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El miércoles por la mañana miles de personas se concentraron en el Obelisco y marcharon al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Organizaciones sociales y territoriales en el colectivo #ProhibidoDesalojar convocaron a la movilización para reclamar contra la ola de desalojos que se espera que ocurran luego de que las autoridades anunciaran que no se extenderá el DNU presidencial que prohibía desalojos y prorrogaba aumentos. El espacio #ProhibidoDesalojar se presentó en la puerta del Ministerio junto a miles de compañeros y familias en situación de desalojo.
El ministro Jorge Ferraresi anunció a principios de marzo que no se extenderá del DNU que prohíbe los desalojos “formales”, que congela los aumentos (los prorroga y extiende en cuotas) y renueva automáticamente los contratos de alquiler. La medida rige desde el 29 de marzo del año pasado, a 9 días de iniciada la cuarentena estricta en nuestro país y, con dos extensiones, llegó hasta el 31 de este mes (U24, 31/3). Luego de quitar las ayudas sociales como el IFE o los ATP, los trabajadores que alquilan tendrán que afrontar el pago de las deudas del año pasado, los intereses, y los nuevos aumentos.
Crisis habitacional, económica y sanitaria
Esta situación deja a millones de trabajadores frente a un “tarifazo de alquileres”.
Los desalojos impulsarán el hacinamiento, ya que el 40% de los inquilinos no saben qué hacer cuando venza el DNU, y muchos van a recurrir a vivir con sus familias o en lugares más pequeños, propagando el contagio y la muerte entre la población. “Según la última encuesta realizada por la Federación Nacional de Inquilinos en todo el país, el 40% de las personas que alquilan no sabe dónde va a vivir cuando finalice el decreto. Además, el 35.7% (lo que equivale a 1.249.500 hogares) no pudo pagar el mes de enero o pagó parcialmente", lo cual refleja la delicada situación económica en la que viven las familias que no tienen una casa propia” (ídem). El 80% de los hogares se endeudó, y de los dos millones de despedidos, la mitad son inquilinos. Para el CELS hay más de 2 millones de hogares en una situación económica muy comprometida y con riesgo de perder su vivienda durante 2021” (CELS, 4/3). En Capital, “medio millón de personas tiene problemas habitacionales”.
Arbitraje precario
El Gobierno anunció un “Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar de Alquileres Formales". Según Ferraresi esto va a frenar los desalojos, pero miente. El protocolo es un recurso “pérfido” para levantar el DNU, bajo la promesa de intervención en las mediaciones de desalojo. Estas mediaciones están mencionadas en la Ley de alquileres, pero no son obligatorias, como indica el CELS o el autor de la Ley, Gervasio Muñóz. No se aplican en todas las jurisdicciones. Ya fueron aplicadas en CABA y los desalojos se multiplicaron en los últimos meses. Mientras, Larreta quita impuestos a hoteles y pensiones.
Muchas familias ya recibieron anuncios de desalojos, y hay abogados que les cobran hasta $50.000 pesos por mediación. Las mediaciones sólo corresponden a los contratos firmados después de la Ley de Alquileres (marzo 2020). Muchos propietarios han iniciado juicios durante 2020, y apenas finalice el plazo del decreto, se comenzará a dictar desalojos (infobae, 25/3). Los dueños prefieren desalojar y firmar nuevos contratos con subas superiores al 100%.
El registro del contrato en la AFIP no va a modificar el escenario de desalojos como plantea Ferraresi, las cámaras inmobiliarias dijeron que harán dos contratos, uno en blanco y otro en negro, para seguir evadiendo. Las mismas pidieron una "tarjeta alquilar", una especie de “IFE de alquileres”. Plantean también sacar la ley de alquileres y dejar todo en manos del “libre mercado”, que generó esta enorme crisis habitacional.
Plan de lucha
En otras oportunidades #ProhibidoDesalojar movilizó al Ministerio reclamando soluciones. En ninguna oportunidad fueron recibidos por Ferraresi, denuncian. Sí por Gabriel Barotanyi, jefe de asesores de Ferraresi. Esta vez ni siquiera fueron recibidos y les comunicaron que Ferraresi se había ido del Ministerio y “estaba en Mendoza”, a horas del vencimiento del DNU. En medio de la ola de desalojos, el Ministro se fuga.
Ante la negativa se planteó bloquear los dos accesos, y dejar “virtualmente cerrado el Ministerio hasta que nos resuelvan esta situación”. Luego del cierre de las puertas del Ministerio y del corte de Diagonal Norte, una delegación de compañeros fue recibida.
Luego de presentar los reclamos, las autoridades rechazaron los planteos y tampoco respondieron qué pasará con las familias que queden en la calle luego de la suspensión del DNU. Solo se comprometieron a recibir entre hoy y mañana un petitorio de situaciones de desalojos urgentes para hacer intervenir al ministerio de Justicia, con los municipios, las provincias y CABA. Aceptaron recibir ese padrón, que no es siquiera un paliativo, sino una promesa. Hay miles de trabajadores con sentencia de desalojo firme. El Ministerio se arrodilla frente a los “hechos consumados” de los desalojos.
Invitaron a una delegación a una reunión para dar una respuesta urgente sobre el “rediseño del programa Procrear”, ya muy limitado en su alcance. La intención del Gobierno es que los escasos planes de vivienda se destinen al manejo de punteros políticos o a los negociados privados. Y no estén bajo el control de las organizaciones sociales. Prometieron una mesa del diseño de “alquiler social” para familias que reciban entre 1 y 8 salarios mínimos. El alquiler social es un paliativo que no resuelve sino que extiende en el tiempo el problema habitacional. Prometieron que la tierra “ociosa” va a ser relevada y que se va a utilizar para construcción de vivienda. Sin embargo, hasta ahora, los diferentes gobiernos y bloques políticos han cedido las tierras públicas a negociados privados y al capital inmobiliario (Costa Salguero, Puerto Madero II, terrenos ferrocarriles, etc).
Desde Inquilinos en Lucha apoyamos la prohibición de todos los desalojos, tope a los alquileres que no supere la paritaria más baja, tierra pública para construir 4 millones de viviendas bajo el control de las organizaciones sociales independientes y no de los intendentes o punteros; frenar la valorización especulativa del m2 mediante un control de las organizaciones sociales y de inquilinos independientes; registro de las viviendas desocupadas para solucionar la emergencia habitacional; salarios y jubilaciones deben incluir los valores de los alquileres y no pueden ser menores que la canasta familiar básica que hoy supera los $100.000. Debemos elaborar un plan de lucha nacional para arrancar estas reivindicaciones.
