Bimodalidad, calidad educativa y sobrecarga laboral

Desde las declaraciones del gobierno para la vuelta a la presencialidad en pandemia, en el hormiguero de la docencia se ha producido mucha actividad. La reorganización de las dinámicas de trabajo a la luz de la precarización laboral está desmoronando toda la estructura de la continuidad pedagógica. Frente a este panorama se abre un interrogante sobre la calidad educativa de lxs estudiantes. Las condiciones sociales y económicas que viven tanto las familias como la docencia permiten señalar que el estado está sometiendo el derecho a la educación a la esfera del mercado. En un contexto de pobreza e indigencia crecientes por lo tanto es el principal vulnerador de dicho derecho.

Las vías de coacción que someten a la docencia y a las familias a la presencialidad en pandemia dejan al desnudo todas las contradicciones de un estado que no vela ni por cuidar a lxs trabajadorxs de la educación ni por garantizar educación de calidad para lxs estudiantes y seguridad para sus familias.

La bimodalidad educativa se sostiene con la sobrecarga laboral hacia lxs docentes. La falta de cobertura de cargos frente a docentes con dispensa debe leerse como un spot publicitario al mejor estilo “olorcito a ahorro” que baila al compás de un miserable ajuste en el presupuesto para la educación que lleva décadas de implementación. La dilatación de la cobertura de cargos impacta en dos sentidos que a nivel sindical deben ser denunciados de forma urgente. La sobrecarga de tareas de lxs docentes que no están dispensados se da cuando se los invita a “colaborar” en cubrir grados y burbujas en la presencialidad con el argumento que vela: “los chicos son de todos”. De esta manera, frente a la incertidumbre que provoca la incoherencia de volver a la presencialidad en pleno invierno y en una pandemia de características inéditas y sumado a ello la incapacidad del gobierno por determinar el tiempo por el cual esto pueda desenvolverse, se le suma la falsa promesa de cobertura del cargo con fechas que se corren como la línea del horizonte de forma permanente generando un impacto en la planta docente de cada escuela que el sindicato está avalando.

La discontinuidad pedagógica provocada por la falta de recursos económicos para acceder a dispositivos y conectividad en el contexto de pandemia es una responsabilidad indelegable del Estado que lxs docentes han suplido hasta ahora con sus recursos propios. Lo mismo ocurre con las actividades en formato papel. Entonces, la sobrecarga laboral también deja en evidencia una sobrecarga económica. Lxs docentes para trabajar están pagando de su bolsillo las condiciones que debiera garantizar el estado. Los acuerdos salariales a la baja son otra entrega histórica por parte de la burocracia sindical docente que avala que se cristalice un nuevo item por conectividad en el recibo de sueldo, cuyo monto ninguna de las empresas prestadoras de internet tiene de promo en su oferta de servicios.

Las inspectoras están presionando sobre los equipos de conducción de todos los niveles para garantizar comunicaciones que estallan el estatuto docente malinterpretando la normativa a su antojo. En el afán de continuar ahorrándose los salarios de las dispensas piden también la presencia en grado de los Equipos de Orientación Escolar, profesorxs especiales, bibliotecarios y todas las figuras disponibles en la POF que puedan entrar como docentes. De este modo está claro que la continuidad pedagógica se diluye y se licúa alcanzando órbitas impensadas. ¿Cuál es la calidad educativa que tiene para ofrecer el estado a lxs estudiantes en todos los niveles? ¿Quién acompaña efectivamente esas trayectorias en un contexto social que irrumpe en todos los aspectos de la reproducción de la vida?

Efectivamente el gobierno ha logrado imponer una vuelta a la presencialidad en pandemia orquestada al ritmo de vacunación “masiva” y una merma de casos en el AMBA. Sin embargo, la circulación de personas que implica la presencialidad educativa volverá a elevar los contagios consecuentemente. La incoherencia de la medida es mayúscula, no se encuentran lógicas asentadas en los derechos ni de salud ni de educación. Las lógicas habilitantes responden a los intereses económicos de imponer la “nueva normalidad” de volver al trabajo a como dé lugar, cueste lo que cueste.

El tiempo de esta pulseada choca de lleno con la salud y la vida de lxs trabajadores y desocupados. La docencia está soportando décadas de baja en la calidad educativa al mismo tiempo que se asfixia económicamente.

Nadie puede reclamar educación estando muerto. En todo caso cabría preguntarse si estamos dispuestos a que el abaratamiento en la política educativa se haga con el sacrificio de la salud de lxs docentes, de lxs niñxs, y adolescentes y sus familias. Éste es momento de organizarse.

No a la presencialidad en pandemia.

Dispositivos y conectividad para todxs a cargo del Estado en todos los niveles.

Cobertura de cargos urgente.

Propuestas educativas de calidad que tiendan a reparar los meses de las desvinculaciones pedagógicas a causa de la conectividad no garantizada por el Estado.

Vacunación para la comunidad educativa con prioridad para cuidadorxs de lxs niñxs y adolescentes.

Relevamiento de casos de niñxs y adolescentes con desarrollo de síntomas y evolución del cuadro.

Apertura de informes de Salud Escolar frente a la circulación comunitaria del virus.

Ampliación de partidas para SAE (Servicio Alimentario Escolar).