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La Justicia de Brasil revocó un fallo absolutorio de primera instancia y condenó este lunes al actor Juan Darthés a seis años de prisión por el delito de estupro contra Thelma Fardin. Para la justicia brasileña, estupro es el equivalente de violación, explicó la abogada de la actriz. La denuncia data de 2018 y se refiere a hechos ocurridos en una gira cuando la actriz tenía 16 años y él 45. Mostró, entre muchos agravios, la indefensión en que se encuentran las niñas y adolescentes en las giras artísticas.
Darthés tiene la posibilidad de apelar. Si el fallo quedara firme después de la apelación, como la condena establece un “régimen semiabierto”, el condenado podrá salir del penal durante el día, trabajar, estudiar, seguir su vida normal, y volver solo para dormir.
Tras conocerse la noticia, Fardin y Amnistía Internacional dieron una conferencia de prensa. “Al fin la justicia escucha mi palabra, me cree y creyéndome a mí les cree a muchas otras. Gracias al enorme movimiento de mujeres yo pude hablar, ese movimiento que hoy está siendo tan denostado, gracias a esas redes que se tejieron yo pude romper el silencio"
Martín Arias Duval, abogado ante la justicia argentina, señaló la parcialidad que rigió todo el proceso judicial tanto en Brasil -donde se fugó Darthés para acogerse a los beneficios de su nacionalidad- como en la Argentina: “Thelma fue sometida a nueve pericias. Buscaban la fisura en su testimonio. En cambio, Darthés lo hizo una vez y se negó a declarar. En todo momento se dudó de Thelma”.
La noticia se conoce en la misma semana en que el gobierno de Javier Milei anunció el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, lo que quedaba del desmantelado Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Más allá de la impotencia total para ofrecer alguna solución a las violencias contra las mujeres del Ministerio, cabe recordar que en sus cuatro años de existencia recibió 867.000 consultas.
El martes, las y los trabajadores denunciaron un "vaciamiento total del área” y que “el próximo 30 de junio el 80% de la planta de personal será despedida”.
Milei y la cohorte cavernícola que lo acompaña ha impugnado que las mujeres sufran opresiones propias de su condición en este régimen social y directamente niegan la existencia de la violencia de género. No hace falta teorizar para refutarlos: según el Informe Anual 2023 de la Defensoría del Pueblo de la Nación durante 2023 se registraron 322 víctimas de femicidio confirmadas, una cada 27 horas. El número de muertas aumentó un 11% respecto del año anterior.
Todos los datos coinciden. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema constató 3.884 lesiones (un promedio de 10,6 por día) en 1.428 mujeres (cuatro diarias). El detalle de las agresiones registradas, perpetradas en todos los casos por un varón, en general de la familia, muestra estrangulamiento, fracturas óseas y quemaduras.
El gobierno ha avanzado con mano de hierro hacia el cierre o desfinanciamiento de los programas relacionados con las mujeres y las diversidades sexuales. Congeló el presupuesto ya ínfimo del Programa Acompañar, que otorgaba un salario mínimo por seis meses a mujeres y disidencias víctimas de violencia. Cerró el Programa Registradas, que entre 2021 y 2023 impulsó el “blanqueo” de 34.235 trabajadoras de casas particulares y derogó la doble indemnización por despido para las que trabajan en la informalidad. El proyecto de ley bases que discute el Congreso pretende anular la moratoria que permitió jubilarse a 440.000 mujeres pese a no haber completado los aportes previsionales.
Esta semana el gobierno también decidió cerrar los 110 Centros de Acceso a la Justicia, ubicados en pequeñas localidades o barrios pauperizados de todo el país. Atendidos por administrativos, trabajadores sociales, abogados y psicólogos, los CAJ eran uno de los lugares a los que solían acudir las mujeres con problemas de violencia, desalojos, despidos. Entre enero de 2020 y octubre 2023 habían atendido 623 mil consultas ciudadanas.
Aparentemente, el Poder Ejecutivo mantendría la Línea 144 pero solo un turno, cuando ahora atiende 24 horas los 365 días del año. Es una decisión literalmente criminal. De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en la Argentina, sólo el 37,4% de las mujeres de 18 a 69 años que sufrieron situaciones de violencia por parte de su pareja se animaron a denunciar. El cierre o achicamiento de la línea más conocida que recibe denuncias es prácticamente dar patente de corso a la violencia.
En línea con el Ejecutivo, los jueces también están sacando brillo a las togas del Opus Dei. Edmundo Rabbione, el que lleva la causa por el ataque a cuatro mujeres lesbianas en Barracas, en el que murieron tres de ellas, consideró que el asesinato no configura femicidio. Más claro: no incluyó el agravante por “odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión” aunque el asesino se hartó de gritar que las mataría por ser lesbianas.
La osadía de Thelma Fardin abrió las compuertas de una multitud de mujeres que se animaron a denunciar abusos propios o de sus hijas. El respaldo del movimiento de mujeres fue decisivo para que evitar que, como tantos otros, quedaran en el olvido.
Javier Milei, un violento estructural, que suele apelar a la paidofilia cuando rebusca en su cerebro una metáfora, que describe relamiéndose niños envaselinados, es un enemigo implacable de las mujeres.
Viceversa, las mujeres trabajadoras somos y seremos sus enemigas implacables.
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