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La media sanción, por parte del Senado, a la extensión de la “ley de emergencia territorial indígena”, ha demostrado divisiones políticas significativas. Mientras la mayoría de los senadores radicales acompañó el proyecto, el conjunto de legisladores del PRO lo rechazó. Para Ernesto Martinez (PRO- Córdoba) “(votar) esta prórroga es un suicidio institucional”, porque alentaría los sucesos “terroristas” (sic) en la Patagonia. Se trata de un choque de posiciones acerca del avance territorial de mineras, petroleras, latifundistas y negocios del turismo internacional, a costa del derecho a la tierra de aborígenes y criollos.
La ley "protectora" de comunidades indígenas, sancionada en 2006, ha tenido enormes dificultades de implementación. Después de quince años no se ha completado siquiera el relevamiento del conjunto de las comunidades. De las 1760 reconocidas por el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), apenas el 50% se encuentra en “diferentes niveles de ejecución” (canalabierto.com 28/10). A su vez, se ha continuado con los desalojos y se ha expulsado de sus territorios a comunidades enteras, tanto por no estar registradas como también por la falta de adhesión de varias provincias. Se han denunciado relevamientos producidos sin la participación de las comunidades. El “Frente de Todos”, que ha impulsado una nueva extensión, presenta a la ley como “una herramienta de paz social” y no como un factor de restitución de derechos de los pueblos indígenas.
La etiqueta de "terroristas" a los mapuches ya había sido aportada por Sergio Berni, un furioso cristinista, quien exigió “el envío de tropas”. Finalmente, esas tropas fueron efectivamente enviadas, mientras el propio Presidente decía que no correspondía hacerlo. El conflicto con los mapuches se ha convertido en un fuerte elemento de la crisis de gobierno. Los grandes intereses capitalistas que promueven los ataques a las comunidades indígenas no encuentran aún un régimen político medianamente sólido para atacar en toda la línea; ya se ha manifestado de este modo bajo el gobierno de Macri.
El lenguaje de guerra civil promovido por sectores del gobierno y de la oposición no debe ser menospreciado, porque corresponde a una tendencia de fondo del imperialismo.
