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En medio del recrudecimiento de contagios y muertes a causa del coronavirus y de la aparición de una nueva cepa en el estado de Amazonas, tanto el gobierno de Bolsonaro como muchos de los gobernadores e intendentes de Brasil han resuelto, de cualquier manera, dar inicio al ciclo lectivo con clases presenciales para los primeros días de febrero. Trece estados del país ya fijaron fecha de regreso a las escuelas, mientras que otros 13 aún no decidieron si las clases serán virtuales o presenciales. En el caso del estado de Roraima, aún no se definió la modalidad. Esto ha sido respondido por los docentes con huelgas en los principales estados del país.
San Pablo
El gobernador de San Pablo, João Doria, del PSDB, es uno de los que propician el regreso de los chicos a las escuelas, a pesar de que el estado se encuentra en ´fase naranja´ y muchos municipios incluso en fase roja, volviendo a tomar medidas restrictivas. En el caso de San Pablo, el presidente del tribunal de Justicia dejó sin efecto este viernes 29 un mandato judicial que impedía la vuelta a clases, dictando la obligación de los padres de llevar a sus hijos a la escuela “bajo pena de ser responsabilizados en la justicia” (Portal Terra, 29/1). Un día antes, debido al agravamiento de la pandemia, la jueza Simone Gomes Rodrigues Casoretti había suspendido el decreto del gobernador Doria, de diciembre pasado, que autorizaba el retorno a las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas. La decisión de la jueza fue en respuesta a una acción civil pública impulsada por los sindicatos docentes FEPESP y APEOESP, CPP y AFUSE.
Frente a este nuevo atropello a la salud y a la vida, el sindicato de profesores de las escuelas públicas de San Pablo (APEOESP) votó en asamblea el inicio de la huelga y el no inicio de clases presenciales hasta que todos los docentes estén vacunados. Hasta el momento, no existe ningún plan en el Ministerio de Salud para priorizar a los docentes en la primera etapa de la inmunización. El FEPESP -sindicato de docentes de escuelas privadas-, asimismo, está discutiendo qué medidas de resistencia impulsará frente al inminente reinicio, aunque en principio es favorable a la presenciabilidad si a los docentes se los habilitan para intervenir en el control o fiscalización sobre el cumplimiento de los protocolos. “Queremos discutir las condiciones efectivas de cumplimiento de los protocolos establecidos en el decreto gubernamental” (comunicado sindical del 29/1). Algo que, a renglón seguido, el propio dirigente de la FEPESP Celso Napolitano muestra ser casi imposible de llevar a la práctica, ya que como "los docentes (de las escuelas privadas) corren riesgos de ser despedidos, tienen menos condiciones de denunciar el incumplimiento de los protocolos en las escuelas". Por el contrario, el retorno a clases presenciales fue festejado por Benjamin Ribeiro, presidente de la asociación que representa a los establecimientos educativos privados de élite, que ve en esta medida criminal un restablecimiento del negocio altamente lucrativo de la enseñanza privada, después de meses de paralización. En varios países de Europa, la mutación del nuevo coronavirus llevó a la suspensión del regreso a las aulas. “Especialistas ven grandes chances de transmisión mayor con el aumento de la circulación de la comunidad escolar, incluyendo profesores, funcionarios y familias de los alumnos.” (ibídem).
Río de Janeiro, docentes y choferes
En asamblea virtual realizada el viernes 29 de enero, el Sindicato de Profesores de Educación de Rio de Janeiro (SEPE) de la red estadual (provincial) decidió, por 89% de votos a favor, iniciar la “huelga por la vida” contra la decisión del gobernador interino Claudio Castro (el gobernador Wilson Witzel está preso por corrupción) de retornar a las clases presenciales. Al igual que los docentes paulistas, votaron retornar a las escuelas solamente cuando todos hayan recibido la vacuna. Al día siguiente (30/1), la asamblea de los profesores de la red municipal de enseñanza también votó por la huelga. El comunicado del SEPE sostiene “la posición contraria a la vuelta del trabajo presencial en las unidades escolares como forma de resguardar la salud de los profesores, de los alumnos y de la población en general”. Una nueva asamblea fue convocada para el próximo 11 de febrero. El sindicato denunció como criminal el retorno presencial cuando hay una "segunda ola de pico de contagios y muertes".
Los choferes de ómnibus de la BRT, que transporta alrededor de 170 mil trabajadores diariamente (antes de la pandemia eran 340 mil pasajeros), y uno de los gremios más castigados por el covid, con decenas de choferes contagiados y muertos, entraron en huelga desde la mañana del lunes 1 de febrero por el atraso en el cobro de sus salarios. Los choferes del transporte público de Rio de Janeiro fueron incluidos en la categoría de trabajadores esenciales, pero esto no les garantizó cobrar sus salarios en tiempo y forma. El recientemente electo intendente de la capital carioca, Eduardo Paes (DEM), salió a atacar los choferes huelguistas por ´perjudicar a la población´, en rescate del consorcio capitalista que administra estas líneas de transporte, únicas responsables de la crisis que atraviesa. La empresa propuso al gobierno municipal resolver la situación poniendo menos unidades en la calle, recortando horas de la jornada laboral y bajando los salarios de sus empleados. Una excelente oportunidad para que los trabajadores pidan la apertura de los libros de la empresa. Desde la madrugada del lunes, los huelguistas organizaron piquetes en todas las cabeceras para impedir la salida de las unidades conducidas por personal jerárquico y rompehuelgas.
Frente a un cuadro de catástrofe humanitaria provocada por la pandemia que ha llevado al Brasil a ser el segundo país en cantidad absoluta de muertes y el tercero en cantidad de contagiados, detrás de Estados Unidos e India, la política de sabotaje criminal por parte del gobierno de Bolsonaro a las medidas sanitarias y sociales más elementales de prevención y combate al covid-19, fue la gran responsable de la barbarie actual. Los docentes, trabajadores de la salud y el conjunto de los trabajadores en plena actividad en pandemia han colocado la huelga general en la agenda para ponerle fin a este gobierno genocida, disponer las medidas y protocolos necesarios para preservar la salud y la vida de la población y enfrentar como clase independiente frente al Estado y a las patronales y gobiernos "aperturistas" a la peste del siglo XXI.
