El primer año de una gran conquista de la mujer y los trabajadores

Escribe Olga Cristóbal

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Se cumple un año de la conquista del aborto legal, el logro más importante del movimiento de mujeres en décadas. Fue arrancado por una movilización masiva en todo el país que arrojó a las calles -en muchos casos por primera vez- a millares de jóvenes, incluidos las y los de colegios religiosos. Y que se hizo presente con pandemia y todo, rodeando al Congreso en diciembre del año pasado.

La aprobación de la IVE fue un fuerte golpe al oscurantismo y a las iglesias católicas y evangélicas, que pusieron todo su peso político en tratar de abortar el proyecto, incluso en la versión descafeinada de los Fernández. Las piqueteras lograron doblarles el brazo a los curas villeros que argumentaron hasta el disparate en la defensa del aborto ilegal, al que quisieron investir hasta de un carácter antiimperialista.

El control del cuerpo de las mujeres, la maternidad compulsiva, es la llave maestra de la doble opresión, del acatamiento a la sujeción doméstica. Cumple la función de controlar, de tratar de retener en la cocina y la sumisión, a la primera línea de la resistencia de los explotados. A las más feroces enemigas de la burguesía cada vez que la crisis pone en cuestión la vida de la familia obrera.

En el camino de la discusión parlamentaria y el endiosamiento de la muñeca y el “cabildeo”, buena parte de la dirección del movimiento fue cooptada directamente por un gobierno cuyo presidente le extendió ridículamente una partida de defunción al patriarcado. Mientras, la situación de las trabajadoras se agravó de modo extremo, tanto por la gestión capitalista de la pandemia como por la miseria social, la desocupación y los femicidios.

En este primer aniversario, la Campaña por el Derecho al Aborto convoca a un pañuelazo en todo el país. La consigna central es por la efectiva aplicación de la IVE. El reclamo incluye la aplicación de la Educación Sexual Integral en el sistema educativo, la libertad a las presas por abortos y eventos obstétricos y el sobreseimiento a Miranda Ruiz, la única médica no objetora de conciencia del hospital Juan Perón de Tartagal, acusada de practicar un aborto sin consentimiento.

Una ley silenciada

Los únicos registros que existen sobre la IVE son los del sistema público de salud y muestran su incumplimiento en la mayor parte de la geografía nacional, incluida la provincia de Buenos Aires.

Por el lado de las prepagas -masivamente objetoras- y las obras sociales sindicales -asociadas a las prepagas-, los obstáculos denunciados por muchas trabajadoras hacen suponer que el panorama puede ser aún peor que en los hospitales y centros de salud estatales.

En 2021, en el sistema público de salud se llevaron a cabo 32.000 IVE, un número ínfimo si se lo compara con los 400.000 abortos ilegales que calculaba el mismo ministerio en años anteriores.

Las funcionarias celebran que en el primer semestre de 2021 se distribuyó casi tanto misoprostol como en todo el año anterior, 18.820 y 18.590 unidades respectivamente. Pero esos indicadores corroboran que la mayoría de los abortos se siguen realizando de modo clandestino.

Una política consciente para aplacar los roces con católicos y evangélicos es la falta de información: en el reino de la comunicación, las redes sociales, los flyers y los videos, ni el Estado Nacional, ni las provincias, ni la Ciudad de Buenos Aires hicieron campañas para que las mujeres sepan que la ley existe y dónde deben ir a requerir ese derecho.

El cumplimiento también es muy dispar. Mientras la Ciudad de Buenos Aires tiene 5,6 IVE cada mil mujeres (4.329 en total), la provincia de Buenos Aires tiene 2,2 por mil y el porcentaje baja a 0, 6 por mil en Corrientes, Formosa y Misiones.

Otro impedimento es la falta de equipos profesionales que ejecuten la práctica: hay solo 1.200 en todo el país. Esto se explica por el descalabro del sistema de salud pero también porque muchos profesionales se niegan a realizar la práctica por miedo a las represalias de los jefes clericales, las usinas del clero y los mismos gobiernos que han multiplicado las provincias y municipios provida. Quien hace abortos no solo compromete su estabilidad laboral sino que corre el riesgo de quedar encausado.

El problema no es de infraestructura: los requerimientos para ejecutar la interrupción del embarazo -voluntaria o legal- en el primer trimestre son mínimos, una ecografía, las pastillas de misoprostol. Por eso, casi el 80% de los de la Ciudad de Buenos Aires fueron realizados de forma ambulatoria por un centro de salud -Cesac-.

“Hay localidades en las que las mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros para poder acceder”, explicó Lucila Galkin, de Amnistía Internacional. Las mujeres de Andalgalá, en Catamarca, viajan 185 km hasta la capital para llegar al único hospital garante de la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Esto se repite en muchas provincias.

El cumplimiento efectivo del aborto legal exige la autonomía total de todas las fracciones políticas patronales, colonizadas hasta la médula por la Iglesia evangélica y católica, empezando por el gobierno que votó una ley para guardarla en un cajón.

Todos necesitan de las Iglesias, aliadas indispensables de los explotadores, y más cuando medio país está sumergido en la pobreza y el gobierno prepara mayores embates en sintonía con el acuerdo con el FMI.

En muchas barriadas, las mujeres del Polo Obrero Tendencia y de otras organizaciones del movimiento de desocupados han construido una sólida alianza con las y los trabajadores de los centros de Salud. Así, les ganaron la pulseada y lograron frenar la embestida de los curas villeros que trataron de apretar a los Cesac que garantizan la IVE.

La defensa de lo alcanzado y su profundización exige avanzar en la organización, la independencia política y la movilización. El frente único con la clase trabajadora.

En todo el país, el Plenario de Trabajadoras participará de los pañuelazos desde esta perspectiva.