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El domingo pasado, en el marco del partido por la cuarta fecha de la primera C entre Leandro N. Alem y Luján, fue asesinado de un balazo Joaquín González de 18 años. El ataque lo efectuó la barra del equipo visitante, Leandro N. Alem, fuertemente vinculada con el poder político y la burocracia sindical zonal.
El clásico entre Luján y Alem, “el lechero “, en el estadio municipal de Luján, duró apenas 14 minutos, cuando una bomba de estruendo que explotó cerca del banco de suplentes visitante determinó la suspensión del partido. Pero los hechos más graves se daban en simultáneo en la entrada principal de la popular y a unos 150 metros de la cancha: allí la barra brava del Lechero atacaba a balazos a los hinchas locales, hiriendo a 7 personas y matando a Joaquín. Luego de esto la policía se anotaría otra cantidad de hinchas “lujaneros” heridos, tras la represión con la que intentó disimular la liberación de la zona a la cual que dio lugar. Los agresores huyeron, impunes, a bordo de por lo menos cinco vehículos.
Los asesinos contaban con la complicidad policial y política para la emboscada, incluso de visitantes. Las medidas de ´seguridad´ que aplican la Aprevide y el Ministerio de Seguridad son estériles, en la medida en que la policía se asocia a las barras en sus negocios. El programa “Tribunas Seguras”, caballo de batalla del ministerio de seguridad en la “lucha”’ contra estas mafias, fue completamente inútil para prevenir la muerte del joven: los balazos salieron de hinchas visitantes que no deberían ni siquiera estar en el encuentro, por la prohibición que rige desde 2013 y mucho menos someterse al control de ingreso.
La investigación apunta hacia la primera línea de la barra del lechero, que tiene a la cabeza al hoy prófugo, Ariel González, hijo del presidente del club e integrante del gabinete (director de transporte) del intendente de Gral. Rodríguez, Mauro García, dirigente del Movimiento Evita local. Los vínculos también incluyen a la burocracia sindical de ATILRA, fuerte en la zona por la enorme planta industrial que Mastellone-La Serenísima tiene ubicada allí. Por el otro bando, “Toti” Roldán, capo de la barra de Luján, también figura como empleado en planta de la municipalidad del intendente Leonardo Boto, también del Frente de Todos. A la banda de Roldán se la acusa del ataque al micro de los jugadores y el maltrato a la dirigencia del equipo visitante que se encontraba en el estadio.
Los vínculos entre los distintos poderes son los que permitieron que el ataque se dé en el marco de la impunidad, pero fue la movilización de los familiares de Joaquín y la relevancia mediática del caso las que movilizaron la investigación. Hasta el momento hay tres detenidos, uno de ellos dirigente del club Alem y dueño de uno de los autos utilizados en la agresión. Las otras dos personas aprendidas son titulares de los autos en los que llegaron los atacantes, pero se desconoce si alguno de ellos efectuó disparos.
El problema de las mafias en el futbol supera a las tribunas, los intereses comunes y los lazos con el Estado son la razón fundamental de su existencia. La responsabilidad por el asesinato de Joaquín Coronel incluye también a la bonaerense, la dirigencia de los dos clubes y los gobiernos de ambos municipios. Exigimos justicia por Joaquín y una investigación a fondo que exponga la relación entre los autores materiales y los responsables políticos de la zona, y lleve a todos a la cárcel.
Fuera las mafias de las tribunas.
