Perú: una transición electoral incierta y un candidato campesino con muchas incógnitas

Escribe Juan Ferro

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El 6 de junio se realizarán las elecciones de segunda vuelta en el Perú. La disputa por la presidencia tendrá lugar entre el maestro rural Pedro Castillo, que sacó el 18,5% de los votos, y Keiko Fujimori, la hija del ex presidente, que obtuvo el 14%.

Un 45 por ciento del electorado peruano no votó por ninguno de los 18 candidatos presidenciales en la primera vuelta. Las elecciones se desarrollan en la fase más severa de la pandemia. En lo que va de la crisis sanitaria, han fallecido más de 157 mil personas, según el registro del Sistema Nacional de Defunciones. Los diarios anuncian que, en todo el país, quedan disponibles 100 camas de terapia intensiva en medio de un escándalo “vacunagate” similar al de Argentina, incluso de mayores proporciones.

La elección fue una enorme sorpresa nacional e internacional. Nadie esperaba un triunfo de Castillo.

Pedro Castillo se hizo conocido en 2017 por haber encabezado una huelga de profesores que duró dos meses y tuvo alcance nacional. Los docentes se oponían a someterse a una evaluación periódica si el Ministerio de Educación no aprobaba un alza salarial y mejores condiciones de trabajo. La huelga fue brutalmente reprimida por la policía y tuvo un alto impacto social. Castillo mezcla ideas populistas y anti corrupción. Ha prometido que, de ser presidente, mantendrá su sueldo de maestro. Además, ha asegurado que reducirá a la mitad el sueldo de los diputados y ministros, recortes que quiere invertir en educación.

El dirigente sindical se ha postulado por el partido Perú Libre, que preside Vladimir Cerrón, un médico formado en Cuba que fue gobernador de la región Junín y fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por corrupción. Ambos promueven nacionalizar el gas de Camisea -el principal yacimiento de ese combustible en el sur de Perú- e impulsar las empresas estatales que el fujimorismo eliminó al inicio de los años noventa. Son adversarios fuertes del derecho al aborto, el matrimonio igualitario y todo lo que tenga que con los nuevos derechos que han irrumpido en la última década.

La candidatura de Castillo le quitó votos a Verónika Mendoza, una referente de la izquierda peruana. Verónika centró su campaña en una agenda de derechos sociales, incluidos los de la población LGTBI; la defensa del medio ambiente, mayor acceso a la salud y la educación y las cuestiones de género, cosechando el 8% de los votos en la primera vuelta, con votaciones importantes en un sector la juventud y de clase media de Lima, pero cayó abruptamente en el interior del país. La izquierda liderada por Mendoza probablemente apoyará a Castillo en la segunda vuelta, aunque la posición anti-derechos de Castillo la puede inclinar a anular el voto. La transición electoral en Perú no tiene que ver sólo con los candidatos en pugna, sino con la gobernabilidad misma. Vargas Llosa ha llamado a votar por Keiko Fujimori, con plena admisión de su trayectoria fascista.

Castillo sostiene ideas reñidas con las posiciones de la izquierda y de cualquier demócrata. Opositor al aborto legal y el matrimonio igualitario, ha sido dirigente “rondero”. Las rondas de Cajamarca fueron fundadas por campesinos a mediados de los años setenta para librarse de los ladrones de ganado -los abigeos- y se convirtieron en un sistema de administración de justicia paralelo al tradicional. El látigo es una de las herramientas de los ronderos. El candidato ha ofrecido trasladar esa experiencia a la lucha contra la delincuencia. Esto lo convierte en un potencial Rodrigo Duarte, el dictador que ha convertido a Filipinas en un gran paredón de los ´grupos de tareas´. También guarda analogía con Pol Pot, también un líder campesino que vació a las ciudades de su población para regenerarlas socialmente. «Convocaremos a las rondas campesinas para organizar a los barrios y hacemos el llamado a los licenciados de las Fuerzas Armadas y los reservistas para consolidar una sola fuerza», una definición que da una idea de sus pensamientos.

Los “ronderos “combatieron a Sendero Luminoso en las décadas del 80 y el 90 e impidieron su entrada en la región de Cajamarca, de donde es oriundo Castillo. Sin embargo, la derecha peruana acusa a Castillo de ser un agente del terrorismo y acusan por igual a Veronika Mendoza y a él de ser propulsores de que Perú se transforme en Cuba o Venezuela.

Una de las cuestiones centrales de la política peruana gira alrededor de la Constitución de 1993 -aprobada luego del autogolpe de abril de 1992-, que desterró la regulación estatal en la economía. Por caso, en Perú cualquiera puede tener un taxi sin licencia, una línea de colectivos con el recorrido que elija, sin regulación alguna de los pisos, y lo mismo ocurre con la salud y la educación privadas.

Toda la izquierda peruana defiende la Constitución del 78, que tuvo alta participación de constituyentes de izquierda; y desde entonces el problema de la Constituyente ha sido uno de los centros de discusión política del país. Castillo y Mendoza son partidarios de la reforma constitucional. Otros han prometido esta reforma (el ex presidente Ollanta Humala, entre ellos) y no cumplieron. Castillo ofreció ahora convocar en los primeros seis meses de su gobierno una Asamblea Constituyente y pretende que la educación y la salud sean “derechos constitucionales”.

El voto «por el lápiz” que identifica a Castillo, aunque sólo del 19%, expresa la fuerte descomposición del régimen político peruano (los últimos 10 presidentes de Perú tienen causas penales abiertas por corrupción o están presos). Después de la desaparición del histórico Apra peruano, los partidos políticos nacen y se disuelven en asombrosa velocidad como sub producto de una inmensa crisis capitalista.

Las encuestas, para la segunda vuelta, dan a Castillo 11 puntos de ventaja sobre Keiko Fujimori. El voto a Castillo es fuerte entres los barrios pobres de Lima, en el campesinado peruano y en las comunidades originarias.

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