Tiempo de lectura: 4 minutos
No habían pasado más de 12 horas desde la cadena nacional de AF, y las limitaciones de la “emergencia sanitaria” dictada por el gobierno ya eran inocultables.
En medio del desabastecimiento de implementos sanitarios básicos de prevención del virus, el decreto se conforma en establecer unos vagos “precios máximos”, en lugar de asegurar la entrega de esos elementos por vía del estado. Luego del serrucho a los salarios y las jubilaciones, es un crimen político recargar la canasta familiar con estos productos en la lucha por la vida de las personas.
La llegada del coronavirus ha puesto de manifiesto la absoluta falta de personal médico y de enfermería en el sistema de salud pública. Pero el decreto sólo dispone la incorporación de personal en forma transitoria, con reglas de precariedad laboral. Tampoco coloca a disponibilidad las camas y la estructura de los centros privados de salud, ni los recursos e inventarios de los laboratorios farmacéuticos. Cuando es más necesaria que nunca la centralización de todos los recursos para atender la emergencia, el decreto oficial se detiene ante la propiedad y los intereses de la salud privada. Ello ocurre cuando la privatización y la asfixia presupuestaria han reducido al gasto público en salud al 30% del total del gasto del sistema sanitario.
El decreto no prevé la licencia con goce de sueldo de todo trabajador afectado por la infección o por el cuidado de familiares afectados. Esa licencia paga debe quedar a cargo de las patronales.
La emergencia oficial insiste en las medidas de aislamiento y cuarentena, a sabiendas de que la contrapartida es la parálisis de la producción en un país con 20% de desocupados y sub-ocupados. No dispone, en cambio, la entrega masiva de kits para pruebas que permitirían un diagnóstico masivo e inmediato, copiando esta negligencia del conjunto de los gobiernos capitalistas, con la excepción parcial de Corea del Sur. El decreto destina a la emergencia unos 30 millones de dólares, cuando acaba de pagar intereses de deuda por una cifra diez veces mayor, sin que le molestara hacerlo con emisión monetaria. No hace falta agregar que los acreedores usaron buena parte de ese pago para comprar dólares, lo que fue seguido de inmediato por una devaluación del peso y el encarecimiento de los insumos médicos y hospitalarios. La política oficial no sólo es limitada para atender la emergencia sanitaria: incentiva la carestía y, por lo tanto, a los especuladores capitalistas contra la salud.
La emergencia oficial apunta contra las aglomeraciones o reuniones masivas. Más allá de los espectáculos culturales o deportivos, esas reuniones pueden abarcar a las asambleas o movilizaciones de los trabajadores, en defensa de sus derechos. El gobierno se sirve de esa restricción para avanzar en recortes a conquistas salariales –por caso, las cláusulas gatillos de indexación salarial, y jubilaciones. Exigimos que el gobierno anule la derogación de la movilidad salarial y jubilatoria y reestablezca de inmediato la vigencia plena de esos derechos. La desvalorización de los ingresos de los trabajadores en el marco de una epidemia, es una condena a la infección y a la muerte.
La insuficiencia de la “emergencia” oficial ya ha sido colocada en el tapete por los trabajadores de la salud: en asambleas y pronunciamientos, en hospitales, centros de salud privados o laboratorios, médicos y enfermeras denuncian la falta de insumos, de personal, la improvisación e insuficiencia de medidas adecuadas a la envergadura de la crisis.
La conclusión es clara: la “emergencia” no puede quedar librada a las corporaciones capitalistas, ni a la orientación de un decreto que ratifica el ‘ajuste’. La emergencia sanitaria exige el cese inmediato del pago de la deuda pública: la que está en dolares (80%) porque liquida las reservas internacionales y la que está en pesos, porque se dispara al mercado de cambios. La crisis de salud ha colocado la cuestión de la deuda como una cuestión inmediata, que el gobierno no encara en defensa de los intereses capitalistas.
Como quiera que esto ocurre, además, cuando estalla una ola de defaults en los países desarrollados, y cuando el banco central de EEUU se ve obligado a rescatar la deuda del Tesoro norteamericano, resulta de una violencia extrema que una nación empobrecida y saqueada como Argentina, libere fondos para el salvataje del capital financiero y sus estados. Siguiendo el camino de los trabajadores de la salud, es necesario una movilización para que la población trabajadora tome cartas en la crisis. Formemos comités de trabajadores, compañeros de la salud, educadores, vecinos, y levantemos un programa frente a la crisis:
-Entrega gratuita de elementos sanitarios a los barrios afectados. Distribución masiva de kits de pruebas, para asegurar el diagnóstico y tratamiento tempranos.
-Que se pongan a disposición recursos e inventarios de los laboratorios y centros de salud privados.
-Control de los trabajadores de lugares de trabajo y reparticiones, para que el Estado y las patronales aseguren la prevención y todos los elementos necesarios.
-Duplicación del presupuesto público de salud; incorporación de médicos y enfermeras con estabilidad laboral y convenio, bajo turnos de 6 horas.
-Ningún despido o suspensión. Vigencia de la movilidad salarial y jubilatoria.
-El cese inmediata de todo pago de intereses o capital de la deuda pública.
Las grandes emergencias ponen al desnudo el carácter verdadero de los gobiernos, los regímenes políticos en presencia y el Estado. Les preocupa proteger a la clase capitalista a la que sirven, incluso cuando la amenaza tiene un alcance colectivo.
Por un gobierno de trabajadores.
