Tiempo de lectura: 2 minutos
Desde hace más de dos semanas, en Panamá, se llevan a cabo movilizaciones y huelgas contra el gobierno fondomonetarista de Laurentino Cortizo. El detonador, como en otras partes del mundo, fue el aumento desbocado de la inflación de la canasta familiar, debido a la guerra imperialista en Ucrania. El desempleo aumentó al 9,9% y la informalidad en el mercado laboral alcanza el 47,6%.
La gran rebelión panameña tuvo su germen inicial con una huelga nacional docente, que en principio estaba planificada de 72 horas, pero rápidamente fue declarada como indefinida. Con los docentes tomando las calles del país, las jornadas de lucha tomaron vigorosidad con piquetes, movilizaciones y barricadas que luego se extendieron a todo el territorio nacional. La lucha docente se empezó a conjugar con otros sectores, sumándose estudiantes, indígenas, obreros y otros gremios. Estos sectores se han organizado en la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo).
Con el lógico temor de que la huelga se convierta en general, las cámaras empresariales ordenaron al gobierno que tome medidas para detener el conflicto, argumentando que los bloqueos de rutas -muchas de ellas conectan a Panamá con Centroamérica- les generaron pérdidas millonarias. Ante este panorama, Cortizo convocó a una mesa de diálogo y el Consejo de Gabinete aprobó una serie de medidas limitadas para intentar frenar el aumento de la canasta básica y asegurar el abastecimiento de alimentos. Entre las medidas aprobadas está el control de precios a 10 productos de la canasta básica de alimentos, así como la modificación de peajes del Canal de Panamá, bajar el precio de la nafta un 10% entre otras. Como contrapartida, sin embargo, el gobierno aprovechó la ocasión para impulsar un proceso de reducción del 10% de la planilla estatal; el inicio de un programa de retiro voluntario de servidores del sector público; la suspensión de aumentos salariales, salvo los establecidos por ley.
El pacto fue firmado por Luis Sánchez, negociador por parte de Anadepo. Prontamente, debido a la resistencia de las bases, el mismo Sánchez tuvo que salir a romper los acuerdos públicamente. Las bases reclaman por una rebaja mayor de los precios. Los sindicatos exigen que el precio del galón baje hasta los 3 dólares y que se lleve adelante una reducción más importante de los precios de la canasta básica familiar. Mencionan que no dejarán las calles hasta que se consuman sus pedidos. Por otra parte, demandan al Gobierno que instale una sola mesa de diálogo con todos los actores que luchan.
Como ha sucedido en todo el mundo, el incremento del combustible y de los alimentos en los últimos meses debido a la convulsión en el mercado mundial que produce la guerra imperialista, sumado a cuestionamientos por el manejo del gasto público y los escándalos de corrupción, son la ecuación perfecta para esta gran rebelión panameña.