Escribe Olga Cristóbal
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El domingo a la madrugada murió Andrea Amarante (42), la tercera víctima del incendio intencional con el que Justo Fernando Barrientos se propuso matar a las cuatro mujeres que vivían en el mismo conventillo que él, en Barracas, porque eran lesbianas.
Durante meses, Barrientos las había hostilizado -"engendros", "tortas”, “gordas sucias"- y amenazado de muerte. Cumplió. Cuando provocó el incendio, trabó la puerta para que no escaparan. Extrañamente, han trascendido pocos datos sobre Barrientos. Sabemos que es capaz de matar a alguien porque lo incomoda su opción sexual. Pero su nombre tampoco aparece en condenas de primera o segunda instancia del fuero correccional de la última década.
Es llamativo que el juez del caso, Edmundo Rabbione, que subroga el Juzgado N°14, todavía no haya citado al asesino ni haya definido el agravante del crimen de odio en la carátula. Esto significa que tres muertes fueron femicidios agravados por el odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
Algunos medios dicen que intentará determinar si Barrientos es imputable.
Andrea Amarante estuvo internada en el Hospital Penna con el 75 % del cuerpo quemado. Había sido una de las sobrevivientes del incendio del boliche República Cromañón, en 2004. Sin embargo, nunca recibió atención para su salud mental ni tuvo una reparación económica, ya que no era "parte del padrón de víctimas que el Gobierno de la Ciudad elaboró en 2005", según denunció la Coordinadora Cromañón al conocer lo ocurrido en Barracas (Infobae 12/5).
Antes de Andrea habían muerto Pamela Cobas (52) y Roxana Figueroa (52). La cuarta víctima, Sofía Castro Riglos (49) ya declaró ante la Policía de la Ciudad. Los contenidos de la declaración de Sofía, así como el resultado de la pericia de la habitación, se mantienen en estricta reserva. La Policía de la Ciudad, por su parte, descartó el uso de una bomba tipo Molotov en el ataque. Esta masacre, sin embargo, no mereció la tapa de los diarios más grandes de circulación nacional.
Los asesinatos han encendido al movimiento de la diversidad sexual y a las organizaciones de mujeres. Esa misma noche, se realizó un memorial en la vereda de la calle Olavarría a donde acudieron vecinos, activistas, asambleas populares.
El viernes pasado, varios miles de personas reclamaron justicia en la Plaza Congreso. Organizaciones de la diversidad sexual, la campaña por el derecho al aborto, partidos de izquierda, asambleas populares, organizaciones de desocupados, La Poderosa, Movimiento Evita, los sindicatos Sipreba, AGD, Ademys y muchos jóvenes. Trabajadoras despedidas del INADI dijeron que en las últimas semanas el organismo recibía decenas de denuncias de agresiones físicas e insultos a personas GLTTB y en estado de prostitución. Responsabilizaron al Gobierno de fogonear los ataques.
La protesta también llegó a la Feria del Libro. Cuatro días antes de los crímenes, el ultraderechista Nicolás Márquez, amigo y biógrafo de Javier Milei, en una larga entrevista radial había definido a la homosexualidad como una conducta “insana y autodestructiva” entre otras falsedades. La presentación de su libro fue respondida por un escrache al grito de “no es libertad, es un crimen de odio”.
Este lunes hay otro acto y corte de calles en la Plaza Colombia (Av. Montes de Oca 841). “Los discursos de odio por parte del gobierno nacional, apoyados y viralizados por los medios de comunicación afines a su ideología, se materializan en acciones de violencia concretas en la sociedad”, dice la convocatoria.
Mujeres lesbianas, pobres, sin vivienda, con trabajo precarios. Nunca habían tenido un trabajo registrado. Vivían hacinadas y atemorizadas. Fueron muertas por un violento que ejecutó el último tramo de una lista infinita de agravios.
La lucha por justicia para las compañeras es parte de la lucha contra todos los agravios que sufren las explotadas.
El crimen de Barracas y las bases políticas de los discursos “de odio” Por Olga Cristóbal, 08/05/2024.