Escribe Comité de Redacción
Trescientas femicidios por año, una estadística letal que no cede.
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La estadística de femicidios en Argentina ha sido objeto de numerosas manipulaciones oficiales. Recientemente, Patricia Bullrich, al visitar una comisión del Congreso, intentó pavonearse con un supuesto “descenso” de los femicidios bajo su gestión. Lo cierto es que el número de femicidios, de acuerdo a la carátula judicial, se mantuvo en torno de los 300 casos por año durante la última década. En ese período, bajo la presión de las grandes movilizaciones, diferentes organismos comenzaron a contabilizar los crímenes de mujeres.
De los 295 casos informados en 2024 por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el 84% corresponde a relaciones personales o familiares preexistentes, en su abrumadora mayoría, parejas o ex parejas. En esa estadística, los crímenes contra mujeres relacionados con el narcotráfico representan el 5% del total.
El crecimiento de la violencia letal contra la mujer tiene lugar a nivel mundial. Se desarrolla en un marco de violencia contrarrevolucionaria en general, donde los ajustes sociales contra las masas; la precarización despótica de la fuerza de trabajo; la espiral de violencia social, el desarrollo de la represión y de los estados de excepción; el rearme militar y la guerra; forman un contexto histórico de crisis y disolución de las relaciones familiares. Todas las “políticas públicas” para proteger a la mujer y a la niñez han fracasado. Una mayoría de analistas coincide en que la crisis de salud y de vivienda acentuada por la pandemia del Covid, ha agravado la violencia inter-personal. El fascismo, la expresión más violenta de la descomposición capitalista, se inscribe en este cuadro de conjunto.
En un período de exacerbación de la explotación social, su primera víctima es la mujer trabajadora en todos los ámbitos donde actúa -en el trabajo, en la vida social, o como ama de casa.
El período en que las estadísticas informan esta elevada “estabilidad” de femicidios, coincide con la sanción de las llamadas “políticas públicas”, reclamadas para mitigar la violencia contra la mujer. La persistencia de 300 femicidios por año es la demostración más palmaria del fracaso de los gobiernos y estados capitalistas en este plano. La ultraderecha justifica en este fracaso el ajuste contra esas políticas, a las que califica despectivamente de “woke”.
Hasta las mayores defensoras de esas iniciativas jurídicas han terminado reconociendo su carácter principalmente “declamatorio”. Los centros de atención o asistencia a la mujer han languidecido sin recursos o, en otros casos, chocaron con el muro de los aparatos policiales o jurídicos establecidos del Estado. Las “casas de refugio” para mujeres golpeadas, escasas y desfinanciadas, no pueden dar una salida permanente ni consistente a la mujer con menores o nulos recursos, en muchos casos por el sabotaje del poder judicial contra sus derechos.
La violencia contra la mujer se enraíza con el conjunto de la opresión social amparada por el propio Estado capitalista al que se le encarga contrarrestarla o mitigarla, precisamente cuanto toda la política de ese Estado, por su naturaleza de clase, agrava y profundiza. Las reivindicaciones políticas a ese Estado para proteger a la mujer necesitan mayores movilizaciones y una organización independiente que asegure su satisfacción, y abra una perspectiva nueva contra la desigualdad social y de género siempre crecientes. En el caso del movimiento obrero, su completa burocratización y estatización lo ha convertido en cómplice de la violencia contra la mujer, a la que nunca denuncia y contra la que no interviene, en el seno de los trabajadores, ni en la lucha por los reclamos del movimiento de la mujer.
La ausencia de una organización de masas de la mujer es una prueba de las limitaciones insuperables de las direcciones feministas ligadas a los partidos patronales, por un lado, o colaboracionistas con el régimen vigente, por el otro. Salvo ejemplos excepcionales, no está presente en los barrios, en los lugares de trabajo, ni en los colegios y universidades, ni tiene otra presencia nacional que “encuentros" esporádicos. Las ‘cúpulas’ que abrevan en el policlasismo se han apresurado en escalar al Estado para enjaular al movimiento de la mujer. Sobre este fracaso se ha montado un gobierno liberticida y políticamente feminicida, que anuncia la destrucción de la escuela y la defensa de la familia y la propiedad, y que proclama en forma abierta que el Estado debe asegurar el pago de la deuda pública usuraria por medio de la destrucción de los gastos sociales – salud, educación, discapacidad, cultura y la ciencia. Milei ha promovido el desmantelamiento de los escasos dispositivos defensivos de la mujer -como los programas de acompañamientos a las víctimas o la línea 144 - asfixiadas presupuestariamente, con la colaboración del Congreso nacional y las 24 gobernaciones. Milei y Cuneo Libarona han anunciado que, en lugar de eliminar el femicidio de la sociedad, lo quieren eliminar del Código Penal. Si esa figura jurídica es impotente para frenar los crímenes contra la mujer, como ocurre de un modo general con todo el punitivismo (que castiga las consecuencias por incapacidad para destruir sus raíces sociales), su eliminación daría piedra libre al poder judicial digitado e inamovible, para encubrir todas las tropelías vinculadas a la violencia contra la mujer. La derogación del derecho laboral, con la consecuencia de aumentar la vulnerabilidad de la familia trabajadora, condena a las relaciones inter-personales a la ley de la jungla del mercado.
La violencia en el hogar es inherente a un régimen social que ejerce su dominio por medio de la violencia laboral, política e incluso física a los explotados. La forma más extrema de ella son la guerra y el genocidio, hoy convertidas en moneda corriente por parte de las potencias imperialistas. La masacre en Gaza ha elevado la violencia mundial a la escala de la época del nazismo La violencia contra la mujer, en estas condiciones, es parte de una crisis de la humanidad general.
La nueva marcha contra la violencia a la mujer, este martes 25, vuelve a colocar en el escenario estas cuestiones políticas. La política de los agrupamientos que rechazan trazar fronteras de clase entre explotadores y explotados, ha concluido en el inmovilismo. La lucha contra la violencia y el oscurantismo, hoy encarnadas en la barbarie de los Milei o Cuneo Libarona, exige una organización de masas de la mujer trabajadora. Las trabajadoras deben forjar su propia organización de masas, para luchar, en primer lugar, por sus derechos. A través de una lucha organizada por reivindicaciones apremiantes, desarrollará su experiencia y sus capacidades de acción. La emancipación de la mujer irá a la par de la emancipación de toda la humanidad de toda forma de explotación.
La consigna es: Organización; organización de masas; organización política independiente de la mujer trabajadora.
25 de NOVIEMBRE, NI UNA MENOS
POR LA ORGANIZACIÓN DE MASAS Y SOCIALISTA DE LA MUJER TRABAJADORA
Concentramos a las 16.30 en Tacuarí y Avenida de Mayo
La violencia contra la mujer debe ser combatida como una lucha de clases contra la violencia capitalista y contra la guerra imperialista Por la organización política independiente de la mujer trabajadora. Por Comité de Redacción, 21/11/2025.
