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El vigésimo aniversario de la masacre de Avellaneda será un mentís rotundo de las organizaciones piqueteras a la ex presidenta, luego de lo que llamó la ´tercerización de la asistencia social´. Cristina Fernández postula pasar el control de las cuadrillas del programa Potenciar Trabajo a intendentes y punteros. Esos trabajadores que cobran un cuarto de una canasta de pobreza serán conchabados en los municipios sin el amparo de ningún convenio.
Pero CFK llega tarde, otra vez, porque su gobierno está vencido. En realidad, fue Eduardo Duhalde quien ensayó ese mismo propósito -en alianza con la Iglesia y con la colaboración de la FTV de Luis D´Elia y la CCC- a través de los ´consejos consultivos´. El duhaldismo vio desintegrarse el régimen tercerizado de ´manzaneras´ que fundó desde la gobernación bonaerense, mientras las organizaciones piqueteras ganaron predicamento en el ´territorio´. Finalmente, los piqueteros fueron protagonistas de la preparación del Argentinazo. Duhalde asumió con el propósito de hacerse del ´control de la calle´; el 1 de enero de 2002, en las calles aledañas al Congreso, las patotas del pejota ensayaron una agresión contra los partidos de izquierda, vigorosamente resistida por sus militantes.
La violenta devaluación del peso y la ´pesificación asimétrica´ fueron acompañadas por un dispositivo asistencial, monitoreado por el Banco Mundial, el Plan Jefes y Jefas de Hogar. La intención era que fuese monopolizado por los intendentes y el Estado. Así se fue gestando la masacre del Puente Pueyrredón, sazonada por las provocaciones de Alfredo Atanasoff, Carlos Soria, el radical Jorge Vanossi -integrante del gabinete duhaldista- y el inefable Aníbal Fernández.
Una asamblea reunida en Avellaneda votó un plan de lucha para reclamar la apertura del programa y la inscripción de millares de desocupados que carecían del más mínimo apoyo económico. Esa asamblea -que promovían el Polo Obrero y el MTR, entre otros- coordinó sus acciones con otras organizaciones, especialmente el MTD Aníbal Verón. Los funcionarios del gobierno lo calificaron como el anuncio de una ´escalada bélica´. El malogrado Soria, entonces titular de los servicios de inteligencia del Estado, había estado reuniendo ´pruebas´ -recortes de los diarios y periódicos de izquierda, según lo que se presentó en el juicio oral contra los asesinos de Maxi y Darío- para sustentar la provocación. Duhalde se reunió con los gobernadores -entre ellos, Kirchner- para que avalaran su política represiva. La masacre del 26 se preparó minuciosamente: se movilizaron fuerzas federales y provinciales, se dispuso la evacuación de los hospitales de la zona para recibir eventuales heridos, se infiltraron provocadores de civil y se desplegaron francotiradores en los edificios cercanos al puente. Hubo centenares de detenidos, decenas de heridos de bala de plomo y dos muertos a sangre fría. La versión oficial fue que los piqueteros se habían matado entre ellos. Se trató de un crimen de Estado, que involucró a buena parte de la plana mayor de los partidos del régimen – recordemos que el gobierno de Duhalde fue producto de un acuerdo entre el PJ y el alfonsinismo. Por su parte, ya en el gobierno, los K combinarían la cooptación con la represión oficial y paraoficial, recurriendo a las patotas de la burocracia sindical, una política que finalmente arrojaría el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra.
La masacre de Avellaneda sembró un clima de terror en la noche del 26. Sin embargo, esa misma noche, en el local del MIJD de Castells en Lomas de Zamora, luego de un debate acerca de la caracterización del momento, las organizaciones piqueteras resolvieron convocar para el día siguiente a una movilización de Congreso a Plaza de Mayo. Los testimonios y las fotografías que probaban el crimen contra Darío y Maxi dentro de la estación Avellaneda habían comenzado a circular. La simpatía popular se volcó del lado de los piqueteros. La movilización del 27 fue multitudinaria. Con la masacre, Duhalde pretendía perpetuarse en la presidencia; el resultado, en cambio, fue su salida anticipada aunque a término. Se montó todo un esquema de ´contención´ política alrededor de los involucrados, que siguieron revistiendo cargos y trajinando los pasillos de la Rosada y los ministerios. Ninguno de los responsables políticos fue siquiera molestado por la Justicia. Las condenas al comisario Fanchiotti y el cabo Acosta fueron arrancadas con una dura pelea. Para ´equilibrar´, en otro juicio también fue condenado un piquetero por llenarle la cara de dedos a un comisario de la bonaerense, en la puerta del hospital Fiorito, repleto de heridos y detenidos.
Esta es la radiografía del pejotismo que Cristina Fernández pretende resucitar cuando se viene abajo toda la estantería de su gobierno. Le bajamos el pulgar desde el puente.
