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El ingreso del juicio contra Cristina Kirchner por la causa de ´Vialidad’, que ya se encuentra en el último tramo del juicio oral y público, permitirá obtener una radiografía sin precedentes de la crisis de régimen político y del Estado.
La Vicepresidenta se encuentra acusada de ser “jefa de una asociación ilícita”, que habría operado en el marco de las instituciones existentes. El fiscal deberá ofrecer las pruebas de esa imputación, mientras preserva la inimputabilidad de los diversos poderes del estado. El fiscal asegura, al menos en algunos casos, que se adjudicaron a Lázaro Báez partidas de dinero sin la correspondiente previsión presupuestaria, pero este procedimiento pone en tela de juicio y algo más, al contralor del Estado (Sigen) y a las auditorías del Congreso y al Congreso mismo, que está encargado, no ya de aprobar el Presupuesto sino también de su ejecución. La defensa ha venido diciendo en los medios que una “asociación ilícita” no podría operar ni existir en un sistema de instituciones, pero deberá ofrecer, en el desarrollo del juicio, las pruebas de esa aseveración. Las dos “asociaciones” que encarnan la grieta gritan sus posiciones en los estudios de televisión, pero ninguna ha admitido hasta ahora que en el banquillo de los acusados está sentado el mismo estado capitalista. Un caso de análisis para probar “asociación ilícita” es el giro de más de mil millones de dólares a bancos suizos, sin hablar de los intereses, provenientes de la venta de acciones de YPF en propiedad de la gobernación de Santa Cruz. Una “asociación ilícita” se conforma cuando el objeto de la actividad delictiva no es específico y circunstancial sino generalizado e ininterrumpido.
En el “primer juicio” contra la Vicepresidenta, a cargo del Tribunal Federal número 2, formado por los jueces Uriburu, Basso y Gorini, se la acusa por “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”, con 10 y 6 años de pena máxima de prisión, respectivamente. Comparte banquillo con Lázaro Báez, De Vido, López y otros ex funcionarios kirchneristas. El fiscal Luciani señala a Cristina, en el juicio, como la jefa de una asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015 para usufructuar dinero público, repitiendo un modelo que se practicó en Santa Cruz con las licitaciones de obras del Estado. En la causa se señalan, por caso, 51 contratos objetos de investigación, en los que se malversaron 46 mil millones de pesos otorgados por el Estado Nacional a Austral Construcciones, una de las empresas de Lázaro Báez. Báez ya sufre una condena por lavado de dinero, que se supone tiene su origen, entre otras, en aquellas malversaciones.
Para Luciani “funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de carácter singular que replicó en espejo el organigrama estatal”. Una organización “piramidal” en cuya cúspide se encontraban los jefes de estado, Néstor Kirchner, primero y Cristina K después. A partir de diciembre del 2015 se habría producido el desmantelamiento de la ´banda´ y la borrada de huellas. El llamado “plan limpieza” incluye, para el fiscal, el retiro de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Oficina Anticorrupción (OA) como querellantes de la propia causa. Se desprende de aquí una acusación tardía a dos organismos del Estado, que habrían actuado con negligencia una vez consumados los delitos.
¿Están las pruebas?
Aunque para La Nación se trató del “más fuerte y valiente alegato” de la historia nacional, los argumentos expuestos por el fiscal en la primera de las nueve intervenciones que ha preparado en el caso, algunos observadores han puesto en duda la solidez de las pruebas, en especial en lo que concierne a la ex Presidenta. En 2016, una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad, en manos del macrismo, no había logrado demostrar sobreprecios pero si una concentración de casi el 80% de las obras en beneficio de Lázaro Báez. Denunció también el estado de abandono de al menos 24 de las 51 licitaciones y una revalorización del presupuesto de obras en 50 de ellas. El llamado “montaje y ficción” de las licitaciones, que se ganan pero no se ejecutan, también deberá ser de todas formas demostrado, esto con la dificultad de que toda la obra pública y los gastos del Estado se encuentran ´ficcionados´, o sea, que son repartidos luego entre distintas constructoras. Los montos millonarios gastados por el Estado en las obras adjudicadas a Lázaro Báez integran una larga fila ‘ficticia’, que encabezan Techint, Electroingeniería e IECSA (Calcaterra).
Deberá, de todas formas, probarse el papel de Cristina, imputada como “jefa”. La condena por lavado de dinero contra Lázaro Báez, no salpicó, en su momento, a CFK. El juez Sebastián Cassanello le dictó la falta de mérito. En uno de sus tantos tiros por elevación, la Vice argumentó que los Presupuestos no los manejaba ella sino los Jefes de Gabinete, en una referencia solapada a Alberto Fernández, cuando ejercía esa función.
Por el momento, lo que mostró el fiscal para inferir su papel como “jefa” de una banda delictiva son chats entre José López y Lázaro Báez que aluden o mencionan a “la señora”. Las vinculaciones que se atribuyen al difunto Néstor Kirchner con el empresario no afectan judicialmente a CFK. Luciani reprodujo en el alegato un audio en el que el presidente Alberto Fernández asegura que Kirchner y Báez “se conocían”. En su pago chic, NK reclutó a Báez en el Banco de Santa Cruz, que luego privatizó en beneficio de la familia Eskenazi. En otras provincias, lo aprovechó el banquero Jorge Brito. La Liga de Gobernadores no es otra cosa que la fachada de la liga de banqueros que se quedaron con las entidades provinciales.
Corrupción
La enorme fortuna de la familia Kirchner es un hecho que no necesita ser probado en sede judicial. Es conocido el enriquecimiento que permitió el régimen de hipotecas de la dictadura, la 1050, que capitalizaba los intereses impagos y habilitaba la expropiación de las viviendas por parte del prestamista. La compra masiva de terrenos en Calafate, en función de la valorización que tendrían como consecuencia de un plan de urbanización para el turismo. Un “fenómeno recaudatorio”, se catalogaba a Néstor Kirchner, en referencia a cómo “hacer política", y convirtió al fallecido Juan Pablo Feinman, en un kirchnerista obsecuente, como lo confiesa en su libro sobre NK. Nada de esto se encuentra en juicio con la malversación y privatización del banco de Santa Cruz. El mismo ex presidente desarrolló un procedimiento que CFK ha fracasado en imponer: desconocer los fallos de la Corte Suprema, como ocurrió cuando ésta ordenó que NK repusiera en el cargo al Procurador de la Provincia. Lo que la defensa procurará demostrar en contra de la acusación principal es que luego de 2003, Santa Cruz tuvo tres gobernadores diferentes, fruto de crisis políticas sucesivas -Acevedo, Sancho, Peralta-, antes del arribo de Alicia Kirchner, ninguno de los cuales tiene vínculo con esa familia.
La corrupción con la obra pública es moneda corriente en todo el mundo capitalista. En Argentina, desde hace más de 60 años, encontró un apodo: “la patria contratista”. Ahora mismo, en la construcción del gasoducto “Néstor Kirchner”, cuatro de las cinco empresas que se adjudicaron la licitación están investigadas en la causa de los ´Cuadernos´, entre ellas Techint y Esuco (Carlos Wagner). La obra pública cautiva es el motor del endeudamiento público con el que lucra el capital financiero, nacional e internacional, que no encuentra suficientes inversiones rentables en el mercado internacional. De este maridaje -obra pública-endeudamiento– nace el ‘famoso’ déficit fiscal que los contratistas y banqueros exigen luego reducir, para asegurar el pago de obras y préstamos, a costa de los intereses de los trabajadores. El maridaje de Lla Liga de Gobernadores de banqueros y mineros, sumada a la obra pública y la patria contratista, es la base de la estructura institucional en que pueden alojarse las “asociaciones ilícitas” que goza de complicidades admirables. No es lo que el fiscal Luciani se propone poner en evidencia, ni someter a juicio.
Cuando se produjo la estafa de la asociación de Eskenazi a Repsol, el kirchnerismo era diferente al original - ahora contaba con la presencia de los Kicillof y la Cámpora y las agrupaciones cayetanas.
“Convicción íntima”
El alegato del fiscal, tiene por delante siete sesiones para combinar la “convicción íntima” que ha exhibido hasta ahora, acerca de que hubo delito, con pruebas irrefutables. Cristina ya fue sobreseída en las causas Hotesur y Los Sauces, donde para el poder judicial la “asociación ilícita” se habría tomado vacaciones. La defensa, en este caso de Vialidad, deberá demostrar, además de la ausencia de corrupción, que su clienta, CFK, obró de acuerdo a derecho con la complicidad de todos los organismos y poderes que deben controlar los presupuestos estatales y el Tesoro. Medio siglo de endeudamiento ilegal, hasta llegar a los centernares de miles de millones de dólares, en la actualidad, es un poderoso antecedente para pedir la absolución de CFK, que simplemente se ajustó a un patrón de conducta política. El empapelamiento de Anses y Banco Central con decenas de miles de millones de dólares de deuda pública sin valor, o sea el llamado ‘desendeudamiento’, es prueba suficiente para sobreseer a Cristina. Cuando todos delinquen, los delincuentes son aquellos que no han acompañado.
La Corte Suprema tiene a su cargo la tarea de dictar la sentencia final, al cabo de una cadena de apelaciones. Pero no tiene plazos para hacerlo. El estudio crítico de este juicio oral y público puede ser muy educativo, en especial cuando la crisis política del Estado,plantea la necesidad de que la clase obrera comprenda porqué ella no puede gobernar con este estado sino con otro edificado sobre sus ruinas. Es decir en forma revolucionario, no en forma institucional, como sostiene la inmensa mayoría de la izquierda a nivel mundial, que por eso recibe el calificativo de democratizante. Este juicio se inicia en la fase final de una crisis política del estado, del gobierno, del FdT y del peronismo. Es una crisis con varias mechas encendidas.
La judicialización de la política es un fenómeno mundial. En América Latina marcó distintas crisis políticas en las últimas décadas y ahora incluso aparece con toda su relevancia en los Estados Unidos. Esta judicialización de la política revela el agotamiento histórico del Estado y sus instituciones parlamentarias.
