La situación crítica de los trabajadores de seguridad

Los trabajadores de seguridad fueron declarados esenciales desde el comienzo de la pandemia. Su situación salarial, sin embargo, empeoró, y perdieron poder adquisitivo. Se registraron incumplimientos de medidas sanitarias, testeos y falta de protocolos. Muchos trabajadores de seguridad se enfermaron y murieron. Los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) garantizan jornadas de 12 o 16 horas, rotaciones y cambio de destino, que los trabajadores califican como “condiciones de esclavitud laboral”. Las empresas despiden y manejan a los trabajadores como si fueran dueños de sus vidas. En el CCT dice que las empresas pueden cambiar los días de francos y obligar a trabajar durante feriados nacionales, sin pagar doble, y otros abusos.

Paritarias a la baja

La Unión Personal de Seguridad Privada (UPSRA) acordó las paritarias 2020 que elevan el salario básico (más viáticos y adicional por presentismo) a $45.300 pesos en enero de 2021. Corresponde a los salarios de la actividad más la incorporación al salario básico de los 4.000 pesos otorgador por Decreto 14/20. Las subas fueron en dos tramos. Con esta paritaria el salario promedio está por debajo de la línea de pobreza, y en algunos casos, a la indigencia. En las próximas paritarias, UPSRA y CAESI, piden un techo de 33% en cuotas.

El salario real perdió terreno frente a la inflación, del orden de 15 puntos. El promedio de un salario es $42.000, por debajo de la línea de pobreza. En muchas empresas, el sueldo básico de un “vigilador general” es $35.000, y hay compañeros que por diferentes circunstancias llegan a cobrar $18.000. Fuera de Buenos Aires el salario es el 50% menos (denuncian sueldos de $16.000 mensuales en jornadas de 12 horas 6 días a la semana). En San Juan denuncian sueldos de $20.000. Los viáticos no se pagan, como expresa el último conflicto en Siseg, y éstas partidas representan un porcentaje alto del salario no remunerado.

Sin vacunas ni prevención

Los protocolos se vulneran en casi todas las empresas. Empresas como Federal Service no pagan los días de aislamiento por contacto cercano de Covid-19, y en algunos casos los pasan como vacaciones. La Superintendencia de Riesgos de Trabajo no hace controles preventivos, y en los servicios se prohíbe la elección de delegados. Muchas empresas están en manos de policías retirados y agentes de inteligencia.

UPSRA reclamó que se vacunara formalmente a los trabajadores de seguridad, pero no impulsó ninguna campaña en ese sentido. La burocracia sindical critica la vacunación de los docentes, pero no la presencialidad. La burocracia pretende que se otorgue directamente las vacunas a las Obras Sociales (Yahoo, 7/3). No aclaró si las aplicaría la medicina privada, con la cual ha tercerizado prestaciones.

El otro sindicato de seguridad, Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA), reclama la "prioridad" para el personal de seguridad privada en el calendario oficial de vacunación. Pero sólo parece una remota hipótesis.

Protestas y ataques

En enero de este año, por “maltratos de parte de la multinacional Securitas”, se hicieron piquetes en la puerta de la sede de Lavallol. Los trabajadores dijeron que “venimos manteniendo un extenso conflicto con la multinacional Securitas que a la hora de pagar no respetan el acuerdo, y también han habido despidos y suspensiones fuera de convenio”.

En diciembre pasado más de 500 ferroviarios activos, tercerizados y despedidos, de seguridad, se movilizaron frente al ministerio de Transporte. También se produjeron luchas en el Ferrocarril Sarmiento por el pase a planta permanente, y en la seguridad del ferrocarril ligada a la empresa Murata (Mitre y San Martín). Los trabajadores del Sarmiento fueron tomados por otra empresa, reconociendo la mitad de la antigüedad. Trabajadores de la empresa tercerizada MCM (seguridad del Roca) protestaron en el hall de la estación de Constitución y realizaron un paro de cuatro horas. Denunciaron persecución por parte de la empresa y exigieron su pase a planta permanente.

Más de 200 vigiladores de la empresa AYSA vieron sus puestos de trabajo atacados en febrero, ante el cambio de empresas de seguridad por decisión de la firma estatal. También hubo una protesta en Trenes Argentinos por la falta de respuestas a los reclamos sindicales por la continuidad laboral de personal de seguridad e inconvenientes con el pago de aportes sindicales, de más de 500 trabajadores.

La cooperativa Lince está dejando a todos los mayores de 55 años sin trabajo y tomando gente joven para ahorrarse algunos pesos de antigüedad. Otras empresas que no pueden echar por el REPRO II, cambian de servicio (a destinos muy lejanos del hogar) a los trabajadores con mayor antigüedad o los que son más “conflictivos”, y les dan 15 o 20 días de suspensión, hasta que renuncien, denuncian los trabajadores. estas prácticas se reproducen en todo el país.

Los vigiladores debemos luchar por la vacunación y testeos permanentes a todos los vigiladores, jornada de 8 horas con dos francos semanales con un sueldo mínimo igual a la canasta familiar integral.