La farsa del Procurador General

Escribe Jorge Altamira

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Desde que, en 2012, Cristina Kirchner echó a Esteban Righi de la jefatura general de fiscales, ha transcurrido casi una década de abusos contra el llamado “estado de derecho” por parte de ambas trincheras de la grieta. El despido de Righi -una renuncia forzada- obedeció a su posición condenatoria de las andanzas del entonces vicepresidente Amado Boudou para quedarse con la empresa Ciccone. En su lugar fue colocada Alejandra Gils Carbó. Lo mismo ha ocurrido con los presidentes del Banco Central, pero con un agravante: obligados a dejar sus cargos antes del fin de su mandato, han sido reemplazados a dedo, tanto bajo los gobiernos de CFK como Macri.

En el reino de la “necesidad y urgencia”, ratificada por la Constituyente menemo-alfonsinista, en 1994, la arbitrariedad adquirió rango constitucional. Es así que el pupilo preferido de Elisa Carrió, Mauricio Macri, intentó meter dos jueces en la Corte por la vía de un decreto, con la complacencia de los designados. Esto, en algún país ‘normal’, hubiera significado la prohibición para ejercer el Derecho de por vida a los beneficiados. En 2017, el ministro de Justicia, Germán Garavano y varios jueces de la mesa judicial del macrismo canjearon una denuncia contra Gils Carbó, por irregularidades en la compra de un edificio de la Procuración, por su renuncia como Fiscal General. En el cargo quedó, como Fiscal interino, Eduardo Casal, macrista, que sigue ahí cuatro años después sin aval del Senado.

Macristas y kirchneristas cambian de roles

En un afán de ‘normalización’ de la Procuración General, Alberto Fernández anunció que buscaría la designación constitucional del ex juez Eduardo Rafecas. Es el mismo que archivó en pocas horas la denuncia del fiscal Nisman contra Cristina Kirchner, por acuerdos subrepticios con Irán, al determinar la superficialidad de su contenido. Rafecas no es de ningún modo un antisemita, pues publicó una investigación del Holocausto contra el pueblo judío, ni tampoco anti-sionista. Macri y la Bullrich desataron una campaña furiosa contra Rafecas, mientras CFK archivaba con diligencia el asunto, en su condición de Presidenta del Senado. Rafecas no era, como es obvio, el candidato de preferencia de Macri ni de CFK. El Senado no reunía los dos tercios necesarios para la aprobación del pliego del ‘pollo’ de Alberto.

Este impasse generó un conjunto de maniobras curiosas. El kirchnerismo desempolvó un proyecto del radical macrista Martín Lousteau, que eliminaba la exigencia de esos dos tercios, a cambio de reducir a cinco años la duración en el cargo que es hasta ahora vitalicio, en igual condición que los jueces de la Corte. De ese modo se solucionaba la falta de votos para nombrar un Procurador. Los macristas reaccionaron ante este giro hacia sus posiciones de un modo sorprendente pero no sorpresivo. Ahora denuncian que el proyecto sería inconstitucional, porque temen, claro, que los K designen a alguien de su palo, aunque sea por cinco años. Sostienen que es un tiempo suficiente para que el Fiscal ayude a desbaratar los juicios por corrupción contra la Vice. Otro dato curioso es que lo mismo sostenía la ultra-kirchnerista Gils Carbó cuando fue defenestrada de malos modos. La tercera curiosidad es que la macrista Elisa Carrió reclama recuperar la candidatura de Rafecas, quien no está interesado en un cargo quinquenal – es vitalicio o nada.

“Contrapoder”

Como se desprende de este relato, el poder permanente del Estado -la institución compulsiva por excelencia- se dirime entre camarillas ajenas a la decisión popular. Ha abierto una disputa al interior del macrismo como del kirchnerismo. La inamovilidad de los jueces, en especial cuando se trata de la Corte y la Procuración, es presentada por los ‘filósofos’ del derecho como un “contrapoder”. Por cierto. Pero no, como alegan, contra el poder personal del Ejecutivo, al cual se le reconoce el derecho a gobernar por decreto (o eventualmente contra un Congreso uni-partidista), sino contra la ciudadanía. Esta es privada de la posibilidad de cambiar la estructura del poder político judicial por medio de la renovación periódica de sus representantes. La definición del Poder Judicial como un “contrapoder” desmiente la tesis de que no se trata de una institución netamente política.

La sustitución de la inamovilidad del Procurador por un período renovable de cinco años es, de nuevo, un recurso político para manipular, entre otras cosas incluso más importantes, las cuestiones judiciales que enfrentan unos y otros. No es una ‘democratización’ de la Justicia, ni el proyecto tuvo nunca esa intención. Pero, además, tiene incongruencias insalvables. Ocurre que una reciente reforma judicial ha transferido la capacidad acusatoria de los jueces a los fiscales, todos inamovibles, pero presididos por un Fiscal General que tendría un mandato con caducidad cierta. La necesidad de emparchar el sistema para resolver las crisis políticas inminentes, acaba en estas contradicciones fatales. Las contradicciones del proyecto facilitarían las operaciones para que la Corte lo declare inconstitucional, como ya lo advierten o, mejor, amenazan algunos ‘constitucionalistas´. Democrático sería, a pesar de todas sus limitaciones, convertir a todos los jueces y fiscales en renovables y revocables, en total paridad. Pero incluso un cambio de esta importancia no quitaría a la Justicia su condición política, pues seguirá lidiando en conflictos entre intereses privados y el poder público. La soberanía popular es históricamente incompatible con las condiciones del capitalismo y del Estado.

La Izquierda

El oficialismo no tiene, sin embargo, los votos necesarios para esta reforma, al menos por el momento. La izquierda, por cierto, no puede ignorar la importancia de los choques coyunturales entre y dentro de los partidos patronales – contradicciones que son parte de la situación política concreta. Pero es necesario, por sobre todo, ubicarlos en una perspectiva correcta.

Un Procurador del kirchnerismo, que ponga fin al mandato usurpador interino de Casal, no es una opción admisible. Para las luchas de la clase obrera, un Sergio Berni en la Procuración no es una alternativa a Casal-Bullrich. Al final de cuentas, el gobierno nacional y popular se encuentra empeñado en reconstruir la tutela del FMI y los fondos internacionales sobre Argentina, que hizo trizas la gestión macrista. El macrismo y los Fernández compiten de igual a igual en materia de empobrecimiento de los trabajadores y el hundimiento de salarios y jubilaciones. La izquierda no puede asumir la responsabilidad política, como lo ha hecho en ocasiones importantes, que hemos denunciado desde estas páginas, de validar a un Procurador que tendrá como tarea respaldar la política anti-obrera actual – sea mediante el voto u otorgando quórum. El seguidismo a la demagogia nacionalista que va a la rastra del Club de París y va atrás del sionismo, ha sido la ruina de todas las izquierdas que lo practicaron. Los Fernández no sólo no han condenado la masacre contra Gaza y la represión criminal en los territorios ocupados y en territorio israelí, también han enviado al Congreso y a las legislaturas, para su ratificación, el tratado internacional elaborado por Trump y Netanyahu, que censura las críticas al sionismo.

Dicho esto, la crisis en torno a la designación del Procurador es fundamental para la izquierda – no un trámite parlamentario más. Porque es la oportunidad para usar esta crisis para denunciar lo que está en juego, o sea, la podredumbre institucional del Estado que impone los planes de hambreamiento generalizado. Es una ocasión para denunciar el sacrificio de vidas que la llamada ‘apertura’ de la economía y escuelas ha significado para decenas de miles de seres humanos, bajo la presión de los grandes capitales y de la patronal de la educación privada.

La comprensión, por parte de las masas, del impasse mortal del capitalismo y sus instituciones, es absolutamente fundamental para poner a los trabajadores en el camino hacia su propio poder.

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