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Hacia finales del 2021, el gobierno de los Fernández, decreto mediante, otorgaba a la Administración General de Puertos (AGP) por el lapso de un año el control de la Hidrovía y la facultaba para llamar a una “licitación corta” (por 180 días) por el control de la vía navegable. La Hidrovía comprende el tramo del kilómetro 1.238 del río Paraná hasta la “Zona de Aguas Profundas Naturales”, en el Río de La Plata exterior. Por la Hidrovía circula el 90% de las exportaciones agroindustriales del país (y otros tantos de países limítrofes), por lo que es el canal principal de salida para el complejo agroexportador más importante de América del Sur.
Con la licitación en marcha la crisis escaló. De las cuatro firmas que se presentaron, tres quedaran descalificadas (la china Dredging International en alianza con la CCCC Shanghaidredging, la argentina Servimagnus y la UTE -en la que participaba EMEPA y la holandesa Boskalis-), solamente quedaron a flote la Compañía Sudamericana de Dragados, una subsidiaria de Jan de Nul (empresa que operó la Hidrovía junto con EMEPA durante los últimos 26 años).
EMEPA, cuyo dueño es Gabriel Romero, uno de los empresarios ´arrepentidos´ en la denominada "causa de los cuadernos" -donde confesó haber repartido coimas por 600.000 dólares para renovar la concesión de la Hidrovía, nada menos- pagó a la AGP una tasa oficial de US$ 800.000 para que se revise el dictamen y días después AGP decidió dejar sin efecto la licitación corta (La Nación, 21/3).
La crisis de la Hidrovía ya anticipaba la fragmentación del gobierno de los Kirchner. En el 2021 Cristina Kirchner hizo aprobar la creación de una Comisión Bicameral que intervenga en la licitación de la Hidrovía. Con la nueva bicameral, la licitación de la Hidrovía recorría un camino contrario al habitual, esta vez no transfería las facultades al Presidente, sino que se las quitaba.
Desde el lado de la “oposición rural” denuncian que el dragado, por parte de la AGP, se realizó solo en el tramo del Canal que comprende el puerto de Buenos Aires y no desde el inicio del mismo. Esto habría producido pérdidas a los distintos “capitalistas agrarios”, ya que los productos agrícolas tuvieron que ser transportados por vía terrestre hasta el puerto de Buenos Aires.
El completo impasse sobre el destino de la explotación de la Hidrovía no es otro que el propio del capital. Las idas y vueltas responden de fondo a la inviabilidad de la operación del canal más importante de América del Sur, en momentos donde se disparan los precios de la operación y mantenimiento del mismo (por las subas en los combustibles) y la guerra comercial entre las distintas potencias imperialistas o “semi imperialistas” (expresadas en la incorporación de cláusulas en el pliego por recomendación de los asesores de Biden, para que la china CCCC Shanghaidredging no se quede con la operación de la Hidrovía).
El aumento en el peaje (hoy en 3 dólares por tonelada cargada) para compensar los gastos de explotación de la Hidrovía (dragado y balizamiento) choca con los intereses del capital agrario de colocar sus granos en un mercado golpeado y desabastecido por el desarrollo de la guerra en Ucrania. No hay quita de retenciones que compense las pérdidas capitalistas.
Se ve entonces que el problema nada tiene que ver con una disputa de soberanía o federalismo. La crisis desatada, por ahora potencialmente a favor de Romero, supone una continuidad de la entrega y vaciamiento por parte de los capitalistas que operan desde el gobierno de Menem. La estatización transitoria de la Hidrovía (mediante la continuidad en la gestión por parte de la AGP) no se tiene que confundir con el manotazo de ahogado de un gobierno en declive y que dio sobradas muestras de entrega con la renegociación de la deuda con el FMI.
El régimen del saqueo, el contrabando y hasta el narcotráfico concentran en la disputa por la Hidrovía todas las características de un régimen en descomposición. La defensa de la soberanía nacional tiene que partir de la defensa de los intereses de los trabajadores contra los saqueadores chinos, holandeses, o de corte nacionalistas.
