El PTS toma prestado los planteos de La Cámpora

La suba generalizada del precio internacional del gas y de los alimentos por la guerra en Europa está afectando el costo de vida en todos los países. El trigo, un producto de exportación de Rusia y Ucrania, se incrementó más en un 50%. El rubro “Alimentos y Bebidas”, en Argentina, creció 7,5% en febrero, por lo cual se prevé una inflación del 6% para marzo. En términos anualizados, equivale a una tasa hiperinflacionaria.

Luego de una pugna de posiciones e intereses enfrentados en el gabinete nacional, Guzmán, Feletti, Kulfas y Domínguez resolvieron aumentar las alícuotas para los derivados de la soja. La expectativa es recaudar 500 millones de dólares que permitan abastecer un fondo que subsidie a la industria molinera, para compensar un congelamiento de precios a la panificación y las pastas. La medida fue rechazada por la Mesa de Enlace, que representa al capital sojero. En cuanto a los productores de maíz y de trigo, no confían en el arbitraje de precios de parte de un Estado quebrado financieramente. Miran a los países desarrollados, que enfrentan este problema bajando impuestos a las cadenas de producción, con la expectativa de que una reducción de costos neutralice una suba de precios.

De acuerdo a Feletti, "hay que profundizar el desacople de precios internos de internacionales y asegurar precios internos compatibles con los ingresos populares”. Con este argumento, el gobierno quiere cerrar paritarias en torno al 40/45% anual, aunque en cuotas, que lo baja en promedio al 35%, cuando la expectativa inflacionaria para 2022 arranca en el 60%. Una fracción de la burocracia sindical respondió a estas pretensiones con el planteo de establecer paritarias por trimestre.

El FMI admitió, en forma pública, que la inflación de la guerra de la Otan-Putin, trastoca el acuerdo con Argentina, que acaba de homologar su directorio.

Analizando esta crisis, una nota en la Izquierda Diario calificó a la política de precios del gobierno como “ambivalente” (21/3). Para LID, “una medida de aumento de las retenciones resulta claramente insuficiente para resolver los problemas de fondo, por más que el Gobierno la vea como necesaria, ya que es el oligopolio del comercio exterior el que tiene la capacidad de fijar precios en el mercado interno para sostener sus tasas de ganancia”.

Esta caracterización de la crisis no tiene siquiera dos palabras que sean correctas. La estampida internacional de los precios ha sido determinada por la guerra, no por los oligopolios, sean cuales fueren, incluso si la inflación había arrancado antes de la guerra, debido a los desequilibrios industriales y financieros que impulsaron los gobiernos capitalistas desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, todo “oligopolio del comercio exterior” tiene interés en bajar los precios internos, no en subirlos, para que su ganancia de exportación sea mayor. Las cerealeras, por ejemplo, defienden que las retenciones a la soja sean mayores a las que se aplican al aceite o harina derivada de ese poroto, para lucrar con un menor precio de la materia prima.

Tras declarar a la suba de retenciones a la soja como ‘insuficiente’, el portal del PTS afirma que “resulta indispensable que el Estado tome un control total del comercio exterior para evitar que el traslado a precios sea a costa de las clases más desfavorecidas de la economía”. La expresión “control total” es ambigua, porque se supone que las autoridades “controlan” el comercio internacional de sus países. En función de ‘moderación’, el portal evita decir si plantea una confiscación de las cerealeras.

En caso de que se tratara del monopolio estatal del comercio exterior, el objetivo sería apuntalar el ‘desacople’, como ocurrió con el IAPI, el Instituto de Promoción del Intercambio, que creó Perón en 1946. La deuda que terminó acumulando el IAPI hacia 1955, determinó una bancarrota que fue saldada por el Banco Central con una enorme emisión monetaria. En el caso de la propuesta del PTS, el Estado despilfarraría el excedente comercial de Argentina para subsidiar los precios internos, lo cual llevaría eventualmente a la quiebra de las finanzas públicas. El kirchnerismo ‘crítico’ ha reclamado la instalación de un nuevo IAPI y la creación de una empresa estatal de alimentos.

Lo que plantea el PTS es una nacionalización burguesa -no una resolución de los ‘problemas de fondo’. El objetivo de la expropiación del capital, para los socialistas, no es alterar la relación de precios sino reorganizar la economía y la sociedad sobre nuevas bases. En 2013, el FIT suscribió este planteo, propuesto por el Partido Obrero, en un Manifiesto que había presentado Jorge Altamira (https://www.pts.org.ar/Manifiesto-politico-electoral-del-Frente-de-Izquierda).

La salida ‘de fondo’ no pasa por las regulaciones estatales, y menos con un gobierno fondomonetarista, sino por la revolución social y un gobierno de trabajadores. En los años ’70, el gobierno militar de Velasco Alvarado en Perú fue mucho más lejos que el FITU: expropió a toda la propiedad terrateniente de la costa peruana. El monopolio militar-estatal no redundó en un beneficio para trabajadores y campesinos; la economía agraria costeña terminó reprivatizada.

La clase obrera no debe ocupar en esta crisis el lugar que el FITU le reserva a la zaga de la burguesía industrial, entrelazada por mil vínculos a la deuda pública y el capital financiero. Es necesario un congreso político de la clase obrera que organice un plan de luchas y huelgas por un salario mínimo igual a la canasta familiar, su indexación mensual, y elabore un programa de poder propio frente a la crisis. Un congreso de trabajadores plantearía un plan de lucha por la apertura las cuentas de las grandes empresas y un control obrero de los bancos, la industria, el comercio y el agro.

Como desarrollamos en estas páginas en relación al problema de la deuda (https://politicaobrera.com/6672-una-audiencia-publica-que-retrata-al-fitu-de-cuerpo-entero-y-algo-mas), enfrentada a los desafíos de la crisis política, el FITU no va más allá de las fronteras capitalistas.