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El gobernador Sáenz acaba de convocar a sesiones extraordinarias de la legislatura para que vote la reforma parcial de la constitución provincial. Coincidirá, el 4 de julio, con la elección de cargos legislativos provinciales y municipales.
Los mentideros políticos señalan que la medida busca ampliar la cantidad de cargos remunerados a repartir, para mejor alinear la tropa oficialista, en la que revisten macristas, peronistas y kirchneristas. La eliminación de la PASO provinciales amenaza con provocar una diáspora en todos los partidos del régimen. La facción urtubeysta del PJ pugnó por el llamado a internas, para elegir los candidatos, pero el sector de Sáenz, que los elija la comisión de acción política, la que elija los candidatos, para integrarlos al frente de gobierno. Ante el revés, Pablo Kosiner, el segundo de Urtubey, renunció a la presidencia del consejo del PJ.
Blindaje
La reforma de la constitución provincial fue cajoneada el año pasado debido a la pandemia, y se retoma ahora cuando los casos de covid comienzan a crecer nuevamente y el sistema de salud se encuentra en peores condiciones que el año pasado.
La reforma viene a responder a una crisis del régimen político. Busca limitar a dos mandatos la elección de los intendentes; subir de dos a cuatro años la de concejales; y elevar drásticamente el mínimo de votos necesario para ser electo, lo que es un golpe directo al ingreso de minorías en los concejos. El argumento oficial sostiene que la reforma acabará con la corrupción, que tiene por protagonista a los intendentes. Propone subir el piso para que un poblado se pueda constituir en municipio y reformar la Auditoria General de la Provincia, encargada de supervisar las cuentas municipales.
Sáenz ha aumentado, en acuerdo con Urtubey, el número de miembros de la Corte de 7 a 9, y buscará establecer el carácter vitalicio de sus cargos -hasta ahora se eligen cada 6 años.
Otro aspecto en discusión es establecer un poder legislativo unicameral, pero aumentando el piso actual del 5% de los votos emitidos para entrar en reparto de cargos bajo el sistema D’hont. Otro artilugio contra el ingreso de minorías.
La agenda de los trabajadores
A diferencia de lo que pasó con el adelantamiento electoral, la intentona de reforma constitucional no ha recibido críticas del establishment político. Nadie quiere contrariar la consigna de la “transparencia” y la reducción de “los costos de la política”, a la hora de participar en la elección simultánea de diputados y gobernador. Por ahora nadie pierde nada, sin embargo, porque la reforma entrará en vigencia para las elecciones de 2023. Sáenz quiere superar el virtual sistema de partido único que rigió con el romerismo, primero, y con Urtubey, más tarde, a medida que se desintegró el partido Renovador, que habían formado los militares. Con la constituyente parcial, Sáenz busca reforzar su posición para cuando ceda ante las exigencias que le han impuesto los bonistas, frente a los vencimientos de deuda externa que se encuentran impagos. Estamos ante la asamblea reformadora de los BlackRock, que no vería nada mal que se encumbre una jefatura política única, para la cual el financiamiento usurario es su método de gobierno.
