Lacalle a prueba: un año de gobierno

Escribe Camilo Márquez - Partido de los Trabajadores (Uruguay)

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Para cualquier habitante del país el hecho de que estemos hablando de apenas doce meses de gobierno debe producir cierta extrañeza. La situación de agobio que se respira en el conjunto de la sociedad, pandemia mediante, alteró hasta cierto punto la percepción del tiempo desde la elección de 2019 hasta hoy.

El primero de marzo se cerrará el primer año de Lacalle Pou como presidente. Obligado apenas quince días después a enfrentar el desembarco del virus en el país, el gobierno aparece tempranamente fatigado. Luego de navegar los primeros meses con una imagen favorable debido a un manejo relativamente bueno de la pandemia, el presidente tiene dos nudos que lo amenazan: el primero es la cuestión económica y el segundo su propio armado de gobierno.

Como apunto alguien llama la atención que en un momento de creciente desempleo, ollas populares y miseria creciente la ministra de economía festeje como una conquista el ahorro de 660 millones de dólares, y el cumplimiento de los objetivos fiscales.

Lacalle Pou llegó al gobierno en el último minuto de la “ola” de recambio continental después de todo un periodo de gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas. Esta onda de corto alcance empezó en 2015 con la victoria de Macri, que duró un periodo y se fue sin pena ni gloria. En 2016 Dilma Rousseff se deja voltear por sus propios socios, quedando la presidencia en manos de su vice, Temer antes del ascenso del fascista Bolsonaro, quien se mantiene en el poder con alfileres. Podríamos seguir; Ecuador con el posible regreso del Correismo al poder, relevando a un Lenin Moreno que salió de sus propias entrañas y Bolivia, donde los golpistas debieron hacer las maletas de apuro y “normalizar” el ciclo electoral. Chile merece una mención especial, pues marca un nuevo punto de partida para toda la región.

Uruguay llega con cierto delay, justo cuando la “ola derechista” pasa a mejor vida. A contramano de esta esquematización el politólogo Adolfo Garcé se pregunta si no estamos asistiendo a una “era multicolor” que seguiría a la era progresista. Es un planteo atrevido, si bien el autor no se juega a vaticinarla, sostiene que es perfectamente posible y enumera: un liderazgo incuestionable, una agenda ambiciosa, niveles razonables de disciplina parlamentaria y la “confianza” del mundo empresarial, aunque apenas se traduzca en un apoyo “discreto” (sic). Garcé sin embargo no menciona un aspecto clave a saber, el contexto internacional. La omisión no es casual, la realidad de América Latina desmiente esta posibilidad. Despojado de este elemento la hipótesis es una colección de observaciones menores y buenos deseos. Incluso dando por descontado que el presidente logre subordinar a las bancadas de los distintos aliados es claro que Lacalle no se ha convertido en el eje de un reagrupamiento político consolidado de la política burguesa. El presidente lejos de disciplinar a sus socios ha visto multiplicar los litigios hacia dentro y hacia fuera de la coalición, con un marcado eje de discordia en la conducción económica y la respuesta al rápido deterioro económico de la población. Logró aprobar la LUC trabajosamente y luego de negociar y renegociar, pero esa mega ley no le resuelve nada a la burguesía, no implica ninguna salida de fondo. Incluso está en veremos que pueda avanzar en la reforma de la seguridad social, en medio de una creciente exasperación por abajo y hasta con reclamos de sectores aliados como UnSoloUruguay.

Los números de contagios se han mantenido en una banda estable pero una mirada más de cerca revela un crecimiento sostenido de los índices de positividad, nada menos que en vísperas del comienzo de cursos. Íntimamente vinculado a esto hay que apuntar el fracaso en la obtención de la vacuna, con anuncios desmentidos unos tras otros que le abrieron una crisis de naturaleza particular. Independientemente de si consigue una cantidad de dosis aún inciertas en las próximas horas, es sólo un conejo que saca de la galera a último momento, no el resultado de ningún plan serio.

La tendencia política general del Uruguay va en el sentido opuesto al que presenta Garcé. El gobierno es débil. La oposición, apuntamos brevemente, se ha dedicado a tender puentes y sabotear la movilización popular. Los casos extremos son los de Fernando Pereira y Orsi. Este último hasta desalentando la campaña de recolección de firmas contra la LUC, el único punto que podía diferenciarlo del gobierno. Otro tanto corre para la burocracia sindical, quien se jacta de no promover la movilización y ser “responsable” ante la pandemia, aunque ello signifique hasta mirar para el costado cuando se suspende el derecho a reunión. Se está configurando una situación excepcional. La centroizquierda renuncia a cualquier autonomía política.

Por último, no está en duda la perspectiva del derrumbe político y económico que ya empezó, sino quien dirigirá la lucha. La preocupación de los luchadores y activistas debe estar en preparar el terreno para una creciente lucha de clases y oponer la acción directa a las trenzas parlamentarias. No se trata solo de resistir, sino de derrotar la embestida del gobierno derechista.

Esta es la cuestión.

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