“Cada comunidad educativa puede adaptar la ESI a su ideario institucional”

A 15 años de la sanción de la Ley de ESI, todavía no se aplica en instituciones, regiones y provincias enteras del país por los obstáculos y resistencias de cuño clerical. Desde hace años que vemos una disminución del presupuesto educativo, -el presupuesto 2022 supone una rebaja del 6,2% en educación con respecto al 2021-, y un consecuente vaciamiento y degradación educativa. Actualmente, la oferta de formación docente en ESI en servicio es inexistente, mientras que la gratuita es sumamente exigua y se concentra en el posgrado. Esto permite, en los hechos, la proliferación de cursos privados y pagos, de calidad irregular.

En cuanto a la oferta gratuita, contamos con la especialización del Joaquín V. González, con 2.000 aspirantes para 200 vacantes en cada inscripción. Escuela de Maestros en CABA ofrece un postítulo y, al igual que el INFoD, provee otros cursos cortos cuyas vacantes se agotan enseguida y están siendo reemplazados por modalidades virtuales o bimodales, de menor profundidad. Se llega incluso a festejar la masividad que permiten los cursos virtuales “autoasistidos”, estandarizados y “enlatados”, similares a los que se están implementando en el marco de la Ley Micaela, pero difícilmente un docente o funcionario público logre aprender algo valioso o incluso modificar actitudes machistas a través de un curso cuyo trabajo final consiste en repetir información memorística que circula por internet.

En cuanto a la oferta paga, a los cursos que brindan institutos privados y algunos sindicatos (varios de los cuales se dedican casi exclusivamente a la venta de cursos para obtener mucho puntaje en poco tiempo), se suman las diplomaturas pagas de universidades nacionales como la UBA, la UNSAM, la UNTREF o la UNAJ, impulsadas por académicas feministas como Dora Barrancos y Graciela Morgade, ambas con posiciones en el gobierno nacional actual.

La diplomatura “militante” de la UBA

Nos detendremos especialmente en la diplomatura en ESI de la UBA. Si bien varios profesorados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han incorporado al menos una materia de ESI, no es el caso de los profesorados de la UBA, donde su ausencia casi total es flagrante. Graciela Morgade, quien se presenta a sí misma como una gran impulsora de la ley de ESI y que fue decana durante seis años de la Facultad de Filosofía y Letras, no ha sido capaz de incorporarla en las carreras de grado, sino que, por el contrario, coordina la diplomatura paga. Es decir, un avance en la privatización de la educación universitaria a través del pasaje de materias del grado a posgrados arancelados.

Ignorando las largas tradiciones internacionales de lucha por los derechos de las mujeres y las diversidades, la bibliografía decide partir del debate en nuestro país, que llevó a la sanción de la Ley Nº 26.150 de ESI en 2006 y justifica la incorporación del artículo 5 en términos “tácticos”, de “construcción de consensos”. El artículo establece que cada comunidad educativa puede adaptar la propuesta a su ideario institucional: se trata de la llave que ha permitido que la ESI aún no se aplique efectivamente en numerosas instituciones educativas, principalmente privadas y confesionales. En su momento, las socialistas argumentamos en contra de la figura de “ideario institucional” y advertimos que después de la sanción de la ley sería necesaria la organización y movilización constante del movimiento de mujeres y diversidades para asegurar su aplicación. Algo similar ocurrió con la ley del aborto legal y la “objeción de conciencia”.

La diplomatura avanza un paso más en la lavada de cara a la responsabilidad del Estado al convocar a personajes como Cecilia “Chachi” Velázquez, ministra de Educación de la provincia de Santa Cruz, responsable de los salarios de miseria de la docencia santacruceña que en 2017 respondieron con una huelga de 100 días, o Cristina Echegoyen, Secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad de SUTEBA, militante de la burocracia de la Celeste, quienes en lugar de organizar a la docencia para reclamarle al Estado el presupuesto necesario para educación, descargan la responsabilidad de aplicar la ESI en los docentes que "no quieren interiorizarse en la perspectiva integral", cuando la demanda de formación es testimonio de que ganas no faltan.

Es necesaria la unión docente estudiantil para reclamarle al Estado la aplicación plena de la ESI desde una perspectiva laica y científica. Esto implica la formación masiva, gratuita y en servicio de docentes, para que no dependa de la voluntad individual de cada docente ni de la cantidad de tiempo libre con el que cuente, cada vez más escaso ya que debemos trabajar cada vez más para tener un salario que supere la canasta de pobreza.