Chano y Victoria Núñez: el ajuste en salud y la represión como respuesta

Reducir a la coacción, balas o pistolas con descarga eléctrica el abordaje y problemática de una persona en situación de descompensación psicótica y/o consumo problemático como en el caso Chano, está lejos del deber y responsabilidades del estado.

Desde 2013 está en vigencia un protocolo emitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, para las fuerzas de seguridad, donde queda prohibida la agresión debiendo acudir al llamado del equipo de salud Mental sólo como auxiliares.

La ley de salud mental establece claramente que una persona puede ser internada de forma voluntaria o involuntaria, siempre como último recurso. Quita el poder absoluto de decidir descargando la responsabilidad sobre los trabajadores de la salud mental al momento de la internación. La ley no deja herramientas alternativas para actuar si el paciente presenta riesgo cierto e inminente contra su vida o la de terceros, dejando a la policía que controle la situación de la única manera que sabe, con un disparo de bala en el abdomen en el caso de Chano.

Además, en los últimos tiempos, Victoria Núñez, una mujer trans, fue asesinada por asfixia (en una maniobra similar con al que fuera asesinado George Floyd en EEUU), en manos de la policía, que intervino tras un llamado al 911 del novio de la víctima, dando aviso de que su pareja estaba atravesando un episodio de descompensación en su salud mental. La intervención estatal estuvo otra vez, fuera de tiempo y espacio y llegó de la única manera que sabe: con represión.

Estamos en presencia de un Estado que, por un lado se muestra “negligente” y “ausente” a la hora de asistir a las personas con patologías en salud mental; y por el otro, se hace presente para dar una respuesta represiva ante tanto abandono. Tenemos una ley de salud mental vigente que es letra muerta convirtiéndose solo en una simple declamación de derechos y deja a la luz la desprotección de todos los que necesitan atención, contención y constancia en un tratamiento de salud mental.

Los gobiernos avanzan hacia la mentada “refuncionalización” de los Hospitales de Salud Mental, pero sin la inversión necesaria para el abordaje comunitario de las personas con patologías mentales, resulta lisa y llanamente el cierre de hospitales y un abandono flagrante de esas personas. Pero las problemáticas de salud mental y de consumo problemático crecen abruptamente con la crisis humanitaria que se desarrolla con la pandemia y el estado primero abandona, desprotege, luego criminaliza y reprime.

El desinterés del Estado en Salud Mental es algo que denunciamos desde hace años. Paradójicamente, el Estado solo se hace presente para aplicar una lógica manicomial de dominación y opresión.

Los trabajadores de salud mental debemos darnos un debate. Estas breves líneas pretenden ser un aporte al mismo.

No a la represión a las personas con patologías psiquiátricas y en situación de consumo problemático.

Inversión en Salud Mental, con salarios mínimos igual al costo de la canasta familiar, acordes para abordar y brindar una adecuada contención, institucional y/o en tratamientos en el ámbito comunitario.