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El pasado viernes 12, Marina Patagua, una mujer de 45 años que vivía en un asentamiento del barrio Huaico de la capital jujeña, fue asesinada por su ex pareja Juan Carlos Gutiérrez. El femicida se encontraba preso, pero fue liberado 20 días antes de cometer el asesinato. El juez Puyen Llermanos desestimó la apelación de los abogados de Marina a su liberación.
Fin de una experiencia
Este femicidio puso un rápido fin a la pretensión de que el reguero de leyes “de género” que impulsó el gobernador Morales, después del asesinato de cinco mujeres entre setiembre y octubre del año pasado, garantizaban un Estado “presente” contra la violencia sobre la mujer. Con elevación de penas para femicidas, restricciones de derechos como la liberación por buena conducta, con nombramientos de fiscales para los juzgados de género, una ley de emergencia en materia de violencia de género, la ratificación de la aplicación de la ley Micaela y hasta con una ley de cupo femenino paritario para el armado de listas para la elección de cargos en el Estado, Morales trató de aplacar el enorme movimiento popular y de mujeres que reclamaban contra los femicidios. Así cooptó a casi todas las organizaciones feministas.
Como denunciamos en su momento, estas leyes no cambiaron ni un poco el cuadro de violencia que sufren las mujeres y la desidia institucional contra ellas. La miseria social que lleva a la agudización de todos los conflictos domésticos, la frustración que genera y que se descarga sobre los más débiles de la familia y especialmente la mujer, por el contrario se han mantenido y agudizado en el último período con miles de nuevos desocupados, con una inflación galopante y la eliminación de los subsidios tipo IFE. Tampoco la justicia y la policía ha sido colocada bajo el control de la masa del pueblo sino todo lo contrario, el repudiado ahora ex Ministro de seguridad, Ekel Meyer, responsable de la inacción policial ante los cinco casos de femicidios cometidos en un poco más de un mes, fue premiado por el gobernador Morales con un cargo en el Superior Tribunal de Justicia jujeño, cuando las movilizaciones de mujeres pedían por su renuncia. El Estado sigue dominado por una camarilla al servicio de los intereses explotadores y ajustadores del capital, aunque ahora haya capacitación de género y más funcionarias mujeres, como la Secretaria de la Mujer, Alejandra Martínez, denunciada hasta el hartazgo por el movimiento de mujeres y los familiares de víctimas de femicidios.
Perspectivas
Ante el fracaso del remozamiento del estado jujeño con la mentada “perspectiva de género”, sectores feministas radicales, del PJ, y del Frente de Todos (CCC, La Cámpora, etc.), buscan aprovechar una vez más la crisis abierta, ahora con el femicidio de Marina, para exigir su incorporación cómo funcionarias y capacitadoras mediante la reglamentación de la ley de emergencia en violencia de género, aprobada en octubre pasado; es decir un acuerdo con el propio gobernador Morales, a quienes dicen denunciar.
Por el contrario, de lo que se trata es de retomar el cauce de movilización masiva y organización independiente que se desarrolló en Jujuy en octubre pasado y que hoy tiene su continuidad en las movilizaciones que mantienen los familiares de las víctimas, quienes hoy se agrupan como “Madres y Padres del dolor" acompañados por familiares, vecinas y vecinos y que no pudieron ser cooptadas, aun cuando el PJ y los radicales bautizaron como ley Iara -la joven palpaleña asesinada por la que se desató una rebelión en toda la provincia- a la ley de emergencia en violencia de género provincial. Sólo la lucha independiente del estado, contra sus gobiernos y partidos a fines, puede conquistar efectivamente todas nuestras reivindicaciones y la justicia que reclamamos por las compañeras asesinadas y casos impunes. En cada lugar de trabajo, de estudio, en nuestras barriadas discutamos esta perspectiva.
