Hurlingham: ante un nuevo hecho de violencia en la escuela

A tan sólo un mes y días de haber comenzado el ciclo lectivo 2022, los docentes de la provincia de Buenos Aires nos vemos atravesados por una violencia inusitada en nuestras escuelas.

El pasado jueves 7, en una escuela secundaria de Hurlingham dos alumnas amenazaron, vidrio en mano, con matar a una compañera. Asimismo, los docentes que evitaron una tragedia fueron amenazados de muerte por la familia de la agresora al tiempo que sufrían golpes e insultos. Las autoridades educativas indicaron que esta semana las clases debían continuar con jornadas de reflexión a contramano de la opinión del plantel docente, que planteaba la necesidad de tomar un tiempo para pensar medidas y hacer derivaciones.

Está claro que esta realidad excede a lo que escuelas pueden resolver y que hay otros organismos del Estado que deben actuar. En este caso particular, como en tantos otros, se trata de años de informes enviados al servicio local sin que este ni ningún servicio social, municipal, provincial o nacional, actúe en defensa de los menores implicados que ejercen en la escuela la misma violencia que padecen en la casa.

Si bien es un caso extremo, no se trata de un hecho aislado ya que en las escuelas vivimos situaciones semejantes a diario. La docencia de conjunto debe debatir cómo resolver estas situaciones a través de asambleas y plantear un paro para exigir las medidas necesarias.

Las escuelas son una caja de resonancia de la degradación social que se acentúa producto de la pobreza que aumenta con la carestía. Según los datos oficiales, el 51,4% de los menores de 14 años son pobres y el 12% de ellos es indigente. Esta es la condición de la mayor parte de la clase trabajadora: los docentes con un cargo apenas $ 50.000.

Los gobiernos son responsables de esta degradación social. Para detener la violencia, hay que exigir al Estado que se haga cargo de la situación de precariedad que nos encontramos los docentes, auxiliares, estudiantes y familias.

Reclamamos:

Ayuda psicológica y económica a las familias en situación de permanente vulnerabilidad. Intervenir con medidas consensuadas por los docentes y las familias.

Aumento del presupuesto educativo para adecuar edificios y construir nuevas escuelas con espacios e instalaciones para albergar no más de 20 estudiantes por grupos.

Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar.

Equipos de Orientación Especial en todos las escuelas y turnos.

¡Planes de estudio elaborados por la docencia, no por los patrones y el FMI!