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Las declaraciones de Carlos Linares, presidente del PJ y referente del kirchnerismo en Chubut, respecto al tema minero hicieron mucho ruido. El dirigente señaló que “No somos promineros ni antimineros. Queremos un debate serio, en un marco serio y de cara a la sociedad”, por lo que consideró necesario “retirar de la Legislatura el proyecto de zonificación minera y de Iniciativa Popular” (Metadata 5/4/21). Las afirmaciones se dieron pocas horas antes de que trascendiera la probable suspensión del Congreso del Partido Justicialista, previsto para el próximo sábado en Comodoro Rivadavia. En la superficie de la rosca política patronal hay al menos dos razones detrás de estas declaraciones: por un lado, patear para luego de las elecciones legislativas el tema minero y, por el otro, instalar una nueva orientación para su aprobación, el plebiscito provincial o consulta popular. Aunque de fondo la razón es mucho más profunda y la venimos señalando recurrentemente en Política Obrera: tratar de postergar una rebelión popular, en una provincia quebrada, que no paga los sueldos en tiempo y forma, con la catástrofe que dejaron los incendios en cordillera y sin la llamada “licencia social” para avanzar la megaminería.
La propuesta de un plebiscito fue puesta sobre la mesa por distintas alas del PJ que no se animan a pagar los costos políticos de mostrarse abiertamente a favor de aprobar la megaminería en Legislatura, en general cuando les toca ser “opositores” al gobierno de turno. Es el caso del exdiputado y exfuncionario provincial Javier Touriñán. Algunos rumores indican que es uno de los temas a debatirse en el próximo Congreso del PJ (al momento de escribir este artículo diario El Chubut adelantó que probablemente en las próximas horas se comunique su suspensión debido las nuevas medidas del Gobierno nacional entorno al Covid-19), y otras versiones indican que la discusión pasará simplemente por no dar apoyo al proyecto de zonificación tal cual está en Legislatura pero sin posicionarse a favor o en contra de la megaminería, es decir, dejando nuevamente una puerta abierta, o no cerrándola, para ser más exactos.
La táctica no implica una diferencia estratégica con Arcioni: el acuerdo en avanzar con la megaminería. A su vez, busca sacarse de encima el proyecto de ley de Iniciativa Popular (IP) para prohibir la actividad en todas sus etapas en la provincia, que fue presentado en noviembre último por la Unión de Asambleas de Comunidades con el respaldo de más de 30 mil firmas, el doble de lo que se precisa, y cuyo plazo para su tratamiento vence el 23 de mayo, según indicaron varios medios de comunicación de la zona en los últimos días. La cuestión minera preanuncia un estallido generalizado en las próximas semanas sí o sí: ya sea porque se trate la zonificación como porque no se apruebe la IP.
No es Arcioni en particular, sino el régimen político provincial en su conjunto el que se encuentra contra las cuerdas, pues hay acuerdo el acuerdo generalizado para avanzar con la megaminería choca con una correlación de fuerza desfavorable en las calles. La maniobra pretende dirimir en la pasividad de las urnas lo que el pueblo ya decidió en las movilizaciones. La encerrona se da sobre una provincia quebrada en lo económico y con una catástrofe social en cordillera producto de los incendios que dejaron a 500 familias en las calles. No es una coyuntura, es una etapa abierta de lucha de clases y movilizaciones populares que lleva alrededor de 4 años y que está lejos de cerrarse. Los estatales hace 2 años que no cobran en tiempo y forma y no tienen paritarias, y el descontento ya se está haciendo sentir, como lo demuestran los trabajadores del Servicio Provincial del Manejo del Fuego que llaman a todos los sectores a volver a las calles en reclamo de la defensa de los salarios.
El plebiscito además de buscar postergar -impotentemente- una rebelión y llevar la decisión a las urnas, es el terreno propicio para todos los chanchullos de las fuerzas políticas patronales con su ejército de punteros. Asimismo, ni siquiera un triunfo abrumador del no a la mina garantizaría nada, pues si los promineros ganasen -aun con un resultado exiguo- en la meseta usarán ese resultado a favor de la zonificación. La posibilidad de fraudes en pueblos alejados de los grandes centros urbanos por 300 o 400 km en rutas de ripio, donde el acceso a servicios elementales como Internet es harto deficiente, enturbian más la cuestión.
A diferencia de sectores de la izquierda como el PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas) que han impulsado la opción del plebiscito (https://politicaobrera.com/politicas/298-pts-y-megamineria-en-chubut-plebiscito-o-movilizacion-en-las-calles), desde el Partido Obrero Tendencia venimos planteando la necesidad de articular las luchas contra este régimen decrépito que lo único que tiene para entregar al pueblo son penurias y contaminación ambiental. El relativo impasse que se produjeron en las movilizaciones el año pasado tiene su principal explicación en la pandemia y el rol de las burocracias sindicales, que jugaron a favor del gobierno en apostar al desgaste de las bases. Hay que apuntar a reestablecer las autoconvocatorias en los lugares de trabajo, las asambleas generales y populares para desarrollar acciones multitudinarias en defensa de los salarios y el medioambiente. Hay que movilizar en defensa de la IP pero sin falsas expectativas: su aprobación en Legislatura será un triunfo popular pero para nada una garantía de una derrota definitiva contra los promineros. Para ello se precisa de un gobierno obrero y socialista, es decir, una lucha de conjunto contra el régimen capitalista, que sea la expresión de la unidad de los trabajadores y pueblo argentino en base a un programa propio.
