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A fines de mayo, una embarcación con 842 personas procedentes de Haití que tenía como objetivo llegar a territorio estadounidense, arribó a las costas de Caibarién, Cuba. Ese numeroso grupo de emigrantes haitianos fue devuelto hacia Haití en seis vuelos, con salida desde la provincia de Villa Clara.
Desde mediados del año pasado, decenas de miles de haitianos migran en busca de mejorar sus paupérrimas condiciones de vida. Haití es el país más pobre de América, con un 60% de su población que vive bajo la línea de la pobreza. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es del 15,5%, aunque se estima que es muchísimo más alta y más de la mitad de la población vive con menos de 2 dólares al día.
Partiendo de su país, los migrantes haitianos deben cruzan nueve países pasando por las selvas más peligrosas, con el objetivo de ingresar a EEUU: Quienes no lo logran, optan por intentar ingresar a México, donde el número de solicitudes de haitianos creció más del triple en 2021 con respecto al 2020.
Las noticias de endebles embarcaciones llenas de haitianos intentando alcanzar por mar las Bahamas o EEUU se difunden frecuentemente a través de los medios, dando cuenta de la odisea que esto representa para numerosas familias haitianas.
Pero la realidad de los haitianos que logran cruzar la frontera hacia EEUU, es muy diferente a la que pintan los funcionarios de la OEA, dando cuenta de violentas expulsiones y brutales represiones, dentro del país. La suerte de los haitianos que logran ingresar es tan oprobiosa como aquella que encuentran los deportados. Las operaciones que desarrolla la Patrulla Fronteriza en Del Río, Texas, provocaron protestas generalizadas después de que los agentes fueran fotografiados golpeando y arreando a los migrantes que intentaban cruzar el río. La respuesta de la administración Biden fue suspender el uso de caballos en esa faena, como si la brutalidad y la violencia a pie fueran aceptables.
Al mismo tiempo, se registraron numerosos casos de refugiados haitianos que se rebelaron contra los intentos ilegales y brutales del gobierno estadounidense de expulsarlos. A lo largo de la frontera, los migrantes haitianos bajo custodia secuestraron varios autobuses que intentaban desplazar o deportar a los refugiados del campamento de Del Rio, obligando a los conductores a salir en situaciones que amenazaron con interrumpir las deportaciones.
Por otro lado, la Administración Biden ejecuta deportaciones de haitianos a su país en un puente aéreo donde muchos son encadenados y los refugiados son tratados prácticamente como esclavos, dejándolos con la perspectiva inmediata de quedarse sin hogar. La situación es tan grave que llegó a propiciar la renuncia de Daniel Foote, enviado especial del gobierno estadounidense en Haití, quien calificó como inhumanas a las expulsiones de migrantes. Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mediante un contratista, tendría preparado un centro de detención para ellos, en Guantánamo.
Para los deportados, el futuro se presenta oscuro e incierto. Haití atravesó por sucesivas crisis como el devastador terremoto ocurrido en 2021 que mató a más de 2.200 personas, destruyó o dañó más de 137.000 hogares, 212.000 personas perdieron el acceso a agua potable segura y la mitad de los necesitados aún esperan ayuda, según Naciones Unidas. Esto se suma a la pandemia de coronavirus, un asesinato presidencial y la pobreza extrema, así como una desintegración general de la sociedad, donde gran parte del país está dirigido esencialmente por señores del crimen.
El porvenir del proletariado haitiano y del conjunto de América plantea una lucha decisiva contra el imperialismo y sus políticas expulsivas y represoras.
