Tiempo de lectura: 3 minutos
En un raid mediático reciente, el ministro de educación, Nicolás Trotta, dio una serie de definiciones que permiten discutir cuál es el rol social que cumple, bajo el capitalismo, la escuela.
Trotta dice que "la continuidad escolar es la mejor medida para resguardar la salud de los jóvenes". La afirmación es cierta -no por el Coronavirus-, solo en tanto admitamos que nuestro sistema educativo cumple una función hoy que no debería: hay decenas de miles de niños y jóvenes que, si no van a la escuela, no comen. Y no comen, porque los salarios combinados de su grupo familiar no alcanzan a cubrir la canasta básica. La escuela (el estado), suplementa ahí donde la patronal (los privados) no cubre: al menos un tercio de los menores de edad en Argentina sufren desnutrición endémica.
Otra función social de la escuela bajo este sistema: la guardería. El lugar donde dejar a los hijos mientras los padres procuran el sostén de la familia. Mandarlos a casa pondría sobre el tapete la necesidad de otorgar licencia con goce de sueldo a la inmensa mayoría de trabajadores que no puedan pagarle a alguien para cuidar a sus hijos. Hacer eso, implicaría a su vez una reducción productiva - imposible, dados los compromisos con los acreedores internacionales, si bien hasta el FMI mandó a sus trabajadores a casa en las oficinas de Washington tras detectarse un caso- o la contratación de trabajadores eventuales para cubrir esos puestos. Nuevamente, la escuela (el estado), salvavidas de las patronales (los privados), o, en boca de Trotta en los medios: "¿Quién cuida a los chicos si no van a la escuela?"
El jueves pasado, el Ministerio de Educación decretó que, ante un caso confirmado o sospechado, ya sea de un alumno o docente, el establecimiento debe cerrar por dos semanas. El decreto, aparte de seguir en línea con la política del gobierno nacional de actuar solo ante el hecho consumado en lugar de prevenir, hace una ridícula distinción: si se detecta un caso, confirmado o sospechado, de COVID-19 en un directivo, auxiliar o personal no docente, solo se debe aislar a la persona y desinfectar el establecimiento, sin afectar su normal funcionamiento. Como si los estudiantes no tuviesen contacto ni lugares en común con estos trabajadores.
Otra de Trotta para justificar la continuidad escolar: "en las aulas aprenden higiene y cuidado personal". Mientras, Ginés, ministro de Salud, subraya que los chicos "no son un grupo de riesgo", a pesar de lo cual son grandes transmisores del virus. Alberto Fernández nos manda a usar jabón y nos advierte severamente sobre las responsabilidades penales que tendrán quienes no cumplan la cuarentena. La pregunta es, si esta política del hecho consumado fracasa, y Argentina se convierte en Italia... ¿Quién asumirá las responsabilidades, sociales y penales? ¿Le cabe responsabilidad al ministro de salud, quien "pensó que iba a llegar mucho más tarde" el virus y no preparó medidas preventivas? En última instancia, ¿cuántas vidas vale sostener un sistema herido de muerte, como es el capitalismo?
En las universidades, mientras tanto, se está dando un proceso desigual: los rectores sostienen en general el inicio de clases pautado para la semana próxima, pero algunas facultades de UBA, departamentos de la UNA y la UTN, lo han postergado para fines de marzo, otra evidencia de la falta de decisión centralizada en cuanto a la prevención y contención del virus. La facultad de Ciencias Sociales ha optado por suspender las actividades "masivas" extraordinarias, por un lado, ridículo, pues las clases teóricas ordinarias son masivas, y por el otro, perverso, en una facultad con un reconocido activismo docente, y cuando el mismo Trotta acaba de negarle la cláusula gatillo a los docentes universitarios, lo cual generó un amplio rechazo y prefigura la organización de asambleas que discutan medidas de lucha.
Urge que la comunidad educativa de todos los niveles se organice en asambleas, luche por medidas concretas en defensa de la salud y la educación, que no son garantizadas por el propio Estado y, llegado el caso, por un gran paro educativo. A priori, una postergación generalizada de las clases en todos los niveles, garantizando el salario docente y la posibilidad para los padres de quedarse cuidando a los menores, sin represalias por parte de los empleadores.
En el epicentro de la crisis, el gobierno intenta atar con alambre una crisis que raja las paredes. Está en cuestionamiento el poder político de conjunto.
