Jujuy: espionaje oficial contra las organizaciones sociales y opositoras en la provincia

A raíz de los 16 allanamientos producidos hace 10 días en la provincia contra distintas organizaciones sociales, se ha hecho público que se trata de una operación orquestada por el gobierno provincial desde hace por lo menos 3 meses.

Un día antes de la apertura de sesiones de la legislatura provincial, el fiscal Funes, a cargo de la causa por los allanamientos, dio la orden a la división Delitos Complejos de infiltrarse en todas las organizaciones sociales, políticas y sindicales que se movilizan en la provincia contra el gobierno. La orden fue hacer inteligencia y armar “fichas” de los principales dirigentes y referentes de los espacios. Esta tarea de infiltrar a las organizaciones fue desarrollada por una decisión política del gobierno y no por alguna denuncia previa; consta de esta manera en el expediente. Es decir que los allanamientos realizados y la tarea de seguimiento de los dirigentes corresponden lisa y llanamente a una persecución política y no a una investigación por una denuncia.

Morales manda a espiar a todo el mundo y ahora utiliza a discreción esa información para intentar quebrar al movimiento reivindicativo de cara a un cuadro de crisis política y económica excepcional. Al mismo tiempo, ha acentuado la pobreza y la desocupación de la provincia. La mayoría de los gremios, dominados por distintas facciones del peronismo, ha jugado su cuota como elemento de contención, pero el movimiento de desocupados, que no ha dejado de organizarse y de crecer, vive todos los días el recrudecimiento de las condiciones de vida, a la par de la incapacidad del propio régimen provincial de satisfacer los más elementales reclamos.

Como frenar los atropellos

Este martes se va a realizar una multitudinaria marcha por las calles de Jujuy reclamando la anulación de todas las causas y contra la criminalización de la protesta social. En las reuniones organizativas de la misma, hemos hecho hincapié en que este es un primer round de una dura batalla contra un régimen hambreador, y que los desafíos del próximo periodo tienen que pasar por la discusión y elaboración de un pliego que levante los reclamos “democráticos” contra la persecución pero también los reclamos que han originado este ataque por parte del gobierno: se tiene que incorporar la agenda de los trabajadores para masificar y llenar de contenido la marcha. Vamos por el reconocimiento de todos los merenderos y comedores de la provincia, por trabajo genuino y por una bolsa de trabajo que administren los vecinos y organizaciones sociales, por la reapertura de paritarias y un salario mínimo equivalente al salario familiar, por el pase a planta de todos los trabajadores del estado.