Escribe Olga Cristóbal
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Todos los indicadores ponen a la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires en alerta rojo. El miércoles se confirmaron 3.116 casos positivos de residentes. Pero habría que contar a quienes, como viven en el conurbano, quedan ocultos bajo el rótulo de “no residentes”: son otros 2.401.
En el último mes se quintuplicaron los casos en la Ciudad, que tiene un promedio de 700 casos semanales “residentes” cada 100.000 habitantes. Alto riesgo es mayor de 100, Caba tiene 7 veces más.
Las estadísticas amañadas de Rodríguez Larreta y su impertérrito ministro de Salud Fernán Quirós son refutadas por la horrible realidad: Gilda Zurita, una enfermera del Hospital José María Penna, falleció tras esperar 48 horas sentada en una silla de ruedas que le consiguieran una cama de terapia intensiva.
“En el Méndez no había: el sanatorio que atiende a los 100.000 trabajadores del Estado porteño tiene solo 28 camas de terapia intensiva. En el Muñiz sí, pero no había personal para que manejara el instrumental”, denuncian sus compañeras.
Los pedidos desesperados de camas UTI se multiplican en las redes sociales sin que haya distingos entre pacientes de la salud pública y privados. Mientras tanto, el Informe Epidemiológico diario del Ministerio dice que solo el 67,3 de las camas están ocupadas.
Según el bioinformático Rodrigo Quiroga, las camas UTI públicas ocupadas este miércoles son 306, y el máximo histórico fue el 14 de agosto del 2020, con 308. El Hospital Muñiz -el más importante en atención de la pandemia en la Ciudad- hace días que no tiene camas de terapia. La ocupación de grandes hospitales del AMBA supera el 95 por ciento, lo que significa que no quedan más. Con respecto al testeo, la positividad en la Ciudad está en su máximo histórico: 55 por ciento. De cada dos testeados, uno tiene Covid.
En ese contexto, el gobierno de la Ciudad “cedió” su reserva de respiradores, 50, a las empresas privadas de salud. Una vez más, Larreta utiliza los recursos del Estado porteño como bienes propios. Ayer, 6 hectáreas del Parque Sarmiento a un club de elite. Hoy, 50 respiradores a Belocopitt. El propio Quirós admitió que después del préstamo, como el sistema público también necesitaba respiradores, le mangueó otros 50 a Carla Vizzotti.
El escándalo no queda allí: el miércoles a última hora trascendió que el gobierno destinó una sala del Hospital Muñiz, la vieja sala 20, a las empresas Swiss Medical y Osde, entre otras prepagas. Irían pacientes moderados, porque no tiene oxígeno central.
Una versión dice que los privados mandarán sus propios profesionales. El Destape dice, en cambio, que desde el Ministerio de Salud porteño “aseguran que el servicio será prestado íntegramente por trabajadores del Muñiz con recursos afectados a esa institución y que luego será facturado a los prestadores”. Los trabajadores de salud están extenuados, con ritmos inhumanos, sin licencias: ¿les pensarán tirar 18 pacientes más por la cabeza?
Más claro: los defensores de las clases presenciales armaron un gueto privado en el hospital público alquilando -no se sabe cómo ni a cuánto- 18 camas, sustrayéndolas del uso del conjunto de la población.
El Estado tiene la obligación de garantizar atención médica de calidad sin distingos. Muchos de los pacientes de las prepagas son trabajadores de obras sociales “desreguladas”.
La prueba más rotunda de que es imperiosa la centralización de todo el sistema de salud está en la incapacidad de los privados de garantizar el cuidado de los pacientes a los que cobran cifras siderales. Y a pesar de que bajaron más del 70 por ciento sus gastos durante el 2020 por el “ahorro” en la atención de las otras dolencias.
Ante este escenario de catástrofe, la población debe tomar la defensa de la propia vida como lo están haciendo los trabajadores de la salud y los docentes.
La única alternativa de derrotar la pandemia sin tener que llorar miles de muertos es la centralización de los recursos sanitarios bajo estricto control de los trabajadores.