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En la mañana del martes 21 se produjo un incendio en la localidad de villa “La Tabla”, cobrándose la vida de Lautaro, un joven de 16 años que vivía en una precaria vivienda con su abuela y hermanos.
El incendio que se produjo, según diversas fuentes, por un desperfecto eléctrico consumió totalmente cinco de las dieciséis viviendas del asentamiento, ubicado en puente Sarmiento.
Este hecho se suma a la larga lista de muertes provocadas por incendios en la provincia: en menos de dos meses, se produjeron 8 incendios con víctimas fatales, producto de la necesidad de calefacción frente a las bajas temperaturas.
Este es un reflejo de las precarias condiciones de vida, con viviendas sin agua, gas, electricidad, o con instalaciones precarias, de un amplio sector de la clase obrera.
El problema de la vivienda es un tema que se presenta constantemente y alcanza una repercusión nacional. El déficit habitacional es enorme. Cuando las familias trabajadoras tratan de resolverlo con tomas precarias de tierra, cuando no son reprimidos por la policía y desalojados (como fue el caso de la toma de Guernica) terminan viviendo en muy malas condiciones exponiendo su vida permanentemente. A comienzos de la pandemia, se expusieron las precarias condiciones de vida en que trabajadores ocupados y desocupados debían realizar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hacinados en habitaciones, sin elementos básicos de limpieza e higiene, y la falta de servicios básicos por la falta de obras en los barrios.
Incluso los jóvenes que pretenden dar curso a sus vidas en forma independiente se encuentran ante la imposibilidad objetiva de costear un alquiler. Esto es particularmente grave entre los miles de jóvenes del interior de Córdoba y de las provincias aledañas que vienen a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba. La crisis habitacional adquiere envergaduras importantes.
Mientras Córdoba bate records años tras año en inversión en obras públicas en rutas y pavimentos, decenas de miles de personas carecen de un lugar para vivir. Los U$S 100 millones destinados a la ruta de Punilla, fuertemente resistida por sus habitantes, podrían paliar en parte la desesperante situación, con un plan de viviendas populares, contratando a los arquitectos y albañiles sin empleo, con una obra financiada por el estado y bajo control de los trabajadores.
Esta sentida reivindicación debe ser abordada por la agitación que vamos a desplegar de cara al congreso nacional del Polo Obrero Tendencia.
