Justicia por Úrsula Bahillo: el Estado es femicida

Escribe Ximena Arrece

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El día lunes 8 de febrero, Úrsula Bahillo fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la policía Bonaerense de San Nicolás. La víctima, de 18 años, había realizado más de una decena de denuncias y durante el sábado y el domingo había intentado realizar una más, pero no fue atendida bajo la excusa de que era fin de semana.

El cuerpo de Úrsula fue encontrado por la policía- tras la denuncia del tío de Martínez, a quién llamó diciéndole que se había “mandado una cagada”- en un paraje rural a pocos kilómetros de la localidad de Rojas, donde residía la joven. Fue asesinada a puñaladas, y la cuchilla ensangrentada fue encontrada en el auto del victimario, a pocos metros del lugar del crimen.

Al trascender el femicidio, se produjo una pueblada en Rojas, donde los vecinos, familiares y amigos de Úrsula se concentraron frente a la comisaría, denunciando la complicidad policial y su responsabilidad absoluta. La movilización fue brutalmente reprimida, se llevaron 9 personas detenidas (de las cuales 4 eran menores de edad) y una de las amigas recibió un balazo de goma en uno de sus ojos. El Ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, defendió la actuación policial. Además, intentó eximir a la bonaerense de su responsabilidad justificando que Martínez no se encontraba en funciones ya que "tenía licencia por problemas psiquiátricos".

A pesar de los intentos de encubrimiento del Ministro de Seguridad, y el silencio cómplice de la gobernación de Axel Kicillof, la responsabilidad de la policía y la justicia están a la vista. Matías Martínez no sólo tenía una decena de denuncias por parte de Úrsula, sino que trascendió que tiene varias más de otras ex parejas e incluso una denuncia por abuso sexual a una menor, al menos desde el 2017 por lo menos. A pesar de las denuncias, Martínez nunca fue removido de las fuerzas, y su licencia por “carpeta psiquiátrica” terminó siendo solicitada por él mismo, en setiembre de 2020. A pesar de las reiteradas denuncias, a la joven no le concedieron siquiera el botón de pánico. Recién el 1° de febrero la justicia le otorgó la restricción perimetral, que fue violada por Martínez en reiteradas oportunidades. La familia fue a denunciar a la comisaría el no cumplimiento de la perimetral- con pruebas de fotos y testigos- sin conseguir que la Fiscalía, a cargo de Sergio Terrón (titular de la UFI 5 del Departamento Judicial de Junín), ni la Comisaría detuvieran a Martínez. Este mismo fin de semana, volvieron a intentar realizar una denuncia, dado que el acoso y las amenazas continuaron, y no les tomaron la denuncia porque era “fin de semana”. Las informaciones periodísticas señalan que estas últimas denuncias se “filtraron” al asesino a través de sus contactos en la policía, lo que habría precipitado el crimen.

Esta situación no llama la atención. Todas las mujeres víctimas por violencia, y sus familias, pasan por este circuito de impunidad. Las comisarías no toman las denuncias, si lo hacen lo hacen mal, lograr las perimetrales es un verdadero calvario y cuando se consiguen no se hacen cumplir. Cada vez que se cruza palabra con algún funcionario del Estado, así sea de la policía o las fiscalías, es un proceso constante de revictimización y maltratos. Es por ello, que muchas veces las mujeres desisten de continuar las denuncias. El caso de Rojas delata la impostura de la supuesta “política de género” del Estado: Desde el 2018, de la sanción de la Ley Micaela, múltiples decretos de emergencia y la creación de comisarías, fiscalías y hasta del Ministerio de la Mujer, la situación de la violencia contra las mujeres se ha profundizado. Empezamos el 2021 estando a 9 de febrero con un saldo de 44 femicidios en todo el país, uno cada 20 horas. Según el Observatorio Mumalá, el 19% de los femicidas pertenecen a una fuerza de seguridad. La crisis capitalista y la descomposición social han sido un factor agravante en la opresión y violencia a las mujeres. Un Estado que debe asegurar cotidianamente el despojo de los explotados, del derecho al trabajo, a la salud o a la vivienda, tiene enquistado en sus raíces a la opresión a la mujer. Esta situación va a empeorar en manos de ese “Estado responsable”.

La única salida a esta gravísima amenaza a la vida de mujeres, jóvenes y niñas es mediante la organización independiente de la mujer junto a los trabajadores, y la lucha en las calles. Tenemos que debatir en todas las barriadas y lugares de trabajo y estudio cómo enfrentamos la violencia y los femicidios. Juicio y castigo a todos los responsables. Separación de todos implicados y cómplices del crimen y de la represión posterior.

Justicia por Úrsula y todas las compañeras asesinadas. Ni una menos. El Estado es responsable.

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