La crisis habitacional y la compra de 50 mil lotes a cargo del Estado

El ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Juan Zabaleta, publicó en el Boletín Oficial un llamado a licitación para comprar 50.000 lotes privados de tierras baldías. La iniciativa depende de la Secretaría de Integración Socio Urbana, a cargo de María Fernanda Miño, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois. Para su distribución, el Estado anunció la creación de un registro de demanda de los lotes, que se cederán a condición de que se comprometan a edificar allí su vivienda.

La crisis habitacional alcanzó un pico con la pandemia. El último relevamiento reveló que existen más de 4.400 villas en el país en las que viven cerca de 4 millones de personas, en condiciones de extrema precariedad. La situación más explosiva es la de la provincia de Buenos Aires. Según Infobae, ya son 97 las tomas de tierras en la provincia gobernada por Kicillof. Abarcan casi mil hectáreas distribuidas en 25 municipios, aunque la mayor concentración se encuentra en La Plata y alrededores, con 250 hectáreas ocupadas donde viven más de 200 mil personas. Recientemente, el juez Ramos Padilla falló en contra del desalojo del barrio Los Hornos, la mayor toma de la provincia, donde se encuentran instaladas 2.200 familias. Es decir, la compra de 50 mil lotes de una hectárea podría significar, en el mejor de los casos, una alternativa para el 5 al 10% de las familias trabajadoras afectadas.

El proyecto

El requisito del ministerio es que los terrenos cuenten con los servicios básicos (agua potable, electricidad y cloacas), pero no contempla la edificación a cargo del Estado. La cesión de tierras estará destinada solamente a aquellos que cuenten con los recursos para construir sus propias viviendas. Esto excluye los sectores más vulnerables, que en general son aquellos que se encuentran, precisamente, las ocupaciones de tierras, habitando casillas precarias. La compra de terrenos, asimismo, excluye los terrenos en toma, el 70% de los cuales no cuentan con los servicios básicos (luz, agua, cloacas).

El resultado del anuncio es incierto, del mismo modo que el valor que pagará el Estado por los lotes. La ´licitación´ es convocada en un momento de gran depresión de las transacciones inmobiliarias. En ese contexto, esto puede terminar siendo un rescate a ´desarrolladores´ que acapararon lotes pero se encontraron sin financiamiento ni demanda para sus proyectos. Más apropiado hubiera sido entregar los títulos de propiedad a los ocupantes de las tomas actuales, fijando una cuota equivalente al 10-20% de sus ingresos. Ni siquiera ha sido considerada su expropiación a valor fiscal.

Grabois

La distribución y el manejo del padrón de inscriptos quedará en manos de la burocracia cayetana que apoya al gobierno, en cuadro de crisis que también envuelve a estos aparatos de contención. La fracción vaticana del gobierno está buscando retomar la iniciativa política, como se vio en la presencia de Grabois en el último acampe piquetero.

Una parte del presupuesto de la secretaría que ocupa Miño está solventada por préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Pero el gobierno publicita de manera profusa que las compras de lotes serán financiadas con el llamado “impuesto a los ricos” – por referencia al “Aporte de las Grandes Fortunas” y el “impuesto País” al dólar, las otras dos fuentes de financiamiento de la secretaría. La cuestión impositiva es el nuevo caballito de batalla con el cual se valen los disidentes vaticanos para mantener su apoyo al gobierno y al pago de la deuda. Por eso, el triunvirato Cayetano prepara una fuerte movilización para el 1ro de Mayo, con la consigna “la deuda interna debe saldarse con la recaudación del nuevo tributo”, en referencia al impuesto a la renta inesperada. Sin embargo, los recursos que pueda generar el impuesto a la renta inesperada tienen sólo un efecto publicitario. La solución a la crisis habitacional excede con creces la cuestión impositiva.

La gigantesca crisis habitacional reclama abrir una deliberación entre los trabajadores. La lucha por la vivienda es indisociable de la lucha por el trabajo, porque la urbanización para 4 millones de personas que viven en villas y asentamiento necesitaría la contratación de abundante mano de obra. Lo mismo vale para las tierras en toma que en su mayoría carecen de edificación y urbanización. La orientación vaticana que busca conciliar el pago de la deuda al FMI con una salida 'impositiva' a la crisis social está condenada al fracaso. El movimiento obrero necesita intervenir en esta crisis con un programa de conjunto.