San Cayetano no trajo milagros

De un modo impensado, el oficialismo gobernante acaba de confirmar una de las cuestiones que nuestra corriente, Política Obrera, viene señalando con fuerza. A saber, que la crisis histórica de la Argentina tiene como cuestión central al crecimiento exponencial de la pobreza. Ayer, sábado 7, los movimientos sociales afines al gobierno celebraron el día de San Cayetano con una marcha que no se dirigió en procesión a Liniers sino a Plaza de Mayo, y “con reclamos”. A la cabeza de la movilización se colocaron varios dirigentes sociales que son, a su vez, funcionarios del ministerio de desarrollo social – es el caso de Daniel Menéndez, dirigente de la fracción oficialista de Barrios de Pie y actual candidato a diputado del FdT. Uno de los referentes de la UTEP, Esteban Castro, advirtió que su organización “no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente”. La crisis social, como se ve, penetra por las rendijas de los movimientos oficiales.

¿Cuál fue el programa de la marcha cayetana? En un reportaje a La Nación, Menéndez subraya “el fracaso de los planes sociales para combatir la pobreza“. Suena fuerte, pero no deja de ser una verdad de Perogrullo. Por empezar, los planes representan la quinta parte de la llamada “canasta de pobreza” –no resuelven las necesidades elementales de una familia de desempleados. Por otra parte, sólo los cobran uno de cada 10 desocupados o subocupados. Más allá de estos datos, el funcionario Menéndez llega muy tarde a la constatación de que la asistencia social no resuelve la pauperización general. Los planes fueron una conquista arrancada por las luchas piqueteras del “Argentinazo”. Pero por su alcance nunca han sido un subsidio al desempleado, el cual debería estar vinculado al salario: el régimen social y político se las arregló para que nunca se acercaran a un salario, es decir, que cristalizaran la pobreza.

Algunos animadores de la marcha Cayetana reivindican un “salario básico universal” en reemplazo de los planes, el cual se otorgaría a todos aquellos que no registren una relación laboral. Pero el gobierno debería pagar un costo muy alto por esa “universalidad”. Lo demostró el IFE, donde se terminaron inscribiendo la friolera de 9 millones de desocupados o precarizados. Precisamente, fue la desaparición del IFE, junto a otros ajustes, lo que pavimentó el inicio de negociaciones con el FMI. Ahora, una “asistencia universal” está fuera del radar de la austeridad fiscal que está en marcha y que se acentuará con el acuerdo con el Fondo. A menos, claro, que la “universalidad” tenga como contrapartida a un subsidio de monto irrisorio. Ninguno de los animadores de la marcha cuestionó el pacto en puertas con el FMI.

Daniel Menéndez, en La Nación, plantea otra ruta-la “transformación de la política social en política productiva”, “a través de las cooperativas que dependen de los movimientos sociales”. Menéndez omite que ese “modelo” ya está presente en las actuales cuadrillas de los planes Potenciar Trabajo. Pero él sabe mejor que nadie, primero, que los desocupados rechazan trabajar por 17.000 pesos; segundo, que los municipios o estados provinciales, con presupuestos exiguos o absorbidos por los punteros y contratistas afines, no quieren ni pueden articular a las cuadrillas del “Potenciar”. La tentativa de “cooperativizar” a los desocupados ya fue recorrida por la gestión Arroyo: el rechazo de los ´beneficiarios´ a “trabajar por el plan” es, sencillamente, el rechazo de la clase obrera a descender al escalón más bajo de la miseria y la indigencia. La transformación de la UTEP en un sindicato –también reclamada en la marcha- es inseparable del planteo cooperativo. Los dirigentes de UTEP se han ocupado en señalar que “no le reclaman nada a la CGT”, es decir que no buscan agremiarse en tanto trabajadores, sino como federación de pretendidas “cooperativas”.

En la línea del “rechazo a los planes”, y sin necesidad de ir a la marcha cayetana, se ha anotado alguien muy cercano a Alberto Fernández. En una nota publicada en Infobae, Gustavo Beliz, el secretario de “asuntos estratégicos” del gobierno de Todos, suscribe el planteo de Menéndez –abolir los planes y favorecer las cooperativas, como transición hacia “normativas (laborales) que permitan el trabajo formal”. El texto de Beliz rezuma el viejo planteo de hacer de las cooperativas una gran plataforma de trabajo precario, tercerizando tareas y servicios en favor de empresas de mayor porte. Se quiere pergeñar una salida de “monotributismo” masivo como respuesta a la actual catástrofe laboral. Beliz también propugna mecanismos de “transición” entre los planes y el ingreso al trabajo. Es lo que ya intentó el macrismo con los planes “Empalme”, sin mayores resultados.

La crisis histórica de empobrecimiento abrió una deliberación entre todas las clases sociales. El piqueterismo afín al gobierno, detrás de algunas reivindicaciones, acompaña los planteos conceptuales del gran capital: la pauperización general no requiere una transformación social general, sino “otras modalidades de empleo” –o sea, la quimera de recuperar el derecho al trabajo a cambio de la precarización permanente. Es el camino ya recorrido por las reformas laborales menemistas y aliancistas, y consolidadas por los nacionales y populares posteriores. Esas reformas degradaron la condición laboral, facilitaron los despidos y no contribuyeron con un solo puesto de trabajo.

Despejada toda esta maleza de propuestas de dudosa concreción, lo único que queda en el discurso de los piqueteros oficiales es “el fracaso de los planes”; o sea, una forma sinuosa de admitir que la tijera del ajuste fiscal también se meterá en los miserables “Potenciar Trabajo”, y en otras asignaciones que terminarán siendo licuadas por la inflación. El nombramiento de Juan Zabaleta en el ministerio podría ser la punta de lanza para esta tentativa. La crisis política concentrada en la pobreza obliga al movimiento piquetero a debatir un programa de conjunto: unidad con las organizaciones obreras para defender un salario igual a la canasta familiar; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; ingreso masivo al trabajo a través de un plan de obras públicas focalizado en la vivienda y en necesidades sanitarias, con salario de convenio y financiado a costa del desconocimiento de la deuda pública interna y externa.

San Cayetano, en definitiva, no trajo milagros. Pero en la persona de más de 100.000 desocupados y empobrecidos movilizados por las organizaciones oficiales, puso de manifiesto la impotencia de la política oficial frente a la crisis histórica de Argentina.