Un año después, “la popularidad de Biden se hunde”

Escribe Norberto Malaj

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Después del fracasado asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, la asunción finalmente del ´demócrata´ Biden, no abrió una salida a la crisis política resultante. Trump había llevado al tope del número de infecciones y muertes por covid.

El 4 de julio pasado, Biden posó como la contracara de Trump y tras una campaña de vacunación sin precedentes, declaraba que EE.UU. “estaba más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal”. Tras la llegada de la variante Delta, sin embargo, y ahora la Ómicron, Biden “hizo poco para frenar la propagación. En las últimas semanas, los casos de Covid-19 han alcanzado niveles récord. Las muertes están aumentando a nivel nacional y la cantidad de estadounidenses hospitalizados con la enfermedad es más alta ahora que en cualquier momento anterior durante la pandemia” (The Guardian, 16/1).

En el país de la industria farmaceútica más calificada del planeta los movimientos evangelistas-reaccionarios anti-vacunas alcanzan un predicamento sin par. En este cuadro, Biden acaba de recibir un cachetazo de manos de la Corte Suprema, el poder ´judicial´ que dejó Trump tras imponer una mayoría conservadora. Esa Corte, acaba de declarar “punitivo” el derecho de los estados a imponer la vacunación masiva. A diferencia de la Corte argenitna, no resguardo al autonomía federal de los estados, como ocurrió en el litigio por medidas sanitarias que le llevó Larreta contra Fernández. Declaró, en cambio, “absoluto” el derecho a la libertad individual, que en este caso es a morirse o matar en una pandemia.

La “popularidad pública” de Biden está en un “mínimo histórico” de un 33 por ciento. La prensa se pregunta si Biden “puede revivir su popularidad hundida” (ídem, 15/1) cuando debe enfrentar en menos de ocho meses elecciones legislativas para las cuales los republicanos apuestan a la reconquista plena de ambas cámaras. Peor es aun la caída de la imagen de la vice, Kamala Harris. No hay sector más defraudado que las comunidades de color. La inoperancia de los demócratas ante la brutalidad policial es completa.

Esta misma semana Biden sufrió otro revés. Fue a manos de ´tropa´ propia: dos senadores demócratas impidieron la aprobación de una reforma a los derechos de voto de las minorías, que Biden había declarado como “la prueba más significativa que enfrenta la democracia americana desde la Guerra Civil”. El proyecto era un intento de terminar con las decisiones de varias legislaturas estatales contra el voto por correspondencia y el derecho a inscribirse en el padrón electoral. A regañadientes, Biden había logrado que el Senado, donde el partido demócrata no tiene mayoría, no aplicara lo que en EE.UU. se llama filibusterismo, una norma que impone una mayoría cualificada para aprobar determinada legislación, en este caso bloquear la media sanción de los derechos electorales en Diputados:. Biden -dice la corresponsal de El Páis - “en 36 años en ejercicio como senador (se había resistido) a tocar la enraizada costumbre parlamentaria del filibusterismo”. “El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, logró que el proyecto de ley de la reforma electoral pasase a votación en la Cámara Alta circunvalando esa figura” (ídem). Los republicanos, sin embargo, ni siquiera tuvieron que molestarse para evitar que cayera la legislación antidemocrática que ya impusieron en 19 estados. La faena de voltear el proyecto oficialista estuvo a cargo de dos senadores demócratas que le negaron su apoyo al proyecto.

A esto se suma que Biden carga con la apresurada retirada de Afganistán, en agosto pasado, y ahora con la la crisis ucraniana. Por otro lado, la recuperación económica yanqui ha desatado la ´preocupación´ de la burguesía norteamericana por la importante reactivación del movimiento obrero. En este cuadro la derecha trumpeana ha reforzando su control del partido republicano, monopolizando las candidaturas legislativas de los comicios de medio término (noviembre próximo) y, sobre todo, en el “intento por tomar a su cargo el proceso electoral en estados clave” (Ed Pilkington, The Guardian, 13/1). Así formó una alianza de siete candidatos a “secretario de estado, el funcionario electoral más poderoso de cada estado”, en l disputa en siete estados decisivos - allí donde Trump intentó torcer la voluntad popular en noviembre de 2000.

En el Congreso, sin embargo, avanzan la investigaciónpons del golpe de enero de 2001 y las imputaciones a sus responsables. Amenaza con llevar a prisió a medio gabinete de Trump, o a Trump mismo. Luego de un año de completa pasividad, por parte de Biden y del partido demócrata, Biden prometió que “no permitiré que nadie coloque una daga en la garganta de nuestra democracia”. La investigación del golpe impacta en la situación política. “Recientemente, tres generales del ejército retirados escribieron un artículo de opinión en el Washington Post advirtiendo sobre la amenaza de un golpe de estado en las elecciones estadounidenses de 2024, diciendo que podría tener éxito con la ayuda de elementos militares rebeldes” (Sergio Olmos, The Guardian, 16/1).

El legislador Mark Takano, demócrata de California, que preside el comité de asuntos de veteranos de la Cámara y participa de las audiencias que tratan sobre la asonada, denunció que “el reclutamiento de veteranos (de guerra) por parte de grupos extremistas violentos es un problema y podría convertirse en un problema mayor si no entendemos lo que está involucrado y sus dimensiones … Los datos muestran que los ataques violentos de los grupos de derecha en los Estados Unidos son significativamente más frecuentes que los de los grupos terroristas islamistas, internacionales o de izquierda. Un análisis realizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, un grupo de expertos no partidista, analizó 893 planes y ataques terroristas en los EE.UU. entre enero de 1994 y mayo de 2020 …´los extremistas de derecha perpetraron dos tercios de los ataques y complots en los Estados Unidos en 2019 y más del 90% entre el 1 de enero y el 8 de mayo de 2020´” (ídem). De “los 738 acusados en el ataque del 6 de enero al Capitolio hay 81 con vínculos con el ejército, mientras que cinco eran miembros del servicio activo” (ídem).

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