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El tema de las jubilaciones ha representado un factor crucial en la política italiana de los últimos 30 años, marcado por las reformas anti obreras llevadas a cabo por gobiernos técnicos, gobiernos de centroderecha y de centroizquierda.
En Italia, en efecto, el cambio radical del sistema previsional ha atravesado una historia de reformas que comenzó en los años 90, que se ha desarrollado por un lado en el contexto de una crisis agonizante de la izquierda y de una larguísima fase de reflujo de la lucha de clases por el otro, en 50 años de historia política y económica del país, signada fuertemente por la crisis de la deuda pública.
La actual culminación de estos ataques es la Ley Fornero, en vigor desde 2001, que formaba parte de “Salva Italia”, un duro paquete de medidas de ajuste sancionado por el gobierno técnico de Monti, con el objeto de disminuir el gasto público en el contexto económico del default en Grecia y de la crisis de la deuda soberana europea.
Sin embargo, se remonta al otoño pasado el último ataque a las jubilaciones de parte del actual gobierno de unidad nacional comandado por el banquero Mario Draghi. En aquella ocasión, dentro del paquete de medidas anti obreras de la Ley de Presupuesto, presentado después de un año y medio de pandemia, fue cancelada la “Cuota 100”, una ley farsa del gobierno amarillo-verde 5 Stelle/Liga (2019) que permitía a los trabajadores y trabajadoras jubilarse con algunos años de anticipo, percibiendo un importe menor, y se dejó intacta la ley Fornero.
Contra la Ley de Presupuesto, se anunció una huelga general de la CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo) y la UIL (Unión Italiana del Trabajo), la primera en 7 años. El resultado fue una movilización organizada mal y a las corridas, a la cual se sumó casi un millón de trabajadores (el 5%) donde se demostraron todos los límites del sindicalismo italiano, desde el colaboracionista de las burocracias confederadas a las combativas.
Si bien la “Cuota 100” era una farsa y en consecuencia este ataque no suma mucho respecto a lo que ha sucedido en el pasado más reciente, su cancelación forma parte de las políticas antiobreras de los últimos años. Además, como veremos, estas políticas han contribuido a un cambio en el tejido productivo y social italiano cuyos resultados en el contexto de la crisis económica y la precariedad creciente están delineando las premisas para la explosión de una bomba social.
La crisis de la deuda y el asalto a las jubilaciones de los trabajadores
La historia del sistema previsional en Italia se puede, esencialmente, dividir en 2 fases; la primera, expansiva, comenzada en 1898 (año en el que nace la Caja Nacional de Jubilaciones) y la segunda, de contracción, a partir de 1992. Si bien las raíces del cambio de fase deben buscarse en los años 70, en modo particular en la crisis petrolífera (1973-1976), en Italia como en la mayor parte de los países occidentales, el Estado ha debido afrontar un fuerte aumento del gasto público para sostener a las empresas y al creciente problema de la desocupación. Esto ha llevado a un fuerte incremento de la deuda pública (en menos de 25 años la relación deuda/PBI se ha más que triplicado, pasando del 37,1% en 1970 al 121,8% en 1995) a lo cual han seguido, desde los años 80 en adelante, políticas económicas de redimensionamiento de los gastos corrientes, de ataque a los salarios y jubilaciones y de agravamiento de la presión fiscal con el objeto de “equilibrar las cuentas públicas”.
El primer ataque a las jubilaciones tuvo lugar en 1992, con la reforma Amato (gobierno socialista y demócrata cristiano) que firmó el primer aumento de la edad jubilatoria. A esta le siguió la reforma Dini de 1995 (gobierno técnico), más estructural, donde se pasó de un régimen jubilatorio retributivo a uno contributivo. En el curso de los años, hubo ajustes y aumentos de los requisitos de edad biológica y años de contribución para el acceso a las jubilaciones impulsados por las reformas Prodi (1997, centro izquierda), Maroni (2004, centroderecha), Damiano-Padoa Schioppa (2007, centroizquierda), hasta llegar a la ya mencionada Fornero del 2011.
Luego de 20 años de reformas, sustancialmente se ha llegado a un aumento de los requisitos mínimos para obtener la jubilación, ya sea con respecto a la edad (que pasó de 60 a 67 para los hombres y de 55 a 67 para las mujeres) o a los años de contribución. El cálculo del importe de la jubilación se basa en el monto de las contribuciones pagadas durante toda la vida laboral y no más en las últimas retribuciones percibidas (tendencialmente las más favorables), en el crecimiento del PBI y la “esperanza de vida” al momento de la jubilación. La revaluación de las pensiones a pagar, a su vez, no está más ligada al aumento del salario real, sino tan solo al incremento de la inflación. Además se han establecido las bases para la creación de un sistema de fondos de pensiones complementarias privadas.
Las motivaciones con las que la propaganda burguesa ha justificado estas reformas insistían sobre todo en el hecho de que a causa del aumento de la expectativa de vida el sistema previsional iría hacia el colapso. De los datos provenientes del análisis histórico de los balances del sistema previsional italiano, sin embargo, se deduce que las primeras reformas de principios de los años 90 fueron ya suficientes para recuperar los desequilibrios precedentes. Desde 1996 en adelante, el saldo anual entre las entradas bajo la forma de contribuciones y las salidas debidas a las jubilaciones pagadas se ha vuelto en forma ininterrumpida positivo. Luego de la reforma Fornero, el saldo ha crecido superando el 2% del PBI.
Además, en 2020, durante la pandemia de Covid el 96% de personas fallecidas fue mayor de 65 años, casi todas jubiladas, lo cual ha llevado a un ahorro en las arcas del INPS (Instituto Nacional de Previsión Social) de 1.11 millones, bajando los gastos previsionales del decenio 2020-2029 que eran de 11.9 millones. Por otro lado, la reducción de la expectativa de vida causada por el Covid ha incidido en la disminución de la edad jubilatoria.
A raíz de estos balances positivos de las cuentas, se hace más evidente la razón de tantas reformas efectuadas desde 1992 en el sistema jubilatorio que consisten, únicamente, en la necesidad de parte de los gobiernos anti obreros de saquear las contribuciones de los trabajadores para pagar la deuda pública.
Efectos sociales de las reformas en el sistema jubilatorio
En el curso de 30 años, las reformas del trabajo y de las pensiones se han desarrollado en el marco de un país fuertemente cambiado, donde la tendencia es el crecimiento de la desocupación juvenil, la precarización y el envejecimiento de la clase trabajadora, que en dos décadas ha subido 5 años, como no ha sucedido en ningún otro país de Europa.
La clase obrera italiana es la de mayor edad de Europa con una edad media de 44 años. En los primeros 20 años del sistema contributivo (1996-2016) los jóvenes que trabajan en las oficinas o en las fábricas han disminuido en casi 1.860.000: en términos porcentuales, en la franja de edad 15-29 la variación ha sido de -40.5%. Siempre en este período de tiempo, entre los mayores de 50, los ocupados que representan el 34% de la fuerza de trabajo han aumentado en 3.600.000 produciendo un aumento en este segmento del 89.8%.
Al envejecimiento de la clase trabajadora está ligada, en parte, también a la tendencia al aumento de accidentes y muertes en el lugar de trabajo y enfermedades profesionales. Luego de un siglo de disminución han recomenzado a subir alrededor de 2010. La pandemia de Covid, que ha golpeado de manera letal sobre todo a hombres y mujeres de edad avanzada, ha acentuado esta tendencia llevando a la muerte a 525 personas contagiadas en los lugares de trabajo en 2020, un tercio de las muertes totales en el trabajo ocurridas en el mismo año.
La rigidez del sistema jubilatorio ha contribuido de manera determinante al aumento de la edad media de la fuerza de trabajo y, al mismo tiempo, ha favorecido un desequilibrio previsional y una reducción de las posibilidades redistributivas, reproduciendo en la vejez la misma distribución de los beneficios de la vida activa y obstaculizando la posibilidad de adecuación de las prestaciones jubilatorias a las actuales condiciones económico-sociales.
La situación actual nos muestra a numerosos jóvenes a los cuales les cuesta entrar en el mundo del trabajo y a mayores de 40 años obligados a ejercer trabajos precarios y con escasa remuneración, que tendrán una cobertura previsional muy por debajo de la línea de pobreza.
Una gran parte de aquellos que han comenzado a trabajar en la mitad de los años 90, además de haber sido penalizados con salarios bajos en la vida activa, en la lógica del sistema contributivo estarán en la misma condición también como jubilados.
Las mujeres, en particular, resultan mucho más golpeadas porque están sujetas a períodos de trabajo part-time durante su vida laboral, lo cual las lleva a poder pagar menores contribuciones.
La distancia entre lo que perciben los activos y los jubilados está destinada a aumentar en los próximos años y esto presupone una bomba social de la cual, como hemos visto, ya se advierten los primeros síntomas.
Fracasos políticos y sindicales en el tema previsional
Si esta fase de reformas ha signado irrevocablemente una derrota del movimiento obrero, al mismo tiempo, con el desmantelamiento de un sistema de jubilaciones mayormente “eficiente” en la distribución de la liquidez a la clase obrera, ha caído uno de los pilares en torno a los que se había consolidado la reacción en el siglo pasado, garantizando una mayor cohesión social.
En la historia de las jubilaciones de los últimos años está todo el fracaso de la política de la izquierda italiana y de los sindicatos.
La izquierda heredera del viejo Partido Comunista Italiano (PDS, DS, PD), girando en el tiempo siempre más a la derecha y convirtiéndose a todos los efectos en el partido más representativo de la gran burguesía, ha participado en primera línea en el saqueo de las contribuciones de los trabajadores, poniéndose totalmente del otro lado de la barricada.
La izquierda radical (Refundación Comunista, Comunistas italianos y otros), eternamente anclada en una lógica electoral, si bien ha desaparecido del parlamento hace más de 14 años, se ha limitado a tentativas fallidas de convocar a referéndums para eliminar la ley Fornero.
Los sindicatos confederales, en particular la CGIL, que entre los jubilados cuenta con 2 millones y medio de afiliados, no han llevado a cabo ninguna lucha duradera, haciéndose pasivamente cómplices de los gobiernos anti obreros y su rapiña respecto a la clase obrera. Contra la ley Fornero se llamó a una huelga de pocas horas, que no llegó a media jornada de trabajo.
Las oposiciones internas de la CGIL se han limitado a una crítica puramente literaria respecto a la dirigencia, introduciendo la derogación de la ley Fornero dentro de un programa congresal en 2018 de cuño “social democrático”.
En el sindicalismo de base y combativo, en cambio, el tema de las jubilaciones no ha ocupado nunca un lugar importante dentro de la lucha. La mayoría de las veces está ausente, incluso en las plataformas reivindicativas con el resultado final de dejar las iniciativas sobre este tema a la burocracia de la CGIL.
Esto es lo que ha sucedido, por ejemplo, en diciembre del año pasado, en ocasión de la huelga general. Luego de una época de lucha dedicada a conseguir consenso contra el green pass y la vacunación obligatoria, el sindicalismo de base no ha logrado confluir en forma unitaria en una huelga general de las confederaciones y, en algunos casos, casi boicoteándola como ha hecho la USB (Unión Sindical de Base), con una plataforma de reivindicaciones de clase para oponerse a la debilísima de la CGIL y la UIL, que consistía en una baja de la edad jubilatoria a 62 años y del tiempo de contribución a 41 años.
En este desierto, los que han aprovechado la situación son las fuerzas populistas pequeñoburguesas y “soberanistas”, como la Liga y el Movimiento 5 Stelle, que pudieron capitalizar el descontento sobre las jubilaciones y la desocupación, llegando a obtener el voto en las elecciones de 2018 de algunas porciones de la clase obrera del norte, con la Liga que había agitado la bandera de la derogación de la Ley Fornero y de los desocupados del sur, gracias a la propaganda de 5 Stelle por el Reddito de cittadinanza (un subsidio focalizado, temporario y condicionado). Sin embargo, aunque las dos maniobras que siguieron demostraron ser estafas y salieron notablemente redimensionadas respecto a las promesas electorales, no se puede negar que los argumentos instrumentales se basaban en problemas materiales reales, muy sentidos por la clase obrera y los sectores más pobres.
Desde el punto de vista de las jubilaciones, el gobierno amarillo-verde presentó la “Cuota 100”, una ley que durante pocos años ha permitido obtener jubilaciones anticipadas en el caso en que la suma de la edad contributiva y la biológica llegase a 100. Un entusiasmo pasajero para la clase obrera, que dejaba intacta la ley Fornero, hecha más con el objeto de ayudar a las grandes empresas y a las pyme (la verdadera clase representada históricamente por la Liga desde su nacimiento en el norte de Italia), para sacarse de encima de la fuerza de trabajo vieja y poco productiva y no a los trabajadores y trabajadoras que se han jubilado anticipadamente recibiendo sumas más bajas.
Hoy ambas fuerzas del gobierno amarillo-verde se sientan en el parlamento, en un gobierno de unidad nacional que ha cancelado la “Cuota 100” y redimensionado el ya escaso Reddito di cittadinanza, marcando de hecho el cierre de la parábola de esta ola del populismo/soberanismo en Italia que ha caracterizado el decenio pasado.
El compromiso del gobierno de desguazar a los caballos de batalla de la campaña electoral de 2018ha llevado a una fuerte caída de los consensos. En el caso de la Liga, después de 10 años de solidez, se ha comenzado a percibir una crisis interna del liderazgo de Salvini, el secretario que había conseguido llevar el partido más allá de su electorado histórico y de su instalación social, pero al mismo tiempo no ha podido consolidarlo.
En las últimas elecciones administrativas de otoño, todo esto se ha traducido en un extraordinario aumento del abstencionismo que ha coincidido en grandísima parte con el vacío de los votos dejado por la Liga y 5 Stelle, en especial, en las periferias de las grandes ciudades donde en algunos barrios el porcentaje de no votantes ha alcanzado picos del 70%.
La izquierda “clasista” y “trotskista” no ha podido construir una intervención lúcida en la clase con respecto a estos temas, a pesar de los amplios márgenes dejados por el fracaso del reformismo. La falta de un análisis materialista de la crisis económica, política y social, favoreciendo una aproximación impresionista más de acuerdo con su electoralismo compulsivo heredado de la izquierda radical, no le ha permitido reconocer los límites del ascenso de Liga y de 5 Stelle.
Entre los resultados finales de este período ha estado la “Coordinación de las izquierdas de oposición” nacido en 2019, un proyecto fallido desde su nacimiento, que consistía en la unión en un programa de lucha de pequeños partidos y organizaciones de la izquierda “trotskista” (como PCL, SA), “estalinista” y radical, carente de cualquier instalación en la clase. Las razones estratégicas que han llevado a esta tentativa consistían en el peligro impuesto por la avanzada inexorable de las derechas y Salvini. Pocos meses después, estas proclamas fueron barridas por el Covid y el agravamiento de la crisis económica y sanitaria, así como la popularidad del líder de la Liga.
Traducción: Olga Stutz
