La movilización de organizaciones sociales y piqueteras del jueves pasado

El jueves pasado, una decena de organizaciones sociales o piqueteras protagonizaron una manifestación multitudinaria. Estaba encabezada por el Polo Obrero (oficial) y por Barrios de Pie, en este caso el sector que acompañó a Lavagna en las elecciones de 2019. La magnitud de la movilización dejó a la vista el deterioro enorme de las condiciones sociales de trabajadores desocupados y semi-desocupados y también de trabajadores cuyo salario no llega ni de lejos al costo de una canasta familiar. Los medios de comunicación adjudicaron a la marcha una importancia política que en el pasado minimizaban y que atribuían en forma exclusiva a operaciones de aparato. Los aparatos de las organizaciones sociales del oficialismo se arrimaban, en ese mismo momento, al Consejo Económico que inauguraba el gobierno, con la participación distante y desconfiada de las patronales.

El agravamiento de las condiciones de la masa de trabajadores sin empleo, changuistas y “en negro” no es una consecuencia solamente del crecimiento de la inflación. En función de un ajuste presupuestario que busca la venia del FMI, el gobierno ha cortado todos los subsidios de pandemia; la inflación ha desvalorizado los planes sociales que administra Daniel Arroyo, de Asistencia Social. Los planes de trabajo o construcción con municipios e intendentes se hacen a salarios de hambre y se incumplen, además de desnaturalizar la función de lucha de las organizaciones que pasan a ser capataces de los compañeros a cargo de esas labores.

La magnitud de la movilización del jueves plantea un desafío político, pues constituye un reclamo que va más allá de asegurar el funcionamiento de los comedores. No hay a la vista, en los planes del gobierno, ninguna posibilidad de mejorar la situación social de los sin trabajo, ni de crear oportunidades de empleo por medio de la obra pública. El gasto en inversión es una variable de ajuste del modelo.

Junto a la defensa de los apoyos sociales mínimos arrancados al gobierno, es necesario un programa que fije una meta política clara. Los trabajadores desocupados deben cobrar un salario de desempleo que corresponda, al menos, al básico mínimo de los convenios colectivos. Los recursos para ello obviamente existen, desde las ganancias capitalistas hasta el pago de la deuda externa usuraria. Las instituciones internacionales, que responden a gobiernos capitalistas, discuten la llamada “renta mínima universal”, en función de la desocupación mundial estructural, y del incremento que ha tenido en la pandemia. Reclamemos que se ponga en práctica ya para atender a la masa de desocupados. semi-ocupados o que ganan por debajo de la línea de pobreza. Un plan de lucha con este planteo sería una respuesta política al desafío político que ha dejado planteada la última movilización. Tiene la ventaja de responder a necesidades de una parte considerable de la clase obrera y de la juventud.

El otro punto tiene que ver con el derecho al trabajo. En este punto entendemos muy apropiada una reivindicación de los sindicatos, que la burocracia sindical ha enterrado por completo. Nos referimos a la creación de una Bolsa de Trabajo, bajo gestión de las organizaciones sociales y piqueteras. Esa Bolsa de Trabajo debe tener injerencia en los planes de obras públicas y de las empresas estatales y en las licitaciones que efectúa el gobierno. Los desocupados contratados en los municipios deben pasar a planta permanente; esto no significaría aumentar una dotación que algunos denuncian excesiva, sino obligar a los municipios a ejecutar obras de infraestructura que hacen terriblemente falta, y también planes de construcción y refacción de viviendas.

El desarrollo de un planteo político significa que el programa despierta el interés de la gran masa de trabajadores, con capacidad para involucrarla en esta lucha.

Es un planteo político porque desenvuelve las condiciones para una confrontación con el Estado y ataca los intereses capitalistas que este representa y ejecuta.