Santiago del Estero: la cuestión campesina y la política “nacional y popular"

Escribe Melisa Campero

Tiempo de lectura: 3 minutos

En las últimas semanas vivimos una ola de calor que se extendió por varias semanas superando, en muchos casos, los 45 grados en el norte del país. A ello se sumaron la sequía y los incendios forestales que están arrasando con los bosques en gran parte del país.

La región del Gran Chaco tiene tasas de deforestación que se encuentran entre las más altas del mundo, incluso en zonas que debían protegerse por la Ley de Bosques.

Desde la sanción de la Ley de Bosques en noviembre de 2007 hasta fines de 2013 se deforestaron en todo el país 1.893.128 hectáreas, lo que equivale a una hectárea cada dos minutos. Las provincias en las que se desmontaron más bosques protegidos son Santiago del Estero (320.231 hectáreas), Salta (131.197 hectáreas) y Chaco (49.560 hectáreas).

En Santiago del Estero, las poblaciones campesinas han expresado con cortes de ruta, su descontento con la situación que vienen sufriendo, en especial la falta de agua para el consumo humano y para los animales, el mal estado de los caminos, la falta de energía eléctrica en muchos sectores, la falta de hospitales rurales.

Programas de Contención o fraude

El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura lanzó algunos programas para el sector campesino enfocados en un área específica (“Programa Especial de Cisternas Rurales”, “Pisear”, “Plan Integral en Nuestras Manos”).

A dos años de la asunción de Fernández, los organismos nacionales que se crearon bajo el gobierno anterior de CFK, para actuar específicamente en apoyo al sector campesino -como es el caso de la SAFCI (Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena), que hoy está a cargo del Movimiento Evita- continúan sin financiamiento y los reclamos más elementales de los sectores campesinos no son atendidos. Así, un viejo plan para la construcción de cisternas para acopiar el agua de lluvia, presentado por las organizaciones campesinas y aprobado por el Ministerio de Agricultura, nunca se llevó a la práctica.

Lo cierto es que todas estas medidas que se anunciaron por parte del gobierno nacional y provincial para apaciguar la situación de los pequeños campesinos y trabajadores de la agricultura familiar, fueron un fraude. Muy pocos de los proyectos fueron aprobados, o nunca se enviaron los fondos para concretarlos.

De la lucha por el derecho a la tierra a la “Economía Popular”

Desde distintos sectores, y en especial desde el estado, se promovió la idea de la “Economía Popular” como camino de inclusión a través de la autogestión. Muy al contrario, la economía popular está conformada por un enorme sector de desempleados, campesinos desplazados, emprendedores, producto de la explotación capitalista. Es más bien una economía de subsistencia, en tanto que el ingreso que se genera es muchas veces menor a un salario mínimo de un trabajador y no cuenta con ningún derecho laboral.

"Economía Popular" no resuelve el problema del pequeño campesino o el trabajador rural. La discusión sobre el derecho a la tierra ha quedado en segundo plano. El gobierno ha dado vía libre a los grandes negociados: el trigo transgénico, las megagranjas porcinas, la ganadería intensiva, que serán fundamentales para el negociado de la deuda.

Por la organización independiente y la unidad obrera-campesina

En toda esta situación, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase unificado), se ha limitado a criticar a los empresarios, a la justicia o al macrismo, respecto a la continuidad de los desmontes, desalojos, fumigaciones con glifosato, pero no ha sacado ninguna conclusión sobre la política del gobierno nacional o el provincial.

El Mocase ha sido cooptado por el gobierno zamorista. En las últimas elecciones a gobernador sus candidatos a comisionados e intendentes apoyaron públicamente a la fórmula del zamorismo, que gobierna la provincia desde 2005 dando vía libre a la deforestación en beneficio de los negocios de los grandes terratenientes de la soja y la ganadería, la expulsión de los pequeños campesinos, la impunidad al accionar represivo de la policía y de bandas parapoliciales, las fumigaciones contaminantes.

La defensa de los intereses de los pequeños campesinos requiere de otra estrategia.

Las organizaciones campesinas deben actuar independientes del Estado y de los gobiernos capitalistas para poder desenvolver un movimiento de lucha por todas las reivindicaciones: la tierra para quien la trabaje, la devolución de sus tierras a los pequeños campesinos desalojados, plan de obras para asegurar el acceso al agua, un plan de reforestación, la investigación, juicio y castigo a los autores y responsables políticos y judiciales de todas las acciones criminales de los terratenientes y sus bandas armadas. Por la unidad de los campesinos trabajadores con los obreros del campo y la ciudad, de la provincia y del resto del país.

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