Escriben Daniela Romano y Julio Quintana
Docentes, ¡no lo dejemos pasar!
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El pasado 24 de abril se realizaron las elecciones del sindicato docente. De un total de 11.000 empadronados, votaron unos 4.400, es decir, un tercio de los docentes que quedan afiliados a la ADP después de 2014, donde hubo una desafiliación masiva producto de la burocracia sindical corrupta, que se encuentra en la dirección totalmente de espaldas a los principales procesos de lucha.
Como no pudiera ser de otro modo, con la venia del gobierno de Sáenz se ha impuesto como ganador a Mazzone con 2.758 votos, la lista 6 del Frente Unidad Multicolor 868 votos -única lista combativa de autoconvocados y la izquierda, de la que Tribuna Docente Tendencia participamos- y para la lista 5 Sumate, de una parte de la burocracia de la intergremial, 849.
Este fraude ha sido preparado sistemáticamente por el gobierno y su pata sindical de ADP. En diciembre 2021, para la vaciada asamblea de memoria y balance y elección de la junta electoral, ADP copó de colectivos pagados para aparatear la junta, que no han dejado hablar ni mocionar durante la “asamblea”. Limitaron la cantidad de urnas a 22 en toda la provincia, fijaron la fecha de elecciones un día domingo, habilitaron el voto por correo impidiendo la posibilidad de fiscalización del proceso electoral. Luego, durante la oficialización de las listas, la junta electoral se destacó por ser el palo en la rueda prescribiendo dos de las tres listas, retrasándose con la entrega de padrones. Por último, el día domingo, durante el acto electoral, hubo un sinfín de operaciones orquestadas en las 22 escuelas donde se emitía el voto. Escuelas que abrieron dos horas después, faltaban padrones, no dejaban fiscalizar a docentes de la lista opositora, un esquema de matones-guardias de seguridad en las puertas haciendo de filtro.
La burocracia fue dividida en dos, pero lejos de diferenciarse, la lista Sumate también fue parte del operativo de fraude, habilitada para dividir los votos de la oposición (en un momento amenazó con no presentarse y armar otro gremio) y, por esto, ni ahora ni durante la campaña denunció el operativo de Estado a favor de Mazzone.
Sáenz le dio la bendición al aparato de Mazzone para defender una directiva que avale su política salarial que falsamente es presentada como "por arriba de la inflación", ya que de esto depende el salario del conjunto de los estatales y el mentado "equilibrio fiscal", que reivindica el gobierno y que exigen los acreedores del Estado. Apenas se conocieron los resultados de la elección, Mazzone reivindicó la paritaria de Sáenz y no cuestionó la extensión de la jornada laboral en primaria que pretende llevar adelante el Ministerio de la Nación, sino que reclamó un acuerdo con ellos y la intergremial para viabilizar su aplicación.
El gobierno de Sáenz, mediante la ADP, pretende generar las condiciones para poder seguir impulsando una avanzada en las condiciones laborales de la docencia (180 días de clases, las 5Hs, derrumbe edilicio, hacinamiento, cierre de escuelas con jornadas extendidas por falta de presupuesto para el comedor, eliminación de los protocolos COVID, etc.), que viene siendo limitada por la fuerte resistencia docente y hasta de los padres y directivos, en el caso de la crisis de infraestructura de los establecimientos y escasez de alimentos en las escuelas de jornadas extendidas. Es decir, el fraude es un operativo de Estado.
La campaña de Tribuna Docente fue recorrer escuelas para explicar este fraude que preparaba el gobierno y la enorme necesidad de convocar a asambleas por escuelas, elegir delegados, abrir el debate para parar a la docencia de abajo hacia arriba y preparar una dirección que esté a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Nos ha permitido que activistas de Capital y el interior -en Colonia Santa Rosa y Orán- se sumen a esta lucha.
El límite con que ha chocado nuestra campaña es que, en los últimos 15 años, gran parte de la docencia ha caído en un proceso de desafiliación que en los hechos fue impulsado por la burocracia de ADP de Choque y Argañaraz, en la medida que garantizaba su dominio del gremio sobre un padrón prebendario y mutualista, sobre todo conformado por docentes ya retirados y una fracción de docentes jóvenes sin tradición. La masa de docentes que no pudieron votar en la elección por estar desafiliados (casi la totalidad son participantes y protagonistas de la autoconvocatoria) le permite a Mazzone y a Sáenz decir que su elección fue "la más democrática en la historia de ADP" ya que, al no poder consagrarse una movilización masiva en torno a la lista 6, Mazzone no tuvo que apelar a maniobras más descaradas de fraude que, de todos modos, estaban preparadas. Así lo demostró la presencia de una seguridad privada en las mesas de votación, que se arrogaba controlar quién ingresaba a votar y quién no, cuando esto es facultad del presidente y fiscales (estos no tenían padrones en muchos casos) de la mesa.
El gobierno nacional y provincial junto con las burocracias sindicales de todo el país ya están discutiendo las paritarias. Discuten un aumento del 60% cuando la inflación se proyecta entre el 80% y 100% anual. Discuten un esquema de aumentos trimestrales basado en la inflación del último período y no la real, por esto no hay aumento que alcance.
La docencia tiene la necesidad de discutir las paritarias, un aumento inmediato que equipare el salario a la inflación y además arrancar un aumento proyectado a los niveles inflacionarios para este año. Está vigente la tarea de impulsar asambleas en cada establecimiento que expresen su repudio al fraude electoral (pronunciamientos, fotos con carteles, concentraciones, etc.), levantando las reivindicaciones inmediatas: por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que el gobierno, ahora junto con Mazzone, niega a la docencia.
Bajo este cuadro y bajo la crisis general del país e internacional, que agudiza la confiscación salarial y las penurias de los trabajadores, más que nunca es necesario construir una amplia organización de las bases que permita luchar por todas las reivindicaciones de la docencia y que, a la vez, tome la tarea de acabar con la usurpación de la ADP, que obliga a las autoconvocatorias y que cuando estas se sustancian, el gobierno y la burocracia sindical son el principal ariete contra ellas.