Maniobras de impunidad a los exjugadores de Vélez acusados de abuso

El 30 de diciembre, último día antes de la feria judicial, el juez de Tucumán Augusto José Paz Almonacid resolvió el sobreseimiento de los 4 exjugadores de Vélez acusados de abuso a una joven periodista. Hace meses que José Florentín, Braian Cufré, Sebastián Sosa y Abiel Osorio han montado una campaña, con la venia del ministro público fiscal Edmundo Jiménez y los jueces actuantes, para invertir la carga y presentarse como víctimas de una falsa denuncia.

Los hechos denunciados ocurrieron en marzo de 2024 cuando el equipo de Vélez arribó a la provincia de Tucumán para jugar un partido con un equipo local en el marco de la entonces Copa de la Liga. La joven periodista hizo contacto con Sosa quien la invitó al hotel donde el plantel estaba hospedado. Al ingresar a la habitación, se encontraban presentes también los otros tres acusados. Allí le ofrecieron bebidas alcohólicas y luego, aprovechándose que se sentía mal, cometieron el abuso.

Cuando la joven se animó a denunciar fue acompañada por tres abogados vinculados a la Bancaria de Tucumán. Tras las pruebas presentadas en ese momento y la cámara Gesell, los 4 involucrados quedaron bajo con arresto domiciliario en country. El club los desvinculó. A los 3 meses quedaron en libertad, pero debían presentarte cada 15 días ante la justicia tucumana.

A partir de allí comenzaron distintas maniobras de dilación en torno al peritaje del teléfono de la denunciante y una amiga testigo en la causa. En octubre de este año, Sosa hizo una contradenuncia señalando a la joven, a sus abogados, al diputado nacional y dirigente de la Bancaria de Tucumán Carlos Cisneros como artífices de una cama extorsiva. Les adjudicó falso testimonio, estafa procesal y adulteración de documentos, entre otros delitos. La fiscal que tomó la denuncia, de manera exprés, ordenó allanamientos en el estudio jurídico de una de las abogadas y en domicilios particulares de testigos. Abrieron causas contra testigos.

Desataron una ofensiva judicial y mediática sobre la víctima filtrando información de la causa favorable a la versión de los jugadores. Se buscó primero presentarla como una operadora de Cisneros y luego como una víctima de trata de éste. De hecho, se inició una denuncia con esta última acusación. Algunos medios publicaron la identidad de la denunciante y hasta su foto.

El ministro público fiscal, quien lleva dos décadas asegurando la impunidad del poder político, y tiene una manifiesta e histórica enemistad con Cisneros, presentó una denuncia penal contra uno de los medios (CCC) por difundir contenidos críticos sobre la justicia provincial en torno al caso. En un fallo que violenta la libertad de prensa se impuso un bozal legal por seis meses a todos los trabajadores de dicha empresa.

Con todo este armado prepararon el terreno para el sobreseimiento de los abusadores en lugar de continuar la investigación y llegar al juicio oral. El juez Almonacid Paz usó este libreto y consideró que los hechos denunciados no configuran un delito porque hubo consentimiento. Para ello argumentó que la joven salió erguida y caminando normalmente de la habitación y con una remera de los jugadores y que luego le mandó un mensaje a Sosa con un emoji.

El mismo día que se resolvió el sobreseimiento, Luli habló por primera vez en los medios y denunció a la justicia tucumana. "Nadie me va a negar las lesiones que tuve. Nadie me va a negar mi short ensangrentado. Voy a ir hasta las últimas consecuencias. No puede ser esto un precedente para que las mujeres nos quedemos calladas y no denunciemos" alcanzó a decir luego del vergonzante fallo.

Desde Ni una Menos se convocó a una conferencia el 31 de diciembre para repudiar el sobreseimiento, denunciar las maniobras de impunidad y el uso del caso para disputar una interna política y expresar el apoyo a Luli. En febrero con el inicio de la actividad judicial se presentará la apelación y es clave poner en pie una campaña provincial y nacional para tirar abajo este fallo, que continúe la investigación y se llegue al juicio. Todas estas acciones deben empalmar con la preparación de la jornada por los 20 años del crimen impune de Paulina Lebbos el 26 de febrero y del 8 de marzo.