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Los 10 años de la Masacre de Once se han producido con la libertad -total o condicional- de todos los condenados en los diversos juicios realizados en 2015, 2017 y 2018, ratificados a su vez en 2020 por la Corte Suprema de Justicia. El choque ocurrió la mañana del 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento colisionó con los paragolpes de la estación Once, luego del fallo de todos los sistemas de prevención y frenos. Le costó la vida a 51 pasajeros y 789 heridos.
Ente las 21 condenas por responsabilidad en la masacre, se encuentran, entre otros, los entonces directivos de la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), los hermanos Mario y Claudio Sergio Cirigliano; los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido.
Las acusaciones redundaron en casos de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” y “estrago culposo agravado” en el caso de los directivos de TBA. Actualmente los condenados han logrado alcanzar algún tipo de beneficio que los ha retirado de la cárcel. Haciendo un breve repaso: Año Nuevo encontró al ex presidente de TBA, Carlo Michelle Ferrari, en su hogar con prisión domiciliaria. A Ferrari lo siguieron los ex directivos de TBA, Jorge De los Reyes, Sergio Daniel Tempone, Carlos Pont Vergés y Jorge Álvarez. Por su parte, Claudio Cirigliano se encuentra con prisión domiciliaria desde abril de 2021 por cuestiones de salud. En cuanto a los funcionarios, Schiavi recibió libertad condicional el pasado 15 de noviembre. Jaime sigue en prisión por otras causas, en el caso Once también fue beneficiado con libertad condicional. Y De Vido jamás estuvo preso por esta causa a pesar de su condena.
De Mariano a Once
Durante el desarrollo de los juicios se expuso la enorme operación de vaciamiento del sistema ferroviario, sustentado en un esquema de saqueo del presupuesto público mediante un entramado delictivo de empresarios, funcionarios públicos y la burocracia sindical. Este operativo delictivo había sido expuesto y denunciado vigorosamente por el Partido Obrero y los tercerizados del Roca durante el juicio que siguió al asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
Luego del crimen de Mariano, el accionar del gobierno de Cristina Fernández desarrolló una intensa persecución contra el Partido Obrero, en lugar de atender a nuestras denuncias, con el propósito de encubrir a burócratas, funcionarios y empresarios involucrados en la tercerización laboral del ferrocarril Roca. A la hora de condenar a los asesinos de Mariano, el Poder Judicial dejó fuera las responsabilidades de funcionarios y empresarios.
Tan solo un año y medio después del crimen de Mariano, se produce la Masacre de Once, como resultado de la defensa de ese régimen delictivo basado en el vaciamiento del sistema ferroviario. Las condenas relativamente acotadas contra los funcionarios y los empresarios de TBA muestran el esfuerzo por sostener la impunidad del crimen de Once –una masacre cuya responsabilidad política cabe por entero al Estado argentino. Sólo la lucha arrancó la cárcel a los Pedraza, los Jaime-Shiavi y los Cirigliano.
La trama ferroviaria es una radiografía del “sistema” que el kirchnerismo había anudado con los empresarios y la burocracia sindical del transporte. Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, como resultado del hundimiento de las privatizaciones del menemismo, se “re-estatizaron” los ferrocarriles bajo un sistema de gerenciamiento privado en el que participaban, además de los Cirigliano (TBA), los grupos empresarios Roggio y Emepa. Este sistema precario se perpetuó. Fue la década del florecimiento de las tercerizaciones en el ferrocarril, un enjambre de empresas contratistas que, en verdad, eran testaferros de los mismos concesionarios. Jamás hubo una licitación pública. Como se reveló durante el juicio por el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, estas se realizaban “a puertas cerradas” – es decir, se repartían en una mesa. En el caso de Once esto se ve agravado puesto que el dinero que recibían los Cirigliano era desviado a otros negocios del grupo en el exterior del país. Por su parte, la burocracia sindical ocupaba puestos clave en el gabinete de Transporte y participaba del festín de manera directa.
Con excepción de los Cirigliano -exponentes de esa ´lúmpenburguesía´ que progresó de la mano de los K-, los empresarios gozaron -y gozan- de la mayor impunidad posible. Finalmente, la llamada “causa de los cuadernos”, que debía conducir a toda la ´patria contratista´ al banquillo de los acusados, incluidos los Macri, se encuentra en un impasse. Cuando Mariano fue asesinado, nuestra denuncia resultó una radiografía del metabolismo entre la clase capitalista y su Estado, y la mediación del staff político “democráticamente electo”, su burocracia permanente y la sindical.
A día de hoy, los negociados de los Roggio y Emepa siguen haciendo negocios en el ferrocarril bajo el manto de Trenes Argentinos, la ´empresa estatal´ fundada para quitar de la gestión directa a las concesionarias y seguir el festín de las licitaciones.
A 10 años de la masacre de Once la impunidad recorre al staff político y empresarial, desvelando el carácter criminal y hediondo que ha adquirido la burguesía como clase social dirigente.
