De dos años de ajuste anti-obrero al acuerdo con el FMI

Luego de dos años de un "ajuste" implacable contra los trabajadores ocupados, desocupados y y jubilados, la inflación, el gobierno se encuentra en un rincón. Nada de eso ha alcanzado para sacar a la Argentina del "defol", o sea, para refinanciar el pago de la deuda pública, interna y externa, con acreedores privados e institucionales. Son más de 400 mil millones de dólares, lo que equivale a un 130% del PBI. Vienen por un ajuste mayor: el acuerdo con el FMI.

Los choques de intereses que han demorado ese acuerdo hasta ahora, han hecho naufragar los acuerdos que fueron alcanzados, con anterioridad, con los acreedores privados. El gobierno no tiene condiciones de cumplir con los plazos establecidos en esos acuerdos, para pagar el ciento por ciento de esa deuda. Los fondos internacionales y nacionales que tienen esa deuda de Argentina, han perdido un mónton de dinero que quieren recuperar por medio de medidas que sean impuestas por el FMI. La principal de ellas es una devaluación fuerte del peso, que lleve el dólar "oficial" a un valor de entre 150 y 175 pesos. Semejante devaluación no sólo sería un golpe letal a la economía de los trabajadores, sino que también podría llevarse puesto a los Fernández e incluso su destino judicial.

Otra consecuencia de una mega devaluación sería ahogar la recuperación económica que se registra después del hundimiento que provocó la pandemia. Una recesión afectaría los intereses de muchos negocios, en particular en la industria y en la construcción. Las patronales de la construcción y de la metalurgia acaban de pronunciarse en apoyo a los términos que plantea el gobierno en la negociación. O sea, una devaluación "más suave" y la continuidad del "cepo" al dólar. Tanto los partidarios de la mega y la mini devaluación coinciden, sin embargo, en algo fundamental: tarifazo y desindexación de salarios, jubilaciones y protección social. Son partidarios de aplicarla, por el contrario, a tarifas, alquileres y títulos de la deuda pública interna.

Pero, ¿por qué deberían pagar los trabajadores lo que es una consecuencia de la gestión capitalista del Estado, de los Macri por un lado y de los Fernández por el otro? ¿Por qué deberíamos bancar la anarquía capitalista, que cuando un capital gana se queda con la ganancia, y cuando pierde transfiere las pérdidas? Los capitalistas locales tienen cerca de 500 mil millones de dólares en el exterior, lo que convierte a Argentina en un país acreedor, pero pretenden que la deuda pública la paguen los que viven de su trabajo. Bien mirado, esos 500 mil millones de dólares en el exterior, salieron de la deuda que contrajo el Estado y que ahora, lógicamente, no pueden pagar. Ese vaciamiento financiero se encuentra perfectamente documentado, de modo que no plantea ninguna dificultad identificarlo. Asistimos a una operación de “autolavado” como el que se imputa a la familia Kirchner, por apropiarse de parte de los ingresos de las obras de infraestructura concedidas por el Estado.

El acuerdo que los Fernández buscan con el FMI debe ser rechazado en cualquiera de sus variantes, porque significa más penuria y sufrimiento para el pueblo. Punto. No existe el acuerdo "bueno" y el acuerdo "malo", salvo para los capitalistas que se encuentran en pugna en el actual escenario económico. Los fondos internacionales y los capitalistas locales que quieran cobrar sus deudas, pueden recurrir a los tribunales internacionales y nacionales, para que investiguen el origen del dinero de Argentina en el exterior. La responsabilidad por no hacerlo corre por cuenta del estado capitalista, no de los trabajadores. Una de las primeras medidas que tomará un gobierno de trabajadores será hacer públicas las cuentas de los capitalistas. La defensora de los pobres, Cristina K, sabe perfectamente bien que los exportadores retienen los dólares en el exterior, lo mismo que hacen los importadores por medio de sobrefacturaciones, mientras financian las ventas y compras al y del exterior, con créditos locales al tipo de cambio oficial. Por medio de este tipo de vaciamientos y muchos otros se sigue acumulando la transferencia de dinero a la cuentas del exterior.

Los fondos internacionales y nacionales dicen que una mini-devaluación no alcanza, y prometen seguir atacando al peso en caso de que el acuerdo con el FMI establezca esa salida. Advirtieron que no aceptarán ninguna renegociación de pagos cuando haya que comenzar a cancelar el capital, a comienzos de 2024. Esta presión profundizará la inestabilidad financiera y la inflación. Del otro lado, reclaman una devaluación "modesta" y un cepo prolongado, para seguir recuperando mercados y negocios, pero con la condición de que no se demoren los tarifazos. Esta pelea que cruza a toda la burguesía fondomonetarista fomenta la desorganización económica, la inflación y la crisis política. Es la base económica de las crisis de FdT y JxC. Los trabajadores no debemos pagar la anarquía capitalista de ninguna manera. Es necesaria una salida política de la clase obrera.

Consecuencias

En 2018, cuando Macri pidió el "socorro" del FMI, el peronismo, la burocracia de la CGT y los kirchneristas no hicieron nada para impedirlo, cuando tenían una cómoda mayoría en el Congreso. La consigna fue: “tenemos 2019”. Ahora son ellos los que reclaman, y con urgencia, "arreglar" con el Fondo. Están empeñados en hacer lo que sea para impedir una sublevación popular, para que el FMI "ordene" el escenario de la economía.

No es una situación política desconocida para la clase obrera. La misma conducta política tuvieron el peronismo y la burocracia en el "Rodrigazo" de 1975; en la hiper de Alfonsín; ante las privatizaciones de Menem; en el Argentinazo; y en la hiperdevaluación macrista. Un politólogo muy cotizado acaba de escribir en Clarín (30.11) acerca de “La asombrosa resiliencia argentina”. La conclusión del politólogo es: "vengan a degollar nomás, que el sistema político de peronistas y gorilas aguanta lo que sea". Sobre el infinito crecimiento de la pobreza que resulta de este "aguante", el politólogo no dice nada.

Las crisis repetidas del medio siglo reciente han desarrollado en la clase obrera una variedad de anticuerpos políticos. Un crecimiento del activismo clasista en empresas y sindicatos; un movimiento piquetero que enfrenta todo el tiempo los intentos de cooptación estatal; una juventud combativa; luchas vigorosas por los derechos de las mujeres, sujetas también a la presión para integrarse al Estado; un crecimiento de la izquierda, aunque su potencial revolucionario se encuentra neutralizado.

Es necesario un plan de lucha de este conjunto de fuerzas trabajadoras. El sábado 11 tendrá lugar una marcha a Plaza de Mayo convocada por diversas organizaciones de izquierda. Pero es necesario, por sobre todo, un plan de lucha del conjunto de los luchadores obreros y sus organizaciones de empresa y sindicatos. El objetivo es definir las reivindicaciones y métodos de acción para enfrentar el acuerdo con el FMI y la grave situación actual. Debemos poner en movimiento barrios y fábricas. Es imposible ignorar que el cimbronazo de una devaluación suscite la respuesta de los trabajadores, sea mediante huelgas parciales y generales. El rechazo a cualquier acuerdo con el FMI debe ir acompañado por el reclamo de un aumento del ciento por ciento de salarios, jubilaciones y planes sociales –por un ingreso mínimo igual al costo de la canasta familiar.

Tampoco se puede ignorar que ese acuerdo será precedido o seguido por un pacto político que se votaría en el Congreso, para encubrir el desfalco económico por medio de una suerte de legalidad democrática. El rechazo, en este caso, al conjunto del sistema político, deberá ser sustentado en una alternativa. El propio desarrollo de la crisis plantea la reivindicación política del gobierno de los trabajadores. El progreso del plan de lucha de los luchadores obreros y sus organizaciones plantea un Congreso de la clase obrera, un órgano de unificación política de la clase, y por lo tanto de poder.

La crisis política y social que debe enfrentar la clase obrera por medio de su propio plan de lucha, es más amplia que lo que puede significar un acuerdo del gobierno y del estado con el FMI. El recrudecimiento de la pandemia no significa que los gobiernos vayan a recurrir a los confinamientos del principio de ella. Entre la salud y la "economía", se han decidido irrevocablemente por la "economía". Se ha puesto de manifiesto la incompatibilidad del capitalismo con la vida humana. En esta nueva fase, los gobiernos han abrazado, casi sin fisuras, la política de la "nueva normalidad", o sea la convivencia con el virus, y la convivencia del virus con planes de ajuste contra las masas.

Estamos frente a una lucha de época.