Pase sanitario: de instrumento para alentar la vacunación a instrumento contra los vacunados

Escribe Ana Belinco

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En el marco de 100 mil nuevos contagios en sólo 24 horas y un ausentismo laboral que ronda el 20% debido al avance del covid, un grupo de ministros, encabezados por Martín Guzmán (Economía) y Carla Vizzotti (Salud), se reunieron con sindicalistas y empresarios como parte de una agenda política de cara al acuerdo con el FMI.

Durante la reunión se habló de las negociaciones, del impacto de la inflación y de la recuperación económica, pero la mayor preocupación de los invitados al cónclave -entre ellos, Daniel Herrero (Toyota), Antonio Aracre (Syngenta), Laura Barnator (Unilever), Verónica Marcelo (Natura) y los representantes de la CGT- fue una mayor flexibilización de los protocolos en los lugares de trabajo con énfasis en la necesidad de que se implemente un pase sanitario laboral obligatorio para “evitar que las cadenas de producción se frenen”.

Durante las últimas semanas se viene avanzando a paso firme en esa flexibilización de protocolos para garantizar la apertura económica a costa de la salud y la vida de las y los trabajadores. El covid dejó de ser reconocido por las ART como enfermedad laboral, se restringieron las licencias a contactos estrechos por medio de una reconfiguración de esta categoría, se acortó el período de aislamiento de 7 a 5 días para los contactos positivos, se empezó a diagramar autotest a cargo de las patronales y su venta en farmacia a particulares. Un verdadero plan de guerra contra la fuerza de trabajo.

A este paquete antiobrero, el empresariado y la burocracia sindical de la CGT y la UOM, busca agregarle el pase sanitario laboral obligatorio. De ser un instrumento para concientizar en la necesidad de la vacunación o proteger a la población que viaja en el transporte público, el “pase” se transforma en una credencial al contagio seguro bajo la égida de la “nueva normalidad”. No tiene el propósito de doblegar a un supuesto sector ”antivacunas” -en Argentina, minoritario-, sino asegurar el presencialismo a rajatabla, a pesar de que las vacunas no impiden los contagios, sino que morigeran la virulencia de la enfermedad y eventualmente de la muerte, aunque no de sus consecuencias de largo aliento. De este modo, la vacunación se ha convertido en un pretexto para empujar al trabajador vacunado -pase sanitario laboral mediante- a cumplir con sus tareas bajo cualquier condición y un mecanismo para el posible descuento de los días de trabajo o diferentes sanciones patronales contra quienes no posean la credencial, como planteó Funes de Rioja unos meses atrás.

Como quedó demostrado por diferentes estudios científicos, la circulación del virus abona a la aparición de nuevas cepas que ponen en riesgo la efectividad de las vacunas. Pero, contra la evidencia científica los gobiernos y las patronales buscan que las cadenas de producción sigan funcionando. Si bien el gobierno sostuvo que -por ahora- no quiere fijar pases sanitarios obligatorios en ámbitos laborales, debido a que considera que esa cuestión debe quedar a criterio de cada provincia según niveles de contagios, la ministra Vizzotti acordó con la burocracia sindical y el empresariado volver a tratar específicamente el tema la semana entrante. Esto plantea a todo el movimiento obrero mantenerse alertas y en estado de movilización constante bajo un programa claro:

Por el cese de toda actividad no esencial y por confinamientos ´quirúrgicos´, a fin de garantizar el distanciamiento social necesario para frenar la circulación del virus. No a la “nueva normalidad” capitalista.

Condicionamiento de la presencialidad laboral al plan de corte de la circulación comunitaria del virus. Reconocimiento del covid como enfermedad laboral, derecho a la licencia paga por contacto estrecho, día laboral pago para testearse; protocolos y cierre de los lugares de trabajo donde haya infecciones bajo control de los trabajadores. No al acortamiento de los períodos de aislamiento. No al pase sanitario laboral obligatorio.

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