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En ocasión de la marcha de la ‘militancia’, el pasado 17 de noviembre, los burócratas de la CGT repitieron, ante cualquier periodista que tuvieran a manos, que urgía el acuerdo con el FMI. No podía ser de otro modo, porque la marcha era en apoyo a AF, frente a una vicepresidenta a la que se le adjudicaba una posición contraria o reticente. Silvia Naishtat, en Clarín (28.11), informaba de “las reuniones que se intensificaron entre la nueva conducción de la CGT y el poder económico...para evitar el precipicio. ‘Hay que desmalezar la economía y en ese sentido el acuerdo con el FMI ayuda a desmalezar, sueltan’”. Para esa operación de limpieza “analizan un blanqueo de los dólares en el colchón para la construcción”. Es una de las piezas del “plan plurianual” con el que Martín Guzmán pretende convencer a los fondos internacionales para que apoyen al gobierno frente al FMI.
Nicolás Belinotti, en La Nación (27.11) es un poco más contundente. “En sus diálogos con referentes empresarios de la UIA y AEA”, informa, “los sindicalistas abogan por un acuerdo con el FMI lo más pronto posible. Se lo dijeron al Presidente y al jefe de Gabinete, el tucumano Juan Manzur, durante el asado en el quincho de Olivos. No se concibe un escenario de default”, o sea, “el precipicio”. En realidad, entre el ‘precipicio’ que generaría un default y el ‘precipicio’ que provocaría un acuerdo con el FMI, prefieren éste último, porque enfrentarían una resistencia popular en un bloque conjunto con las entidades patronales. La burocracia se juega abiertamente por el acuerdo con el Fondo, porque teme, por sobre todo, el precipicio’ del inmovilismo. “Pablo Moyano participó”, relata Belinotti, de las charlas” (con los empresarios) y convalidará ahora un acuerdo (con el FMI)”. “Tenemos que dar garantías jurídicas y ser creíbles”, habrían dicho, “para que (el) dinero se vuelque a la inversión”. “Alberto Fernández... Logró blindar con el apoyo sindical el borrador del plan plurianual que enviará al Congreso antes de negociar con el FMI”.
El “plan plurianual” es un compendio de negocios que el gobierno de los Fernández ha estado negociando con la Cámara de la Construcción, el Consejo Agropexportador, los ‘unicornios’ digitales, la industria petrolera y la minería. Sería una suerte de canje de deuda externa por facilidades de inversión en tarifas y estabilidad cambiaria y exención de impuestos. Un plan Menem-Cavallo para salir del segundo default del siglo XXI. Claro que, primero, hay que firmar con el Fondo y proceder el ajuste de tarifas y a la devaluación del peso, para poner el plan de entrega en primera velocidad. A esta política, que tiene por víctimas a los trabajadores, la burocracia la denomina defender “la gobernabilidad”.
Es cierto que esa misma burocracia ha dicho, en módicas ocasiones, que no aceptaría ningún compromiso de reforma laboral con el FMI. Pero el lenguaje de la burocracia no es del común de los mortales – en lugar de ‘inclusivo’ es excluyente o hermético. Porque también ha dicho, con mayor frecuencia, que la reforma laboral es un asunto reservado al ámbito de las paritarias o convenciones colectivas. Es lo que ha venido haciendo, mucho antes de ahora.
El pacto con la UIA y AEA debe oficiar de garantía al FMI y a los fondos internacionales, de que la burocracia impulsará la ‘desregulación’ de las relaciones laborales en el marco regulador de las paritarias. A cada uno lo suyo: los parlamentarios que votan leyes son transitorios, la burocracia es permanente. Esta misma burocracia no habla nunca, sin embargo, de la reforma previsional – después de todo votó la privatización jubilatoria del menemismo e incluso organizó o se asoció a varias AFJP. La reforma previsional se ha consumado por completo en la práctica: las jubilaciones son un tercio de una canasta familiar, y el Fondo de Garantía tiene títulos en dólares que se cotizan al 25% de su precio de compra, y en pesos que valen todavía menos. El ajuste presupuestario que impulsan el FMI y Guzmán incorpora la ‘desindexación’ previsional.
El pasaje anticipado, anunciado y ratificado de la burocracia de la CGT a las patronales y al FMI, es un elemento político insoslayable en cualquier plan de lucha contra el acuerdo que está ultimando el gobierno. Es el asunto central. Las reservas de lucha del movimiento sindical se encuentran en las organizaciones fabriles, delegados y sindicatos independientes de la burocracia, o sea en la clase obrera como clase. La propaganda y la agitación deben unificarla políticamente en la lucha contra este acuerdo y contra toda la situación sin salida del ataque capitalista y del gobierno.
Es lo que hay que plantear en forma abierta.
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