incluida la Ciudad de Buenos Aires no hay grieta en este punto.

En este marco la Sociedad Argentina de Pediatría (S.A.P.) elaboró un documento de más de 40 páginas, cuyo objetivo es “brindar pautas para el regreso a la escuela en el 2021”. Allí afirma que existe una “gran controversia en relación a la posibilidad de transmisión por parte de los niños” (p.4). Ignorando de este modo diversos estudios sobre políticas de “intervenciones no farmacéuticas” (NPI, por su sigla en inglés) que ponen de relieve que “el cierre de escuelas, el cierre del lugar de trabajo… los requisitos para quedarse en casa y los límites de movimiento interno, están asociados con una transmisión reducida del SARS-CoV-2” (The Lancet, 22 de octubre de 2020). Otro estudio concluye que “el cierre de la escuela se asoció con una disminución significativa en la incidencia de COVID-19 y la mortalidad.” (JAMA Network, 29 de julio de 2020) o que “cerrar todas las instituciones educativas, limitar las reuniones a 10 personas o menos y cerrar negocios cara a cara redujo considerablemente la transmisión.” (Science, 15 de diciembre de 2020).

Una declaración sin principios

Para la “sociedad de pediatras” se trata de impartir políticas sobre el COVID-19 que tengan “como objetivo mitigar, no eliminar, el riesgo.” (p. 5) Se desprende del documento que las y los docentes debemos enseñar a los NNyA a convivir con el virus, las escuelas “independientemente del nivel de riesgo...” deben ser espacio para la enseñanza del “uso correcto y constante de mascarillas, el acatamiento al distanciamiento social en la medida de lo posible, la higiene respiratoria y de manos, la desinfección y la limpieza y el rastreo de contactos…” (p. 7).

El cuidado de la salud queda como tarea de la enseñanza y del aprendizaje. El documento ignora las condiciones de existencia de las familias, las condiciones de trabajo del personal docente y fundamentalmente las paupérrimas condiciones edilicias de los establecimientos educativos. Basta recordar que sólo el 1% del presupuesto educativo se ha invertido en infraestructura y equipamiento escolar. ¿Es acaso en estos gobiernos en quienes debemos depositar nuestra confianza los y las docentes para que ofrezcan un “un plan de revisión y adecuación de las instalaciones…”, como indica el documento, siendo que no lo hicieron en todo el 2020?

Convierten a la educación en instrumental, para un supuesto cuidado de la salud individual (de cada estudiante y de cada familia), ignorando el contenido social de la práctica educativa. Es un paso más en la desvalorización de la enseñanza.

Criterios para la apertura

El documento sugiere implementar 3 indicadores, “2 medidas de indicadores de carga de enfermedad en la comunidad (casos nuevos cada 100.000 habitantes cada 14 días y porcentaje de pruebas PCR positivas) y una medida de autoevaluación acerca de la implementación escolar de estrategias clave de mitigación.” (p. 6). Propone medidas de PCR en un país que carece de una política de testeo masivo y de seguimiento de contactos estrechos, quizás por eso, y exculpando a los gobiernos, afirma que no es condición fundamental utilizar los dos primeros indicadores. ¿Qué queda entonces? Que puede no requerirse el testeo masivo si se cuenta con los indicadores de carga de enfermedad comunitaria.

Al proponer que “cada jurisdicción deba decidir cuáles son los indicadores más apropiados” para tomar la decisión de “abrir, cerrar o reabrir escuelas”, el documento colabora en el proceso de descentralización de las políticas educativas cuyo eslabón final se puede apreciar en el documento “a las aulas” del ministerio de educación nacional que insta a los equipos directivos a reorganizar las condiciones de dictado de clases.

Sobre el transporte público y/o escolar la SAP sugiere “escalonar los horarios de transporte de estudiantes, docentes y personal no docente” separando el horario de ingreso del nivel secundario “…del comienzo de la escuela primaria y, en parte, del pico relacionado con el transporte laboral.” Al no proponer qué organismo debe asumir esta organización el documento se coloca en el terreno de las indicaciones emanadas desde el ministerio de educación de la nación, del de CABA y otras jurisdicciones que instan a que sean los equipos de conducción de los establecimientos escolares quienes organicen la llegada y la salida de estudiantes de los establecimientos. ¿Cómo harán las familias con hijos que cursan en ambos niveles?

El rol objetivo de la S.A.P.

Para la S.A.P. la tarea de los docentes “…con los educandos y sus familias es esencial” (p. 43), de modo que se coloca del lado de quienes exigen condicionar a la docencia. El documento de la sociedad de pediatría se suma así al conjunto de voces que operan por la apertura de los colegios porque, en definitiva, la escuela “es también un sitio seguro para los NNyA mientras sus padres trabajan” así pueden contribuir “a la actividad económica de la sociedad”. La acumulación y reproducción del capital requiere de los NNyA en las escuelas. Los mercados financieros internacionales exigen que la normalidad, del capital, sea la regla. El costo de esto serán la vida de estudiantes y docentes.

La difusa “comunidad educativa” se puede valer de este documento para profundizar su presión sobre la docencia y la exigencia de clases presenciales. Muchas familias, agobiadas por el desconcierto y la incertidumbre (de sus propias condiciones laborales o de teletrabajo y la de las restricciones de los vínculos sociales de sus hijos), encuentran en la presencialidad la manera de dejar a resguardo la socialización de sus hijos e hijas. Pero no hay condiciones para garantizar la salud y la vida misma de los trabajadores de la educación y de los estudiantes de todos los niveles, quienes ni siquiera están al día de hoy en un plan cierto de vacunación. La vuelta a las aulas tiene la finalidad instrumental de promover el lucro capitalista, no el beneficio de la enseñanza ni del cuidado de la vida.

La incertidumbre que se ha generado en torno a la vuelta a clases funciona, tal como lo hace el ritmo inflacionario sostenido sobre los ingresos familiares, como un elemento disgregante en la vida cotidiana despertando desesperación y hartazgo. La incertidumbre es, también, resultado de la desorganización e improvisación en las que están envueltos las jurisdicciones, las provincias y el Estado nacional quienes, siguiendo el ritmo de las metas económicas, dejan a las vidas libradas a la suerte. En estas condiciones de disgregación se monta un discurso contra la docencia que, en definitiva, es el único sujeto capaz de unificar sus fuerzas en una lucha por todas sus reivindicaciones.

La docencia de todos los niveles debe promover un plan para centralizar los criterios epidemiológicos a los fines de garantizar la salud y la vida. Establecer un plan de emergencia que centralice los recursos financieros y de políticas educativas. Un salario igual a la canasta familiar, esencial para una vida sana y la elaboración de un plan de propuestas recreativas a los fines de planificar la vida en pandemia. Por un plan que organice el ocio de la población de NNyA. El Estado debe garantizar la existencia de licencias pagas a quienes deban quedarse a cargo de NNyA en etapa escolar. La incompatibilidad no es de los recursos disponibles sino del régimen social capitalista con la vida misma.

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