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En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las trabajadoras del hospital materno infantil, Ramón Sardá de la Ciudad de Buenos Aires, nos dimos cita, horas antes de movilizar al Congreso, en la puerta del hospital para realizar un acto de lucha y de denuncia a las hostilidades, persecución y violencia institucional de las que son víctimas las trabajadoras por parte de las autoridades.
La actividad fue impulsada por un conjunto de trabajadoras auto-organizadas a la cual se plegaron ATE (verde) y también SUTECBA. Hicieron uso de la palabra activistas, trabajadoras y delegadas de los sindicatos, muchas de ellas víctimas y testigos de años de maltrato y persecución dentro del hospital.
Las trabajadoras se unieron para denunciar la violación de sus derechos más elementales y la situación de vulnerabilidad de la que son víctimas a la hora de gestionar sus licencias, cambios de turno y derechos por convenio a las jefaturas. Estas, junto a las autoridades y dirección del hospital, actúan como personal de recursos humanos directamente, teniendo el poder de otorgar o no, según se sometan las trabajadores al régimen de súper explotación de módulos (horas extra) que sostiene la atención con el mínimo de personal en la Sardá y en toda CABA.
Este régimen de vulnerabilidad se transforma en un arma de disciplinamiento para las activistas críticas del sistema y organizadoras de las compañeras. Por otra parte, el sistema de gestión de licencias médicas a través de la aplicación digital MIA, presenta distintas trabas y obstáculos para justificar las licencias, que en el caso de juntarse 15 faltas sin justificación en el año se transforman en el inicio de una cesantía laboral (despido justificado) -en el caso de los franqueros, cada falta se cuenta doble- por el cual las trabajadoras, sin ningún tipo de protección gremial, deben acudir a abogados.
Esta política es acordada por el gobierno de la ciudad con la dirección de SUTECBA, que acaba de aceptar un aumento salarial de 40% en cuotas, a espadas de los trabajadores, cuando la inflación proyectada, sin contar los aumentos de tarifas que se vienen por el acuerdo con el FMI, se estipula de un 60%.
La política de persecución laboral y sindical apunta a desgastar y debilitar la unidad y organización de las trabajadoras en pos de valorizar y poner en pie la recuperación de los derechos laborales y el pase a la carrera profesional para enfermería, como así también la necesidad de un salario igual al costo de la canasta familiar.
Para esto es necesario unificar la lucha de enfermería en un programa único que eleve el salario drásticamente en pos de alcanzar un mínimo igual al costo de la canasta familiar hoy encima de los 160 mil pesos, la incorporación del personal contratado por pandemia, la reducción de la jornada laboral a 6 horas por insalubridad y el pase a profesional del conjunto de personal de enfermería. Este programa debe ser la base de la formación de listas que desplacen a los delegados que actualmente responden a las direcciones del SUTECBA y ATE y paralizan la organización y autodefensa de las y los trabajadores.
